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Una vez que finalice el parole humanitario, los migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que no hayan ajustado su estatus migratorio deberán abandonar Estados Unidos el próximo 24 de abril, de lo contrario podrían ser detenidos, procesados y deportados. Ante ello surgen interrogantes sobre cuáles son las responsabilidades del patrocinador —el principal requisito para aplicar— si en un eventual escenario el beneficiario decide quedarse de manera ilegal, y si habría consecuencias para él.
El Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) fue creado por la Administración de Joe Biden para que los migrantes estuvieran dos años de forma legal. Al regresar a la Presidencia el republicano Donald Trump le puso fin y estableció que para finales de abril los beneficiarios deberán abandonar EE. UU., incluso si aún no han cumplido los dos años de parole.
No obstante, la semana pasada la jueza federal Indira Talwani dijo que frenará la revocación orientada por Trump, si embargo, hasta ahora la decisión no se ha hecho oficial. Por ello la incertidumbre para el más de medio millón de migrantes que fueron beneficiados (96,270 nicaragüenses) sólo incrementa.
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Patrocinadores asumieron compromisos
Para obtener el parole era indispensable tener un patrocinador con apoyo económico que viviera legalmente en Estados Unidos.
La abogada de inmigración, Cindy Blandón, aseveró que desde la solicitud para ser el patrocinador del beneficiario, la persona «firmó un contrato con el Gobierno Federal donde él se hacía responsable de forma financiera del beneficiario, para que no fuera una carga pública».
En caso de que el beneficiario haya aplicado a programas federales, que «no tuvieron que haber aplicado, el Gobierno Federal puede ir detrás de los patrocinadores y cobrarles por esos beneficios aprobados».
Rommel López, experto en leyes migratorias y activista, explicó que las responsabilidades del patrocinador estaban diseñadas para apoyar al beneficiario mientras durara su permiso de permanencia legal, que normalmente era de hasta dos años.
«Una vez que el periodo de parole finalice, esas obligaciones también terminan formalmente, a menos que el beneficiario haya solicitado una extensión o haya cambiado su estatus migratorio. En ese caso, podría haber nuevos compromisos si el patrocinador continúa involucrado», indicó.
¿Y si el beneficiario decide quedarse?
Si el beneficiario decide quedarse de manera ilegal después de finalizado el parole, indicó Blandón, «no debería tener ninguna consecuencia, ya que él no firmó que una vez que terminara el parole tenía que entregar al beneficiario a las autoridades, ya sea al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para una posible detención».
A pesar de ello, la abogada alertó que «no obstante los oficiales pueden exigirle de forma amenazante que le entregue al o los beneficiarios».
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En esa misma línea, López apuntó que «en principio, no hay consecuencias legales directas para el patrocinador si el beneficiario permanece en EE. UU. de manera irregular tras el fin de su parole, siempre que el patrocinador no esté facilitando esa estadía ilegal».
A su vez, subrayó que los patrocinadores «no pueden ser multados, deportados ni encarcelados, por el hecho de haber proporcionado financiamiento económico a un migrante que decida posterior permanecer sin estatus legal».
No obstante, el experto advirtió que sí podría haber implicaciones indirectas. «Si en el futuro desea patrocinar a otra persona, no con parole porque ya no existe, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) podría tomar en cuenta que su anterior beneficiario no respetó las condiciones del programa, también podría verse afectada su credibilidad».
Los consultados coincidieron en aseverar que donde sí habría implicaciones legales en caso de que se compruebe que el patrocinador «cometió fraude durante la solicitud del parole».
Los expertos consultados por este Diario insistieron en que los beneficiarios y patrocinadores deben mantenerse informados y preparados ante cualquier implicación indirecta que pueda surgir tras el fin del parole humanitario. O en su defecto de la decisión de la jueza Talwani.
La abogada de inmigración, Astrid C. Montealegre, mencionó que «hasta la fecha Uscis no ha publicado requisitos adicionales para los patrocinadores de beneficiarios del parole humanitario» y recomendó que por lo tanto, los «beneficiarios deben de seguir las instrucciones de acuerdo a las notificaciones que han recibido a su cuenta de Uscis y los correos electrónicos registrados».
