Presidenta de la Corte-IDH: «Desacato de Nicaragua erosiona el sistema interamericano»

Hernández se presentó ante el Consejo Permanente, de conformidad con las resoluciones del 27 de noviembre de 2024 y del 27 de marzo de este año, dictadas en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua, en el que la Corte encomendó a su presidencia la presentación ante el Consejo sobre la situación de desacato permanente por parte de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas en dicho caso.

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El tema fue incluido en la agenda de este miércoles a solicitud de las misiones permanentes de Chile y Canadá, quienes actúan como facilitadores del Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua, que se creó el 3 de abril del año pasado, luego de que el Consejo Permanente dio por finalizada la labor del anterior Grupo de Trabajo para Nicaragua, cuatro meses después de que se oficializó la salida del país del organismo, el 18 de noviembre de 2023.

«La Convención Americana es un tratado de derechos humanos con objeto y fin colectivo, cuyo cumplimiento interesa a todos los Estados parte. Aunque Nicaragua denunció la Carta de la OEA, no ha denunciado la Convención Americana, por lo que sus obligaciones continúan plenamente vigentes», señaló Hernández.

19 resoluciones para 122 personas

Hernández expuso que desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte emitió 19 resoluciones de medidas provisionales, incluyendo medidas urgentes a favor de 122 personas en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua. No obstante, hasta el 27 de marzo de 2025, 15 personas beneficiarias de estas medidas continúan privadas de libertad en condiciones extremas.

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«Estas resoluciones ordenaron al Estado de Nicaragua adoptar de manera inmediata medidas para garantizar la vida, integridad personal, salud y libertad de los beneficiarios, ante la verificación de situaciones reales de riesgo, urgencia y gravedad», señaló Hernández.

La presidenta del tribunal indicó que se constató que estas privaciones de libertad no responden a finalidades penales legítimas, sino que se enmarcan en una lógica de represión política, incompatible con los estándares del Estado de Derecho.

País no responde

Hernández indicó que, pese a la gravedad de los casos, el régimen de Ortega Murillo no ha remitido ninguna información que acredite el cumplimiento de las medidas provisionales.

«Por esa razón, esta Corte, el pasado 4 de febrero, convocó una audiencia pública sobre este tema, en la que comparecieron la Comisión Interamericana y los representantes de los beneficiarios, a la cual el Estado de Nicaragua no compareció ni presentó los informes requeridos. Esta conducta evidencia un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales», refirió.

Nicaragua anunció en noviembre de 2021 su retiro de la OEA, oficializado dos años después, en noviembre de 2023. Además, el 23 de abril de 2022 el régimen Ortega Murillo tomó las oficinas de la OEA en Managua, declaró “inhabilitada” su sede y confiscó los bienes del organismo en el país. A pesar de ello, continúan vigentes los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.

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«Muerte civil»

Hernández señaló que en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros, el régimen de los Ortega Murillo encarceló a 107 beneficiarios de medidas y luego los expulsó del país, enviándolos a países como Estados Unidos, Guatemala y la Ciudad del Vaticano.

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«Muchas de estas personas carecen de documentos de identidad. Se les ha revocado su nacionalidad, confiscado propiedades, anulado títulos de estudio y registros de nacimiento, entre otros. Esta situación ha provocado condiciones de apatridia y extrema vulnerabilidad, que configuran formas contemporáneas de lo que la Corte ha denominado la ‘muerte civil'», dijo Hernández.

Países señalan que se debe atender a las víctimas

Luego de la presentación de Hernández, la delegación de Chile en el Consejo Permanente interrogó sobre qué se debe hacer cuando un Estado desacata los instrumentos del sistema y deja en desprotección a las víctimas.

«Hay una clave que nos parece fundamental, que es esta: la desprotección de las víctimas. Y hay una pregunta que nos llega a nosotros, representantes de los Estados miembros de esta organización, y es: ¿qué hacemos cuando el desacato de un Estado a este sistema interamericano que los propios Estados nos hemos dado, deja a las víctimas en la más rotunda desprotección? ¿Tiene sentido el sistema que nos hemos dado cuando un Estado desacata lo que la Corte resuelve? Entonces, nos cabe otra cuestión: interrogarnos sobre qué hacemos», dijo la delegación de Chile.

Por su parte, la delegación de Canadá aseguró que este desacato compromete aún más a la comunidad internacional a apoyar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil.

«Como miembros de la OEA, estamos comprometidos a sustentar los principios consagrados en la Carta Interamericana. Sin duda alguna, existe gran necesidad de apoyar a organizaciones nicaragüenses y a los medios independientes que siguen realizando esfuerzos para registrar y denunciar la seria crisis de derechos humanos en este país», señaló.