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El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció que el opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien fue extraditado desde Costa Rica en febrero de 2024, es sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como La Modelo. De acuerdo con la denuncia, Pérez permanece en condición de desaparición forzada, su familia no lo ha visto desde que llegó a Nicaragua.
«Está siendo objeto de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, recluido en una de las celdas 300 de máxima seguridad, en la galería llamada el ‘infiernillo’, está completamente aislado y engrilletado permanentemente», denunció el Movimiento.
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Enseguida mencionó que han logrado comprobar que las autoridades del penal, bajo órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantienen al opositor «desnudo, sin visitas, bajo tortura y amenaza constante, sin atención médica y bajo continuo hostigamiento por la guardia sandinista, quien llega con frecuencia a tomarle fotos, le ponen uniforme, le dan una colchoneta y le quitan las rejillas para tomarle fotos, sin saber con qué propósito, y después de tomarle la foto, le quitan nuevamente el uniforme, lo dejan totalmente desnudo y se llevan la colchoneta».
CIDH otorgó medidas cautelares
El Movimiento Campesino también celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, mediante la Resolución 33/2025, otorgó medidas cautelares a Pérez Centeno. La CIDH argumentó que el opositor «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrenta un riesgo de daño irreparable en Nicaragua».
El líder campesino Medardo Mairena confirmó a LA PRENSA que él figura como solicitante de las medidas tanto de Pérez Centeno como de Reinaldo Picado Miranda, quien permanece detenido en Costa Rica. «No se respetó el debido proceso cuando extraditaron a Douglas, él era solicitante de refugio en Costa Rica, y lo sacaron con engaños, no le permitieron que llamara a su abogado ni a su familia. Todo este proceso desafortunadamente fue amañado», denunció Mairena.
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La CIDH en su resolución informó que «el Estado (de Nicaragua) no proporcionó información oficial sobre la situación actual del propuesto beneficiario», por ello consideró que Pérez Centeno «se encuentra en una situación de riesgo y es susceptible de estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada la condición de personas privadas de libertad en Nicaragua».
Partiendo de lo anterior, la CIDH solicita que el Estado de Nicaragua adopte las siguientes medidas:
- Adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal. En particular, esclareciendo dónde se encuentra detenido en Nicaragua o su situación jurídica, tras su extradición al país;
- Especificar si, a partir de su extradición desde Costa Rica, ha sido presentado ante la autoridad judicial correspondiente, y de no serlo, indicar los motivos de su detención sin revisión judicial. Asimismo, informar sobre sus condiciones de privación de la libertad, incluyendo el estado procesal de la causa penal en su contra, y si tiene acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias; y
- Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
El también fundador del Movimiento Campesino insistió en que Costa Rica debe tomar en cuenta las medidas cautelares dictadas por la CIDH. «A Costa Rica lo que le estamos diciendo es que, después que nosotros llevamos el caso de Douglas Pérez a la CIDH por no haber respetado el debido proceso, estas medidas evidencian que sí corren riesgo tanto él como Reinaldo Picado, son casos de persecución real, no como decimos los nicas al bolsazo, los tenemos bien documentados», mencionó.
Los delitos que le imputan
La dictadura acusa a Pérez Centeno y a Reinaldo Picado Miranda, alias comandante Omar, por emboscar a trabajadores que trasladaban el pago de otros empleados de una empresa en el municipio de El Castillo, Río San Juan, el 1 de octubre de 2022. El ataque dejó como saldo la muerte de la oficial Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador Pedro Pablo.
El excomandante de la contrarrevolución, Luis Fley, dijo a la Revista Domingo que conoció a Reynaldo Picado Miranda y a Douglas Pérez Centeno en las montañas del norte de Nicaragua cuando eran jovencitos que tomaron las armas en contra de los sandinistas en los años ochenta.
El 19 de febrero de 2024, la Policía presentó al opositor vestido con el traje azul de preso, esposado de pies y manos, escoltado por tres oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) que vestían trajes negros, pasamontañas y cargaban fusiles AK.
En ese momento, detallaron que a Pérez Centeno se le acusa de ser el «autor de las muertes homicidas de la oficial de la Policía Aracelly Marisol Díaz Salinas y el ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, ocurrido el 1 de octubre del 2022».
También lo acusan del robo de 443,938.63 córdobas, también una computadora portátil marca Dell, 3 fusiles AK —propiedad de la Policía Nacional—, 1 escopeta calibre 12 y 2 pistolas que portaban los vigilantes de la empresa Agro Industrial del Río. Y a su vez, del robo de celulares y 18 mil córdobas a Aura Lila Ríos Lumbí, una de las pasajeras que viajaban en la camioneta Land Cruiser, color rojo, propiedad de Santos Burgos, quien se dedica al transporte entre las comarcas Los Sábalos y Nueva Quesada.
La versión policial presentada en ese momento señalaba que quienes asaltaron la camioneta y mataron a la policía y al civil, son: Ramón Antonio Argeñal Mendoza, René Navarrete Rivera, Serapio Ramírez Fernández, Pedro Javier Hernández Sandoval, Reynaldo Picado Miranda, quien se encuentra detenido en Costa Rica y Douglas Pérez Centeno, que fue extraditado a Nicaragua.
De todos los señalados por la Policía, solamente Argeñal Mendoza, de 55 años, ya fue condenado a cadena perpetua con más de 103 años de prisión por los delitos de robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado.
