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El Gobierno de España ha otorgado la nacionalidad española a 148 ciudadanos nicaragüenses entre 2023 y 2024 mediante la figura excepcional de la carta de naturaleza, un mecanismo reservado para casos de interés nacional o circunstancias extraordinarias.
Según datos oficiales del Ministerio de Justicia español, revelados en un informe parlamentaria del pasado 11 de marzo, los nicaragüenses representan el 68,5 % del total de las 213 cartas de naturaleza concedidas entre 2020 y 2024.
La mayoría de los beneficiarios son opositores, periodistas, religiosos, defensores de derechos humanos y exfuncionarios desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de la represión política que ha despojado de su nacionalidad a más de 300 personas.
La cifra contrasta con las apenas 6,9 % de solicitudes aprobadas entre más de 3,000 solicitudes recibidas.
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El proceso requiere aprobación directa del Consejo de Ministros y suele aplicarse en casos muy puntuales, como deportistas, personalidades destacadas o víctimas de persecución.

Desterrados y exiliados
La medida refleja una atención especial del Ejecutivo español ante la crisis política y humanitaria que atraviesa Nicaragua, donde el régimen ha encarcelado y expulsado a cientos de opositores, ha cerrado medios de comunicación, ha ilegalizado partidos políticos y ha obligado al exilio a decenas de millas de personas.
Entre los nuevos ciudadanos españoles se encuentran figuras como la escritora Gioconda Belli y el laureado novelista Sergio Ramírez, así como sacerdotes católicos, periodistas, artistas, empresarios y líderes sociales.
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España acoge la tercera comunidad nicaragüense más numerosa del mundo, después de Estados Unidos y Costa Rica, con más de 60,000 residentes legales, aunque el número real podría ser mayor considerando a quienes han adquirido la nacionalidad o viven en situación irregular.
Diáspora nica de un millón
Desde 2018, el éxodo nicaragüense ha crecido aceleradamente, hasta sumar casi un millón de personas migrantes, muchas de ellas forzadas al exilio por razones políticas.
En virtud de un convenio de doble nacionalidad vigente desde 1962, los nicaragüenses pueden adquirir la nacionalidad española sin perder la de origen, aunque los despojados por el régimen han sido oficialmente convertidos en apátridas.
Solo en febrero de 2023, la dictadura desterró en un avión a Estados Unidos a 222 prisioneros políticos, a quienes desnacionalizó; hizo lo mismo en septiembre de 2024 con otros 135 reos de conciencia y desde entonces convirtió la desnacionalización en una ley penal por razones políticas.
La decisión del Gobierno español, que ha otorgado más nacionalidades por decreto a nicaragüenses que a cualquier otro país en los últimos dos años, marca un giro histórico en el uso de esta figura legal, donde los exiliados políticos han superado incluso a los deportistas de élite, generalmente los principales beneficiarios para integrar los clubes del futbol y otras disciplinas deportivas.