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Costa Rica permitirá de forma excepcional que los migrantes deportados de Estados Unidos y acogidos por el país, que aún permanecen en el Centro de Atención a Migrantes (Catem), puedan quedarse regularmente por tres meses prorrogables, según una resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica.
Según la resolución publicada por la DGME el lunes, una cantidad importante de personas deportadas desde Estados Unidos aún permanecen en el Catem y no han manifestado intenciones de «acogerse a un retorno voluntario asistido o solicitado la condición de refugio». Por esta razón, la DGME decidió establecer condiciones que permitan su normalización migratoria de una forma más amplia.
Sin embargo, la resolución señala que la legislación prevé situaciones como las actuales mediante la regulación legal excepcional de un procedimiento especial para la normalización migratoria.
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En el Catem, ubicado en el sur de Costa Rica, permanecen 85 migrantes de los 200 que el gobierno de Rodrigo Chaves aceptó recibir. De estos, 31 son menores de edad y 54 son adultos. La mayoría son originarios de Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán.
¿Cómo será el proceso de regularización?
La resolución establece que se autoriza la normalización migratoria temporal por razones humanitarias de la totalidad de deportados desde Estados Unidos que a la fecha se encuentran en el país en el Catem, mediante el establecimiento de un procedimiento especial.
Una vez publicada la resolución, la Policía Profesional de Migración y Extranjería confeccionará los expedientes de cada uno de los migrantes, los cuales contendrán documentos específicos que tendrán validez, aunque se encuentren vencidos.
Una vez elaborados los expedientes, la Policía de Migración emitirá una resolución individual para cada persona, quien deberá pagar 30 dólares o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia “venta”. Además, deberán pagar 25 dólares, aunque no se especifica para qué se destinará ese monto, que se indica puede ser cubierto por organismos de cooperación internacional u organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, se aclara que si el Ministerio de Hacienda de Costa Rica lo estima conveniente, podría gestionarse la exoneración de dichos pagos. Además, la normalización migratoria quedará cancelada si existen antecedentes penales.
Podrán cambiar su categoría migratoria
Según la resolución, los beneficiarios podrán permanecer por tres meses con posibilidad de una eventual prórroga por un período igual. Una vez vencido el plazo, los migrantes deberán salir del país o iniciar un proceso de regularización migratoria a través de alguna de las categorías existentes en el país.
En caso de decidir retirarse del país, podrán coordinar con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido. Cabe señalar que si el beneficiario sale del país bajo cualquier circunstancia, el permiso de estancia regular queda cancelado automáticamente.
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Además, los beneficiarios podrán pernoctar en el Catem, alimentarse y utilizar esas instalaciones para satisfacer sus necesidades personales.
Se iniciaron conversaciones con Canadá
Omar Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director de la DGME, dijo al diario La Nación de Costa Rica que hasta el momento se han realizado acercamientos sólo con Canadá para recibir parte del grupo de 85 deportados que aún permanecen en el Catem y que no desean estar en Costa Rica ni regresar a sus países de origen.
“Curiosamente, sólo han indicado Canadá. No han dicho otro país, porque si dijeran otro país, eso nos obligaría a nosotros a buscar los contactos para preguntarle a ese país si los desean acoger”, mencionó Badilla a La Nación, y refirió que en los próximos días se concretará un acercamiento con el gobierno canadiense.
Los dos viajes para completar los 200 migrantes
El 19 de febrero de este año llegó el primer vuelo con 135 migrantes deportados de Estados Unidos y originarios de Asia Central, África y Europa. El 25 de febrero llegó el segundo vuelo con 65 migrantes a bordo.
El 19 de marzo, la organización Human Rights Watch acusó al gobierno de Chaves de ser cómplice de los abusos cometidos por la administración de Donald Trump contra los migrantes deportados.
