El canciller de España, José Manuel Albares, dijo este viernes ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados español, que la administración de Pedro Sánchez ofrecerá la nacionalidad española a los 135 nicaragüenses que fueron desterrados y desnacionalizados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 5 de septiembre.
“España, con nuestra política exterior actual, es y será siempre hogar de nuestros hermanos latinoamericanos que defienden la libertad y la democracia”, dijo Albares ante la Comisión de Asuntos Exteriores.
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Esta disposición de la administración española es similar a la que tomó en 2023 al ofrecer la nacionalidad a un grupo de 222 excarcelados políticos que la dictadura desterró en Estados Unidos el 9 de febrero del año pasado y a un segundo grupo de 94 disidentes ―la mayoría en el exilio― a los que el régimen despojó de su nacionalidad.
En esta ocasión, “la concesión se extenderá también a los ‘familiares de primer grado en situación de precariedad” de estas más de doscientas personas ya nacionalizadas. “Nuestro compromiso con ellos es firme”, añadió Albares.
Dictadura desterró a los 135 y no reveló la lista
El pasado 5 de septiembre, la Casa Blanca informó que la Administración de Joe Biden logró este 5 de septiembre la liberación de 135 presos políticos que mantenía la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las diferentes cárceles de Nicaragua, entre ellos los 13 miembros del ministerio Puerta de la Montaña, laicos católicos, estudiantes y otros opositores a quienes el régimen consideraba una “amenaza para su régimen autoritario”.
“Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, aseguró en un comunicado el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.
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La lista de los presos no será revelada “por motivos de seguridad”, de acuerdo con las autoridades.
Según reportó este Diario el pasado 2 de octubre, algunos excarcelados políticos explicaron bajo anonimato que la Agencia de la Organización de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les dieron como plazo para la llegada de sus familiares a Guatemala hasta el 2 de octubre, con el fin de unificar sus casos y que logren viajar juntos al país de acogida, que en su mayoría eligió Estados Unidos.