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Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Canadá prácticamente carecía de una industria militar significativa. Seis años después, las fábricas canadienses habían producido miles de aviones, cientos de buques de guerra y más de 800,000 vehículos militares. Un país de tan solo 11 millones de habitantes se había convertido en una potencia militar-industrial.
La fuerte inversión gubernamental fue vital para esta transformación. Pero ese gasto habría tenido poco impacto si Canadá no hubiera construido también instituciones, mecanismos de financiación e infraestructuras capaces de transformar rápidamente los compromisos políticos en producción industrial a gran escala. Mientras los líderes de la OTAN se reúnen en Ankara para su cumbre de 2026, los días 7 y 8 de julio, deberían tener muy presente esta lección.
En Europa y Norteamérica, los gobiernos están incrementando su gasto en defensa. Anuncian nuevos planes de equipamiento, programas de adquisición y objetivos de gasto, incluyendo el compromiso de destinar el 5 por ciento del PIB a defensa para 2035. Establecer la defensa como una prioridad estratégica, aumentar el gasto y mejorar los sistemas de adquisición son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, convertir los recursos en capacidades militares requerirá el desarrollo de la capacidad industrial.
Ucrania ha demostrado que las guerras modernas se financian antes de librarse. Desde la invasión rusa a gran escala en 2022, Ucrania ha movilizado miles de millones de dólares para expandir el desarrollo y la producción de drones. Los resultados han sido extraordinarios: drones que cuestan solo unos miles de dólares pueden destruir equipo militar valorado en cientos o incluso miles de veces más. Incluso cuando son interceptados, infligen grandes pérdidas a Rusia, que podría verse obligada a disparar misiles de defensa aérea que cuestan decenas o cientos de miles de dólares. Nada de esto habría sido posible sin la financiación de las fábricas, los ingenieros, el software, las cadenas de suministro y la capacidad de producción necesarios para fabricar drones a gran escala.
Los países de la OTAN no carecen de recursos, experiencia tecnológica ni voluntad política. Lo que les falta son estructuras de mercado capaces de transformar estas fortalezas en capacidades militares a la velocidad y escala que exige el entorno de seguridad actual. La capacidad de producción sigue siendo limitada, los plazos de entrega se extienden durante años y las cadenas de suministro críticas son frágiles. A medida que persisten los cuellos de botella, la inflación en el sector de la defensa continúa aumentando, erosionando el poder adquisitivo y retrasando el despliegue de capacidades que se necesitan con urgencia.
Si los aliados de la OTAN pretenden desarrollar la capacidad industrial necesaria para la disuasión, deberán alcanzar niveles de capacidad de respuesta industrial propios de tiempos de guerra, sin adoptar niveles de control económico similares a los de un conflicto bélico. Esto exige un nuevo enfoque para la creación de mercados.
El primer reto consiste en generar una demanda fiable a largo plazo, requisito indispensable para la inversión privada en la construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las líneas de producción. Esto implica que los gobiernos nacionales deben asumir compromisos de adquisición creíbles y plurianuales, tanto de forma independiente como con sus aliados.
El segundo desafío radica en financiar esta nueva demanda. Incluso cuando existen pedidos futuros, la expansión industrial requiere acceso a capital asequible a largo plazo. Las nuevas fábricas, equipos y líneas de producción exigen una importante inversión inicial. Los fabricantes suelen obtener préstamos de bancos comerciales para financiar estas inversiones, cuyo costo se refleja finalmente en el precio que los gobiernos pagan por el equipo militar y las municiones. Cuando la financiación comercial no está disponible o es demasiado costosa, los gobiernos a menudo no tienen más remedio que intervenir.
Un enfoque de creación de mercado sería más rentable y productivo que el sistema actual. Comienza con una institución multilateral diseñada específicamente para servir como plataforma de financiación dedicada al desarrollo y la expansión de las industrias de defensa y las cadenas de suministro conexas. Este es precisamente el papel que se pretende desempeñar en el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB), actualmente en debate.
Al crear un mercado de financiación de la defensa respaldado por el Estado, la Junta de Reserva de la Defensa (DSRB) contribuiría a reducir el coste de financiar la expansión industrial. El entorno de financiación más seguro que esto implica —junto con los compromisos de demanda a largo plazo que garantizan los ingresos futuros— atraería a prestamistas comerciales e impulsaría la inversión privada.
Esto contribuiría en gran medida a aliviar la presión sobre los presupuestos de defensa, que, en el sistema actual, deben cubrir no solo las inversiones directas en capacidades militares, sino también los costos de financiación asociados, el riesgo industrial y la ineficiencia. Cuanto más se reduzcan estos últimos costos, más drones, misiles y municiones podrán adquirir los gobiernos. Destinar más recursos es positivo, pero optimizar el uso de los recursos ya destinados es aún mejor.
La DSRB representa más que una simple institución crediticia. Con el tiempo, crearía una curva de rendimiento específica para defensa, seguridad y resiliencia, con calificación AAA. De esta manera, empresas, bancos y gobiernos podrían obtener condiciones de financiamiento diseñadas específicamente para los largos plazos de inversión necesarios para construir fábricas, fortalecer las cadenas de suministro y expandir la producción de defensa.
El fortalecimiento de las capacidades de defensa no se limita a la política de seguridad, sino que también es una cuestión de política industrial. Las mismas inversiones que refuerzan la disuasión pueden, asimismo, impulsar la manufactura, la innovación, las exportaciones y el crecimiento económico.
Con la adquisición plurianual que genera la señal de demanda y la DSRB que proporciona la plataforma de financiación, los aliados finalmente pueden construir un mercado de defensa funcional. Dicho mercado no reemplazaría los presupuestos de defensa nacionales; los haría más efectivos. El gasto en defensa se convertiría en inversión. La inversión se convertiría en producción. Y la producción se convertiría en disuasión.
En 1939, Canadá no se convirtió en una potencia militar-industrial simplemente porque gastaba más dinero que los demás. Más bien, construyó las instituciones, los mecanismos de financiación y las estructuras industriales que transformaron el gasto en producción.
Los autores, Fiona E. Murray es catedrática de Emprendimiento en la Escuela de Administración Sloan del MIT y presidenta del Fondo de Innovación de la OTAN; Robert Murray es catedrático en la Universidad Johns Hopkins e investigador sénior no residente del Atlantic Council, fue jefe de innovación en la OTAN y es miembro honorario del Consejo de Geoestrategia.
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