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El reciente movimiento relacionado con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Juana Méndez —una de las principales aliadas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder judicial—, evidencia que ninguna «renuncia» de funcionarios públicos responde a una decisión voluntaria, sino que obedece a una estrategia de control y poder por parte de la dictadura.
Asimismo, no todas las «renuncias» o destituciones significan una «caída en desgracia» del funcionario ante los tiranos, según evidencia una revisión realizada por LA PRENSA a estos movimientos.
El pasado 19 de marzo, la dictadura reintegró a Méndez a su cargo de magistrada de la CSJ, un día después de que la Asamblea Nacional —controlada por el régimen Ortega-Murillo— aceptara su renuncia. Posteriormente se supo que la medida buscaba proponer a Méndez como presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
Sin embargo, la dictadura dio un «golpe de mesa» a la CCJ la noche del 18 de marzo al anunciar su retiro del tribunal centroamericano con sede en Managua. Esto ocurrió en medio de las tensiones con Guatemala, Costa Rica y Panamá, quienes por segunda ocasión rechazaron al excanciller Denis Moncada Colindres como candidato a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gustavo Porras, confirmó el 19 de marzo que la «renuncia» de Méndez tenía como propósito proponerla para presidir la CCJ.
“Renuncias” con fines estratégicos de la dictadura
«Si la motivación de la renuncia de la compañera Juana Méndez como magistrada de la Corte Suprema de Justicia era para que el país la propusiera como presidenta de la Corte Centroamericana, y después de estas acciones la decisión del país es denunciar el tratado que da vida a la Corte Centroamericana, lo que significa retirarnos de la Corte y, como sólo hay tres países, prácticamente esa Corte queda en el aire, sin capacidad de funcionar, entonces el motivo que generó la renuncia desaparece», explicó Porras durante la sesión del miércoles.
Una de las renuncias más destacadas del año pasado fue la del excanciller Denis Moncada Colindres, quien asumió el cargo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de enero de 2017 y se mantuvo como un férreo defensor del régimen a nivel nacional e internacional desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
El 5 de septiembre de 2024, la dictadura lo apartó del cargo, alegando problemas de salud, y colocó en su lugar a Valdrack Jaentschke. No obstante, el 11 de noviembre fuentes del SICA informaron a LA PRENSA que la dictadura presentó a Moncada en una terna junto a la diputada sandinista Arling Patricia Alonso y la ministra de la Familia, Johanna Vanessa Flores Jiménez. Pocos días después, los países miembros rechazaron la terna.
Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, volvieron a rechazar a Moncada el 18 de marzo de 2025, en un nuevo intento del régimen de imponer a candidatos leales en la Secretaría General del SICA.
Control total de la dictadura
El abogado y opositor Jasson Salazar consideró que la reciente renuncia y reincoporación de Méndez evidencia el absoluto control del régimen Ortega Murillo a las instituciones del Estado.
«Este tipo de maniobra muestra cómo el régimen utiliza el control del aparato judicial para evitar cualquier tipo de desafío, manipulando la estructura del poder a su conveniencia. El hecho de que el régimen recurra a una figura leal como Méndez, incluso tras un fiasco, muestra su dependencia de figuras que no sólo carecen de competencia, sino que son indispensables para mantener el control, aunque ello implique una inestabilidad evidente», señaló Salazar.
Por su parte, el analista político José Dávila, expresó que estos movimientos de la dictadura representan un impacto en el país.
«Lo peor del caso es que esto tiene impacto directo en el país, que ha perdido su rumbo hacia a la estabilidad y el desarrollo, ya no digamos la democracia y la libertad, y lo único claro es que es un aparato estatal en servicio de Rusia, y en la búsqueda de colonizarse de China», dijo Dávila.
Cambios de posición y renuncias, no caídas en desgracia
Otro de los “ajustes” del régimen ocurrió el 5 de agosto de 2024, cuando destituyó a Bosco Castillo como titular del Ministerio Agropecuario (MAG). Aunque se especuló sobre una supuesta “caída en desgracia”, el 9 de agosto el Consejo Nacional de Universidades —bajo control de la dictadura— lo nombró rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA).
En el comunicado oficial se agradeció al exrector Alberto Sediles Jaén «por su desempeño y dedicación en la formación de profesionales de las ciencias agropecuarias y se le deseó éxito en sus nuevas responsabilidades», según firmó Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del CNU.
Otro caso es el de Iván Acosta, quien ejercía como ministro de Hacienda. Aunque ya circulaban rumores sobre su destitución e incluso se decía que estaba preso, el 19 de junio de 2024 fue visto almorzando en un restaurante de Managua, donde saludó a conocidos, según confirmaron dos fuentes a LA PRENSA. Acosta aclaró que solo lo habían destituido. Al día siguiente, el régimen oficializó su salida en La Gaceta, diario oficial, y el 28 de ese mes lo nombró asesor presidencial ante organismos internacionales.
También figura el caso de la exministra de Salud, Sonia Castro, a quien destituyeron en 2019 tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el régimen la colocó como ministra asesora de la Presidencia para temas de Salud, un cargo creado para protegerla. En su lugar, el régimen nombró a Carolina Dávila, a quien destituyeron el 1 de abril de 2020 en plena pandemia de covid-19 y luego remplazaron por Martha Reyes Álvarez.
Reyes “renunció” el 23 de octubre de 2024 y desde entonces el cargo sigue vacante. El 4 de diciembre, Dávila también “renunció” al cargo de asesora presidencial.
También hay destituciones sin nuevos nombramientos
«Casos como los de Denis Moncada, Bosco Castillo, Iván Acosta y Sonia Castro demuestran cómo incluso los funcionarios clave son desplazados de manera abrupta, no porque hayan caído en desgracia, sino porque la confianza en ellos es precaria. Estos movimientos reflejan una estructura de poder frágil y centralizada, donde nadie está a salvo, independientemente de su lealtad al régimen», señaló Salazar.
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No obstante, existen destituciones sin remplazos visibles, como es el caso de la exministra de Salud, Martha Reyes; la exviceministra de Hacienda, Meyling Dolmuz; la exencargada de Protocolo de la Cancillería, Ruth Tapia; el viceministro para Asuntos Internacionales de la Cancillería, Carlos Alberto Cerda Gaitán; el exembajador en China, Michael Campbell; y, presuntamente, el rector de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, Alejandro Genet, quien asumió tras la confiscación de la Universidad Centroamericana.
Además, el 24 de noviembre de 2023 la dictadura destituyó a Olga Concepción Escobar Fonseca como ministra de la Familia, Adolescencia y Niñez, y en su lugar nombró a Johana Vanessa Flores, quien ya había ocupado ese cargo desde 2018.
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También están las purgas
Desde 2021, las purgas y «castigos» de la dictadura contra leales, funcionarios, personas cercanas e incluso familiares se han vuelto más visibles. El caso más reciente es el del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien durante 25 años fue jefe de escoltas de Daniel Ortega.
Según la Policía, Acuña fue dado de baja deshonrosa y sería procesado por «incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación», señalando que sus acciones pusieron en riesgo la seguridad ciudadana.
A pesar de que en las elecciones municipales el régimen se autoasignó todas las alcaldías del país y mantuvo a algunos alcaldes sandinistas en sus cargos, también ha realizado purgas entre ellos. Por ejemplo, el alcalde de Tipitapa, César Francisco Vásquez Valle, fue destituido, según confirmó Urnas Abiertas.
Urnas Abiertas detalló que Vásquez Valle fue notificado de su destitución el 27 de febrero, tras varias visitas de la Procuraduría General de la República desde finales de 2024, según fuentes ciudadanas.
Salazar señaló que con estas acciones, el régimen Ortega Murillo se consolida como un ejemplo claro de cómo la falta de institucionalidad y la centralización del poder llevan a la inestabilidad interna, donde los mismos miembros de su círculo cercano se ven arrastrados por los caprichos del poder.
«A los nicaragüenses nos queda claro que esta dictadura no tiene la capacidad de ofrecer un futuro sólido ni de garantizar estabilidad política, porque está basada en la desconfianza, la represión y el control absoluto», dijo Salazar.
Peligro también para la dictadura
El politólogo Félix Maradiaga, consideró que estos movimientos del régimen Ortega Murillo provocan que el círculo de la dictadura se reduzca.
«Hoy en día, quienes aún forman parte del Estado o de lo que queda del partido sandinista, devenido en una estructura criminal familiar, deben estar claros de que los Ortega Murillo disfrutan sintiendo tener el control sobre el destino, la libertad, los bienes, la dignidad y hasta la vida de quienes les rodean y sus familias, por lo que nadie, por leal o útil que les pueda resultar en algún momento puede sentir certidumbre de su futuro», dijo Maradiaga.
