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Para algunos especialistas en derecho constitucional, la Constitución Política de Nicaragua fue suplantada este miércoles por la «Constitución sandinista» que es represiva y totalitaria, luego de que esta entrara en vigor al publicarse en La Gaceta, diario oficial. Dicha reforma es «vendida» por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una «reforma parcial». Sin embargo, especialistas consultados por LA PRENSA sostienen que, en realidad, esta consistió en la imposición de una nueva Constitución que otorga absoluto control a la pareja de dictadores.
Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1987, esta se modificó en 15 ocasiones. Sin embargo, desde la llegada al poder de Ortega en 2007, la Carta Magna del país ha sido reformada en diez ocasiones, incluyendo la última, que entró en vigor ayer.
A criterio de los especialistas, consultados bajo anonimato por temor a represalias, cuatro reformas —sin incluir la «reforma» de 2024-2025— han sido las más destacadas por sus inconsistencias jurídicas, aunque admiten que la actual imposición de la nueva Constitución representa el mayor cambio que se le ha hecho a la Carta Magna del país.
La reforma para la reelección indefinida
A través de la Ley 854, en 2014 se reformaron 40 artículos de la Constitución Política y, entre otras disposiciones, se estableció la reelección indefinida. Esto a pesar de que Ortega, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2009, había logrado reelegirse en 2011 alegando que la no reelección violaba sus derechos humanos.
El 11 de febrero entró en vigor la reforma que también incorporó los «valores socialistas» dentro de los principios fundamentales.
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Asimismo, el artículo 101 de esa Constitución establece el derecho de los trabajadores y demás sectores productivos a participar en los planes económicos «de conformidad con el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado». A la vez, el artículo 98 confería un rol significativo al sector privado.
De acuerdo con el artículo 147, desapareció la posible doble vuelta electoral del texto anterior si ningún candidato obtenía como mínimo un 35 o 40 por ciento de los votos.
Prisión perpetua «revisable»
En enero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó en segunda legislatura una reforma al artículo 37 de la Constitución Política para establecer la prisión perpetua «revisable» a quienes cometan delitos de odio. Esta medida fue criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas, quienes aseguraban que no reduciría los femicidios.
“Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”, establece la reforma al artículo constitucional.
La Policía ya no es apartidaria
El 16 de enero de 2024 se aprobó una reforma al artículo 87 de la Constitución que eliminó el carácter apartidario de la Policía. Además, concentró mayor poder en la Presidencia sobre esta institución del orden público.
«La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República, en su carácter de jefe supremo y en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia», señala la reforma.
Reforma para arrebatar la nacionalidad
El 18 de enero de 2024, la Asamblea Nacional aprobó -en segunda legislatura- una reforma al artículo 21 de la Carta Magna para despojar de la nacionalidad a quienes el régimen considera «traidores de la patria».
«La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los Traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense», señala el artículo reformado.
Pese a no estar vigente al no haber sido aprobada aún, la dictadura aplicó esta reforma el 9 y el 13 de febrero del año anterior luego de que se aprobara en primera legislatura -y que no estuviera en vigor- para despojar de la nacionalidad a 316 nicaragüenses, 222 de estos excarcelados políticos que el régimen expulsó a Estados Unidos.
Reforma de 1995 le dio vitalidad a la Constitución
A consideración de un especialista en derecho constitucional consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, la reforma constitucional de 1995 representó un esfuerzo significativo para descentralizar el poder y fortalecer las instituciones democráticas.
«Uno de los cambios más significativos de esta reforma fue la reducción del poder del Ejecutivo. Antes de 1995, el presidente tenía la capacidad de emitir decretos con fuerza de ley y de gobernar por decreto en situaciones de emergencia sin control del Legislativo», refirió.
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También se fortaleció la Asamblea Nacional otorgándole la potestad de ratificar tratados internacionales y mayor participación en la designación de altos funcionarios, como magistrados del poder judicial y del Consejo Supremo Electoral, para evitar que el poder ejecutivo ejerciera un control unilateral sobre las instituciones del Estado.
«Otro aspecto fundamental fue la descentralización del poder a nivel local. Con la reforma se reconoció la autonomía municipal, permitiendo la elección directa de alcaldes y concejales. Esto marcó un avance en la democratización del país, al dar mayor poder de decisión a los gobiernos locales y fomentar la participación ciudadana en la administración pública», señala el especialista.
El pacto de Ortega con Alemán
Sin embargo, cinco años después de las reformas de 1995, que buscaban mayor pluralismo para el país, el pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo y el dictador Daniel Ortega echó al traste ese camino.
A través de una reforma constitucional aprobada el 18 de enero del 2000 se disminuyó el porcentaje del voto popular requerido para ganar una elección, del 45 al 40 por ciento, salvo que, con por lo menos el 35 por ciento del voto popular superara al segundo lugar por una diferencia mínima del cinco por ciento. De esta manera, Ortega obtuvo la Presidencia en 2006 con apenas la base de sus votos históricos.
Además, la Corte Suprema de Justicia pasó a ser integrada por 16 magistrados y 16 suplentes, en vez de solo 12 magistrados, repartiéndose los cargos.
