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Mientras el precio del petróleo cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19, lastrado por el temor a una recesión global provocada por la guerra de aranceles que desató la administración Trump, Nicaragua cumple tres años de mantener congelado el precio de los combustibles. El congelamiento obliga a los consumidores a comprar los combustibles más caros de la región y genera un sobreprecio que según los especialistas sólo en el primer trimestre de 2025 generó unos 45 millones de dólares, que se suman a unos 323 millones de dólares generados por este «impuesto solapado» desde abril de 2022.
En los primeros días de abril de 2022 en medio de una ola alcista que hizo saltar el precio del crudo desde los 100 dólares por barril hasta casi 150 dólares por barril, el régimen Ortega Murillo, alegando que quería proteger a los consumidores, congeló el precio de los combustibles y anunció que «el Estado a través de un subsidio, asumiría las diferencias generadas por las alzas en el precio del petróleo y el precio de venta a nivel local».
Desde entonces, los nicaragüenses que ya pagaban los combustibles más caros de la región, lo siguen haciendo. El precio se fijó en 49.03 córdobas por litro (unos 5.11 dólares por galón) para la gasolina súper; 47.84 córdobas por litro (unos 5.07 dólares por galón) para la gasolina regular, y en 43.16 córdobas para el litro del diésel, unos 4.46 dólares por galón.
En 2022 congelaron el precio
En ese momento, según reportes de medios a partir de abril de 2022 el Estado comenzó a destinar entre 4 y 6 millones de dólares para subsidiar las alzas en los precios de los combustibles que no se aplicaban, en el primer mes de aplicación de la medida, según información divulgada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el subsidio que el Estado asumía era de 2.80 córdobas para cada litro de gasolina súper, 1.68 córdobas para cada litro de gasolina regular y de 8.15 córdobas para cada litro de diésel.
El precio del gas licuado de petróleo que se utiliza para cocinar también permanece congelado, en 436 córdobas el cilindro de 25 libras que es de mayor uso en los hogares nicaragüenses y en 2,004 córdobas el de cien libras.
En las siguientes semanas el precio del West Texas Intermediate (WTI), que es el petróleo de referencia para Nicaragua, y que según el régimen utilizaba para determinar el subsidio que aplicaba, subió hasta los 136 dólares por barril, pero a finales de 2022 comenzó a bajar y cerró el año por debajo de los 100 dólares por barril.
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SICA ya no publica los precios regionales
Pero en Nicaragua desde hace tres años no se ajustan los precios de los combustibles, los consumidores siguen pagando esos precios que se fijaron en abril de 2022, mientras en el resto de Centroamérica regularmente se aplican alzas o reducciones, en dependencia del movimiento del precio internacional del crudo. Estos reportes los publicaba hasta el año pasado el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
En estos reportes semanales siempre se hacía énfasis en que antes de impuestos, Nicaragua vendía los combustibles más caros de la región y después de impuestos, el diésel más caro y sólo en algunas ocasiones los precios de las gasolinas en Costa Rica superaban a los de Nicaragua. Sin embargo, desde el segundo semestre del año pasado, cuando Nicaragua asumió la presidencia pro témpore del SICA estos reportes no se han vuelto a publicar, incluso ahora que Costa Rica asumió esa responsabilidad rotativa desde los primeros meses del año, la publicación de los boletines no se ha reanudado.
Ahora solo se cuenta con algunos reportes de país, como el del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el problema es que en este se incluyen los precios promedio de venta al consumidor final con impuestos incluidos y en moneda local, es decir el quetzal, que deben convertirse a dólar. Pese a esto es evidente la diferencia entre los precios de Nicaragua y el resto de la región.
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WTI en el rango de $60 dólares por barril
En medio de la ausencia de estos reportes y la fluctuación a la baja del precio del crudo, Nicaragua llega al tercer año de congelamiento del precio de los combustibles, en medio de la guerra comercial que se desató luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso aranceles recíprocos generalizados a los productos que medio centenar del países le venden a Estados Unidos.
Entre las consecuencias de esta guerra comercial, en la jornada del lunes 7 de abril el precio internacional del WTI cayó por debajo de los 60 dólares por barril, el nivel más bajo desde 2021 y aunque luego registró una leve recuperación, los pronósticos indican que podría mantenerse en ese rango durante el resto del año.
Antes de la imposición de los aranceles de la semana pasada, cuando los afectados sólo eran China, México Canadá y algunos productos, entre ellos los automóviles y el aluminio, Goldman Sachs pronosticó que la economía global registraría un crecimiento más lento y un mayor suministro de parte de los países productores agrupados en la OPEP. Como consecuencia de esto, el precio del WTI promediaría unos 65 dólares por barril durante el resto de 2025, pero no se descarta que ante el nuevo panorama se ajuste nuevamente la proyección y que los precios promedio sea aún más bajos.
Combustibles dejan millonario margen
Pero no es sólo el precio del petróleo —advierten los especialistas del sector—, las millonarias ganancias adicionales que acumuló el régimen Ortega Murillo en estos tres años en los que mantuvo congelado el precio de los combustibles ronda los 323 millones de dólares, y surge también por la diferencia entre el precio de compra de los combustibles terminados y el que pagan los consumidores nicaragüenses.
Según los especialistas, sólo entre enero y marzo de 2025 este margen o «impuesto solapado» que surge de la diferencia entre el precio de venta de los terminados en el Golfo de México y el que pagan los consumidores de otros países vecinos, entre ellos El Salvador que tiene una logística similar a la de Nicaragua, así como los precios de venta en las estaciones de servicio en Nicaragua, generó un «utilidad adicional» de 45 millones de dólares.
Esta «ganancia adicional surge porque los consumidores de Nicaragua pagan en promedio 76 centavos de dólar por cada galón de gasolina súper que compra; 83 centavos de dólar por cada galón de gasolina regular, y 57 centavos de dólar (unos 21 córdobas) por cada galón de diésel que adquieren, este es el combustible más usado en el país. Los especialistas explican que si dicho margen se multiplica por la cantidad de combustible que se comercializó en el país durante los primeros tres meses del año (unos 750,000 barriles al mes usado como referencia el consumo del año pasado), surge un excedente de aproximadamente 45 millones de dólares.
¿Y las ganancias por sobreprecio de los combustibles?
Cabe aclarar que los especialistas explican que estos son cálculos preliminares que sólo pueden confirmarse cuando al finalizar el año las autoridades publican las estadísticas de consumo de combustibles.
Por ejemplo, el año pasado el cálculo inicial de las ganancias adicionales que garantiza el sobreprecio que genera el congelamiento del costo de los combustibles arrojó un margen de unos 183 millones de dólares, pero cuando se conocieron las estadísticas oficiales del consumo dicho margen subió hasta 200 millones de dólares.
Entonces los 200 millones de dólares, más unos 78 millones que acumuló este sobreprecio o impuesto solapado durante el 2023 y los 45 millones que obtuvieron en los primeros tres meses de 2025, suman un acumulado de 323 millones de dólares.
Los afectados por este «robo»
«Esta colusión entre las distribuidoras y el Gobierno para repartirse estas ganancias adicionales afecta a los consumidores. Se elevan los costos de producción de los sectores productivos, más ahora que los aranceles a las exportaciones también elevarán sus costos y también el de los precios de la canasta básica. Los más afectados son los consumidores en estaciones de servicio, y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los menos afectados son las grandes empresas y el Gobierno por menor precio por mayor consumo y más poder de compra», explica un especialistas que pide no identificarlo.
Además, los especialistas critican que mientras esta ganancia millonaria sigue creciendo, el régimen le sigue diciendo a la población cada viernes que mantiene congelado el precio de los combustibles para proteger a los consumidores, cuando en realidad lo que está haciendo es estafándolos y también engañándolos porque hasta ahora ni siquiera se sabe si parte de estos recursos se usaron para pagar los 85.80 millones de dólares que utilizaron de los 200 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorgó en 2022 para cubrir el subsidio a los combustible, pero que al bajar el precio del crudo no se utilizó en su totalidad.
