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A más de un mes de la llegada de los primeros 135 migrantes asiáticos, de un total de 200 deportados por Estados Unidos y recibidos en Costa Rica, se sabe muy poco sobre el estatus de quienes aún permanecen en el vecino país del sur, al no poder regresar a sus países de origen por miedo a represalias.
El 21 de febrero llegó un primer grupo de 135 migrantes. El segundo grupo, compuesto por 65 personas, arribó el martes 25 del mismo mes al Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica. Entre ellos había 16 menores de edad. De esta manera, Costa Rica completó su acuerdo con Estados Unidos para recibir a 200 migrantes deportados, pese a que inicialmente el país centroamericano había asegurado que no serviría de puente.
Según el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco, hasta este lunes ya se repatriaron 74 migrantes a sus respectivos países y entre este martes y miércoles se marcharán 10 personas más de nacionalidad rusa. Quedarían por repatriar 116 personas, que se marcharán a sus países “hasta que se logren los permisos tanto de los aeropuertos de tránsito, como los acuerdos con los países de origen para que los puedan recibir”.
El 28 de febrero, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó, mediante un comunicado de prensa, que un grupo de migrantes realizó su «primer retorno voluntario» en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La familia, originaria de Armenia, estaba compuesta por la madre y sus dos hijas menores de edad.
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LA PRENSA envió consultas al Ministerio de Seguridad Pública, a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. No obstante, el Ministerio de Seguridad remitió las preguntas a Migración, mientras que la Cancillería aseguró que tanto Seguridad como Migración son las entidades responsables de brindar información sobre el tema. Hasta el cierre de esta nota, la Dirección de Migración no había respondido a las consultas.
Se valorará situación de los que no pueden retornar
Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería, aseguró a Deutsche Welle que, si existen riesgos para los migrantes que aún permanecen en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem) para regresar a sus países, se buscarán otras alternativas.
«Si detectamos alguna persona de violación o seguridad a su integridad, Costa Rica no está de acuerdo en hacer esos movimientos. Buscaríamos opciones como ubicarlos en terceros países de acogida o eventualmente una solicitud de refugio en Costa Rica», dijo Badilla.
Sin embargo, hasta el lunes 24 de marzo, ninguno de los migrantes deportados por Estados Unidos y enviados hacia Costa Rica ha solicitado refugio, según detalló el canciller Arnoldo André Tinoco ante los diputados de la Asamblea Legislativa costarricense.
“Algunos no quieren volver a su país de origen, pero sí a otro país, sé de un caso que quiere ir a Australia”, indicó Tinoco.
Críticas por la llegada de menores de edad
Una de las principales críticas provino de la estatal Defensoría de los Habitantes, que señaló deficiencias en el proceso, asegurando que se careció de un abordaje integral.
Además, la Defensoría criticó que el traslado terrestre de más de siete horas desde el aeropuerto hasta el Catem se realizara inmediatamente después de un vuelo de cuatro horas.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, rechazó las críticas y afirmó que la Defensoría sólo hizo acto de presencia en el aeropuerto durante la llegada del primer grupo de migrantes.
«Lamentamos que la Defensoría sólo hiciera acto de presencia en esta parada intermedia y no acompañara a estas personas hasta su llegada al Catem Sur. Al quedarse en San José y no desplazarse a la Zona Sur, hizo que solo pudiera apreciar una parte mínima del proceso y no la gestión migratoria en su totalidad», refirió Zamora.
Cancillería negó violaciones a los derechos humanos
Tinoco, durante su primera comparecencia el 19 de marzo ante la Asamblea Legislativa, negó que se violenten los derechos humanos de los deportados hacia Costa Rica.
“No existe ninguna denuncia que yo conozca”, afirmó el canciller, luego de que el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), le preguntara si no temía que las denuncias sobre las violaciones a los derechos de los migrantes deportados acarrearan sanciones de organismos internacionales por permitir violaciones a acuerdos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, según recoge el diario La Nación de Costa Rica.
El pasado 18 de marzo, la organización Human Rights Watch instó a Tinoco a que brinde detalles sobre la situación migratoria de los migrantes.
“Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de EE. UU.”, afirmó Michael Garcia Bochenek, asesor principal en derechos del niño de Human Rights Watch. “Las autoridades costarricenses deben procesar con celeridad las solicitudes de refugio y garantizar que ninguna persona sea enviada a un lugar donde corra el riesgo de sufrir daños graves”.
Negociaciones iniciaron el 17 de febrero
El Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado la tarde del lunes 17 de febrero, en el que afirmó que el país vecino del sur “colaborará” con Estados Unidos en la repatriación de 200 inmigrantes provenientes de Asia. Esto, a pesar de que anteriormente algunas autoridades costarricenses habían señalado que no recibirían vuelos de deportados como parte de los acuerdos, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Según Tinoco, la negociación para el ingreso de deportados inició el pasado 17 de febrero —el mismo día en que se anunció— y se llevó a cabo por medio de correos electrónicos. Las condiciones habrían sido negociadas por él y el presidente, según detalló a los legisladores. Estados Unidos se comprometió a asumir los costos del traslado y estancia de los migrantes.
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El especialista en relaciones internacionales Carlos Murillo Zamora señaló, en declaraciones anteriores a LA PRENSA, que esto demuestra que la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha divulgado una parte considerable de los acuerdos con Rubio.
“Hay un elemento importante: no está claro en su totalidad cuáles fueron los acuerdos adoptados durante la visita del secretario Rubio. No se sabe si hubo compromisos adicionales que no fueron divulgados a los medios de comunicación y a la opinión pública”, dijo Murillo.
Según Murillo, en el contexto actual, Costa Rica tiene poco margen de maniobra para “negociar” con la administración de Donald Trump.
