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El Ejército de Nicaragua no sólo participó en la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018, sino que también colaboró en la identificación de manifestantes y opositores al infiltrarse en las movilizaciones. Así lo revela el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de Naciones Unidas (GHREN), publicado el 3 de abril, en el que se mencionan los nombres de 54 jerarcas —incluidos los dictadores— que participaron en la represión a partir de ese año.
De acuerdo con el informe, desde abril de 2018 se intensificó el reclutamiento de oficiales del Ejército para integrarlos al órgano de inteligencia, llegando a representar cerca del 80 por ciento del personal asignado. Posteriormente, la Dirección de Inteligencia del Ejército les impartía un curso intensivo de 15 días sobre inteligencia y contrainteligencia, tras lo cual eran enviados a infiltrarse en las manifestaciones.
En estas actividades, los oficiales identificaban a quienes consideraban cabecillas. Los agentes seleccionados provenían de diversas unidades del Ejército, incluyendo oficiales en retiro.
“Los militares salían, se dejaban crecer la barba y el pelo para evitar ser identificados, andaban de civil y armados. También había civiles”, señala el informe.
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El documento señala que la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército, bajo el mando del general de brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, asumió el control operativo de la represión, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, dirigida por el general de brigada Leonel José Gutiérrez López; la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, liderada por Adolfo Joel Marenco Corea; el Comando de Operaciones Especiales del Ejército, encabezado por el coronel de infantería Manuel Salvador Gaitán, y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), dirigida por Justo Pastor Urbina.
Así ordenó el Ejército la represión
Los “acuerdos” para que el Ejército se involucrara en la represión de las protestas se tomaron el 20 de abril de 2018, apenas dos días después del estallido social motivado por las reformas fallidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La reunión se llevó a cabo en el Auditorio Carlos Agüero Echeverría del Estado Mayor en Managua, con la participación de altos mandos del Comando de Operaciones Especiales y de las direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Personal y Cuadros, además de varios comandos militares regionales. Todos los asistentes eran oficiales activos. La reunión fue presidida por el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército, y por Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad e inteligencia.
En esa ocasión, el jefe del Estado Mayor General leyó una orden presidencial que, según una fuente citada por el Grupo de Expertos, tenía características similares a una disposición de combate.
“En su lectura, informó que el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. La orden era que los oficiales presentes en la reunión iban a ser asignados por la Unidad de Personal y Cuadros a diferentes unidades militares para ‘neutralizar’ a los líderes de estas manifestaciones”, señala el GHREN.
Posteriormente, integrantes de comandos y destacamentos militares regionales, del Batallón Ecológico y del Comando de Operaciones Especiales desplegaron personal vestido con uniformes policiales o ropa civil para apoyar a la Policía Nacional y a grupos armados progubernamentales.
El GHREN afirma que al menos seis altos mandos del Ejército ordenaron la participación de tropas en la represión, utilizando vestimenta civil o uniformes policiales para encubrir su identidad.
Entre los señalados se encuentran: coronel José Hilcias Rizo Rizo, jefe del Primer Comando Militar Regional (Estelí, Nueva Segovia y Madriz); coronel Vladimir Ilich Martínez Jarquín, a cargo del Segundo Comando Militar (León y Chinandega) y coronel Denis Manuel Hernández Martínez, jefe del Quinto Comando Militar (Boaco y Chontales).
También se mencionan: coronel Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe del Sexto Comando (Matagalpa y Jinotega); coronel Álvaro Francisco Rivas Castillo, del Destacamento Militar Sur (Río San Juan y Batallón Ecológico Bosawas) y coronel Manuel Salvador Gaitán, responsable del Comando de Operaciones Especiales.
Ejército entregó armas a grupos armados
El GHREN documentó que los militares se disfrazaron de civiles para reprimir las manifestaciones y que la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia proveyó uniformes de la Policía, alcaldías y otras instituciones estatales.
Además, se supo que el Comando de Operaciones Especiales del Ejército distribuyó armas almacenadas en la bodega militar de Xiloá a grupos paramilitares, para ser utilizadas durante la represión de 2018.
Entre las armas entregadas había remanentes del conflicto armado interno y armamento recibido durante los procesos de paz en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Se incluían rifles de origen vietnamita, fusiles M-16 y AK-47 de fabricación china y alemana, según detalla el informe.
Muertes se concentraron en zonas bajo control militar
El informe subraya que la mayoría de muertes durante la represión ocurrieron en zonas bajo control del Ejército. En primer lugar, se encuentran los departamentos de Matagalpa y Jinotega, bajo el Sexto Comando Militar Regional; seguidos por León y Chinandega, bajo el Segundo Comando, y, finalmente, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, bajo el Primer Comando.
Este patrón geográfico sugiere una respuesta represiva diferenciada por zonas, posiblemente vinculada a la intensidad de las protestas, el despliegue militar y la estructura de mando en cada región, indica el Grupo de Expertos.
Ejército fue advertido desde 2017
Además, el informe revela que a inicios de 2017, altos mandos del Ejército fueron convocados por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia a una reunión donde se les advirtió sobre un supuesto intento de “golpe suave”.
Durante el encuentro se les informó que organizaciones sin fines de lucro, financiadas desde Estados Unidos, promovían movilizaciones ciudadanas contra el régimen. Esta estrategia, se les dijo, formaba parte de una dinámica regional que también se observaba en otros países de América Latina.
El objetivo de la reunión, según el Grupo de Expertos, era alinear a los oficiales con la narrativa oficial y recordarles su responsabilidad de “preservar la paz” en un contexto donde ya se anticipaban posibles escenarios de descontento social.
Estos son los 11 militares señalados por el GHREN
—Julio César Avilés Castillo: Comandante en Jefe del Ejército.
—Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz: Jefe del Estado Mayor del Ejército.
—Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval: General de Brigada, exjefe de la Dirección de Información para la Defensa.
—Manuel Salvador Gaitán: General de Brigada, jefe de Doctrina y Enseñanza.
—Leonel José Gutiérrez López: General de Brigada, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia.
—Marvin Antonio Paniagua Pineda: General de Brigada, jefe de Relaciones Públicas e Internacionales; exjefe del Sexto Comando Militar.
—Denis Manuel Hernández Martínez: Coronel de Infantería, jefe del Quinto Comando Militar Regional.
—Vladimir Ilich Martínez Jarquín: Coronel de Artillería, jefe del Segundo Comando Militar Regional.
—José Hilcias Rizo Rizo: Coronel de Infantería, jefe del Primer Comando Militar Regional.
—Álvaro Francisco Rivas Castillo: Coronel de Infantería, jefe del Destacamento Militar Sur.
—Álvaro Martín Peña Núñez: Coronel, jefe de la Dirección de Información para la Defensa desde agosto de 2024.
