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Mientras diversos organismos piden a los países activar los mecanismos de justicia internacional para que Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices respondan por los crímenes de lesa humanidad que cometen, las violaciones a los derechos laborales, empresariales y sindicales los podrían llevar primero ante tribunales internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó una Comisión de Encuesta para que investigue las violaciones a los derechos de trabajadores y empresarios, proceso que ante la falta de cooperación del régimen llegaría hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT y la organización recurre a él cuando un Estado miembro está acusado de «cometer violaciones persistentes y graves, y se niega reiteradamente a ocuparse del ello». En sus más de cien años de historia la organización sólo ha recurrido a esta Comisión en 14 ocasiones, dos de ellas para Nicaragua. La primera en los años 80 durante el primer gobierno de Daniel Ortega y ahora por los abusos que este sigue cometiendo.
Y aunque Nicaragua anunció en febrero de este año que se retiraba del organismo, el mecanismo de salida establece que tras confirmar su retiro seguirá vinculada a él por un periodo de dos años, por tanto el proceso de investigación continúa sin interrupción.
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Los esfuerzos previos de la OIT
Durante su 353 reunión anual el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, desde el 10 de marzo y concluirá mañana, decidió establecer la Comisión de Encuesta para que examine las alegaciones de la queja presentada en 2023 por varios delegados de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), contra el Gobierno de Nicaragua.
La denuncia contra el régimen Ortega Murillo es por incumplir cuatro convenios del organismo: el 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; el 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva; el 111 sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación); y el 144 sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo).
En el documento que ordena crear la Comisión de Encuesta, el Consejo de Administración explica que en 2024 examinó un informe sobre la queja que presentó la OIE en 2023. Lamenta la falta de compromiso de Nicaragua, la falta de respuesta a las comunicaciones enviadas y la negativa de facilitar la información solicitada. Además, instó a la dictadura a responder a la brevedad posible las comunicaciones enviadas y a proporcionar la información solicitada. En ese momento también se decidió enviar una misión tripartita de alto nivel para evaluar la situación.
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Ortega no logró imponer su narrativa
Además explica que en noviembre del año pasado enviaron una carta al Gobierno de Nicaragua para comunicarle que enviarían la misión tripartita, por lo que solicitaron establecer un diálogo para organizar la visita. Pero al 17 de marzo de 2025 no han recibido respuesta, por tanto avanzaron según las normas del organismo y ordenaron crear la Comisión de Encuesta.
Para un dirigente empresarial que prefiere no identificarse, el anuncio de la OIT tiene dos interpretaciones, una de forma porque al momento de aprobar la creación de la Comisión de Encuesta paralelamente inició el proceso administrativo que ayer mismo aprobó los recursos y las fuentes de financiamiento para garantizar el trabajo de la Comisión. El siguiente paso será conformar la Comisión que igual que en los años 80 estará integrada por un presidente y dos miembros.
Como interpretación de fondo considera que lo relevante es el esfuerzo que desplegó la dictadura en los últimos años para venderse como un país respetuoso del tripartismo en el que todo está normal, pero no le funcionó.
«El respaldo de los trabajadores fue total y muestra que su historia de ficción está cada vez más al descubierto. La comunidad internacional a través de Gobierno, parlamentos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones empresariales y de trabajadores, sigue enarbolando la bandera de lucha contra el régimen y mostrando su verdadero rostro», dice el dirigente empresarial.
Comisión trabajará dentro o fuera de Nicaragua
Además, considera que a diferencia de lo ocurrido en noviembre de 1989, cuando a la Comisión de Encuesta sí se le permitió ingresar al país, porque es obligación de los países miembros, la Comisión actual seguramente no lo logrará.
Ese año, la Comisión de Encuesta estuvo presidida por el brasileño José Sette Camara, exvicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Integrada también por el argentino René Ricardo Mirolo, profesor de derecho del trabajo de la Universidad de Córdoba y el español José Vida Soria, catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y exrector de la Universidad de Granada, España.
Si la Comisión no logra entrar a Nicaragua, tendrán que trabajar desde afuera, seguramente en un país vecino. Al concluir sus investigaciones deben elaborar un informe con los hallazgos y recomendaciones para presentarlo al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, quien a su vez lo compartirá con el órgano de dirección que será el encargado de hacerlo llegar a la dictadura Ortega Murillo, que tendrá un periodo de tres meses para responder.
«Si la dictadura Ortega Murillo no contesta al informe, el caso puede ser llevado a la Corte Internacional de Justicia», dice un dirigente empresarial.
La denuncia contra Nicaragua se sustenta en el artículo 26 de la Constitución de la OIT. El artículo 29 contempla someter la queja ante la CIJ y advierte que si la queja llega hasta ese tribunal, la decisión que este tome sobre cualquier reclamación o cuestión será inapelable.
