El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará el próximo miércoles 23 de abril la situación de desacato permanente y desprotección en la que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según informó el organismo a través de su sitio web oficial.
El tema fue incluido en la agenda a solicitud de las misiones permanentes de Chile y Canadá, quienes actúan como facilitadores del Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua. Este grupo fue creado el pasado 3 de abril, luego de que el Consejo Permanente diera por finalizada la labor del anterior Grupo de Trabajo para Nicaragua, cuatro meses después de que se oficializara la salida del país del organismo el 18 de noviembre de 2023.
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La situación de desacato del régimen de Ortega y Murillo a las resoluciones de la Corte IDH será presentada por la presidenta de este tribunal, la jueza Nancy Hernández López, con base en la resolución del 27 de noviembre sobre el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros” respecto de Nicaragua.
Nicaragua anunció en noviembre de 2021 su retiro de la OEA, oficializándose dos años después, en noviembre de 2023. Sin embargo, el 23 de abril de 2022, el régimen Ortega Murillo se tomó las oficinas de la OEA en Managua, declarando “inhabilitada” su sede y confiscando los bienes del organismo en el país.
Nicaragua en desacato ante la Corte IDH
Desde agosto de 2021, el Estado de Nicaragua no participa en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2022, esta instancia declaró al país en desacato permanente por no cumplir las órdenes de liberación de presos políticos.
«Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo», señaló la Corte el 29 de noviembre de 2022.
Al haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el «Pacto de San José» de Costa Rica de 1969, Nicaragua está obligada a acatar los fallos de la Corte.
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El artículo 61 de dicho pacto establece que sólo los Estados parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden someter casos a la Corte. Asimismo, el artículo 68 compromete a los Estados firmantes a cumplir las decisiones del tribunal en todos los casos en los que sean parte.
Grupo voluntario surgió tras la disolución del Grupo permanente
Es la primera vez que las misiones permanentes de Chile y Canadá se presentan públicamente como «co-facilitadores» del nuevo Grupo de Trabajo Voluntario para Nicaragua, creado el 3 de abril de 2024 tras la conclusión del anterior Grupo de Trabajo de la OEA. Sin embargo, desde 2018 ambos países habían asumido la coordinación del grupo original, que se mantuvo vigente hasta el año pasado.
La resolución aprobada el 3 de abril establece, en su primer punto, dar por finalizado el mandato de la resolución CP/RES. 1109 (2175/18), con la que se creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua. Este fue aprobado el 2 de agosto de 2018 por el Consejo Permanente con 20 votos a favor y tenía como objetivo contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la crisis en Nicaragua, incluso mediante consultas con el régimen.
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No obstante, el régimen de Ortega y Murillo negó el ingreso del Grupo de Trabajo, acusándolo de injerencismo y señalando que fue promovido por Estados Unidos con el único interés «de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua», por lo que —según declaró el régimen— «no son bienvenidos a nuestro país».
No hay canal de comunicación
El nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien asumirá funciones el próximo 25 de mayo tras ser electo por aclamación el pasado 10 de marzo, declaró en una entrevista a LA PRENSA el 19 de marzo que no existen canales de comunicación con el régimen Ortega Murillo, y que su prioridad serán los países miembros de la organización.
«La realidad es que Nicaragua no es un miembro de la OEA. Es una realidad. Pero vamos a evaluar la situación porque no es un miembro de la OEA, pero es importante para monitorear los desarrollos en el país. Creo que es importante. No tenemos un canal de comunicación. No sabemos si ellos quieren (el régimen Ortega Murillo). Pero de haber una intención mutua de compartir información y discutir asuntos, entonces consultaremos a los Estados miembros de la OEA en términos de actividades y también en qué manera comunicarnos con un país fuera de la OEA», dijo Ramdin.
