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CONTENIDO EXCLUSIVO.El día que lo arrestaron, Rojas solo iba a cortarse el cabello. Se despidió de su esposa con un beso rápido y salió de casa en Spokane, Washington. Era la tarde del 8 de febrero. Al poco tiempo, agentes de inmigración lo rodearon.
No hubo forcejeo. Sabía que no podía resistirse. Tenía claro que en los registros del Gobierno de Estados Unidos su nombre estaba en una lista con una orden de deportación.
Desde entonces el nicaragüense A. Rojas, de 38 años, solicitante de asilo político, no ha vuelto a su casa y su familia teme que, de ser deportado a Nicaragua, ingrese directamente a una celda de las cárceles sandinistas.
Escapó de los cárteles
Rojas recorrió Centroamérica hasta cruzar la frontera de Estados Unidos en julio de 2019, tras un viaje que incluyó golpizas y robos, amenazas de muerte e intento de secuestro de cárteles de la droga en Piedras Negras, Cuahuila de Zaragoza, México.
En Nicaragua, había participado en las protestas de abril de 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su petición de asilo comentó que estuvo en los tranques del norte y que eso le generó amenazas de muerte y persecución a él y su familia por las fuerzas de seguridad del régimen.
A un tío suyo, quien luego lo acompañó en el viaje, los paramilitares le pegaron dos balazos en el hombro y una cadera durante las protestas y su casa fue marcada por la Policía con las siglas Plomo, un aviso de que ya no estaba seguros.
Su familia simpatizaba con un partido político adversario al Frente Sandinista y ellos se habían integrado como activistas electorales; cuando estallaron las protestas de abril de 2018 salieron a las calles, como miles, a protestar contra la violación de los derechos humanos.
Cuando cruzó la frontera sur de Estados Unidos, A. Rojas intentó pedir asilo ante los agentes de migración, pero lo detuvieron y lo enviaron primero a unas celdas denominadas popularmente como “la hielera” y luego a otras sedes de detenciones para migrantes donde permaneció meses.
En 2020, su solicitud de asilo fue rechazada y fue trasladado a un centro de detención de ICE, donde permaneció 14 meses en espera de ser deportado.
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Lo salvaron la pandemia y sus problemas de salud: solo tiene un riñón, secuela de un accidente infantil. Sus abogados de oficio argumentaron que no podía recibir la atención médica adecuada en la cárcel. ICE lo liberó en noviembre de 2021 con la condición de gestionar su libertad condicional y regularizar su status migratorio.
“D”, su pareja, dijo al medio local The Spokesman Review que la decisión del ICE para él y su familia fue un milagro.
Desde entonces, la familia se estableció en Spokane. Rojas se convirtió en mecánico, obtuvo un permiso de trabajo legal y lo renovaba cada año. Nunca tuvo problemas con la ley. Construyó una vida, una familia y tuvo tres hijos que lo esperaban cada tarde para jugar a las escondidas en casa.
Pero la burocracia no perdona.
El 30 de junio de 2021, la corte de inmigración denegó su solicitud de asilo por falta de evidencias. La familia reclama que no se les notificó de inmediato y cuando Rojas se enteró, no apeló dentro del plazo de 30 días.
Su esposa asegura que nunca supieron que podían apelar. Sus abogados de entonces tampoco les informaron. Esa omisión fue fatal. Desde ese momento, la orden de deportación quedó firme.
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Una familia sin respuestas
El arresto del migrante nicaragüense fue como una bomba en la vida de su familia. Se llevaron su permiso de trabajo. Lo trasladaron al condado de Kootenai, en Idaho, y cuando su familia intentó verlo al día siguiente, ya no estaba ahí.
Lo habían enviado al Centro de Detención de Tacoma, la antesala donde esperan los deportados antes de ser expulsados del país.
“D” no ha podido hablar con él. Sus abogados tampoco. El único contacto que tuvo con las autoridades fue cuando le pasaron un documento en inglés y lo hicieron firmar. Ella no sabe qué firmó. “¿Por qué le dieron un permiso de trabajo si nunca podría quedarse?”, se pregunta una y otra vez.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos en Washington, no hay acusaciones criminales contra el nicaragüense. Sin embargo, las autoridades insisten en que “debió haberse ido en 2021”.
Su abogado, Samuel Smith, de la organización sin fines de lucro Manzanita Immigrant Legal Aid, lucha por frenar la deportación. También lo hace un grupo de políticos que han tomado su caso como una causa personal: el senador Marcus Riccelli, la senadora María Cantwell, el gobernador Bob Ferguson y el fiscal general Nick Brown.
Riccelli lo conoció en la liga de fútbol aficionado de Spokane. Jugaban en el mismo equipo. Se hicieron amigos en la cancha, aunque fuera del deporte no hablaran mucho. Pero Riccelli lo recuerda bien: un hombre alegre, trabajador, que ama a su familia.
Un día, en diciembre, Rojas se acercó a él después de un partido y le habló de su miedo a ser deportado. No sabía que Riccelli era senador.
“Si pasa algo, llámame”, le dijo Riccelli. “Por favor, ayuda”, fue el último mensaje que el nicaragüense alcanzó a enviar desde su teléfono antes de que se lo quitaran los agentes de ICE.
Luego “D” volvió a marcar y le pidió ayuda al senador: “Se lo llevaron. Lo van a deportar”, dijo en español. De inmediato el senador solicitó información del caso y ahora, junto a otras personas, trata de evitar su deportación.
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¿Deportación inevitable?
El caso, además, ya es del conocimiento de dos organizaciones de derechos de los migrantes en Estados Unidos.
DOMINGO habló con Texas Nicaraguan Community, un organismo sin fines de lucro que da seguimiento a los casos de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos.
Ellos se enteraron del caso de A. Rojas a través de los medios de comunicación y a partir de ahí han pedido más información, aunque ven “muy complicado” el asunto.
“Es una situación terrible que están pasando miles de nicaragüenses, es triste que no hayan tenido acompañamiento legal que les permitiera evitar la deportación. El caso de A… es muy triste, está complicado”, dijo un miembro de la organización.
Ellos reportan que decenas de compatriotas enfrentan la misma amenaza de deportación, debido en parte, a la falta de asesoría en su debido momento para someter recursos, apelaciones, preparar evidencias y otros trámites legales ante las autoridades migratorias.
Lo mismo comparte una abogada nicaragüense, radicada en California, a cuya oficina llegó esta semana el pedido de una organización humanitaria que aboga por evitar la deportación de A. Rojas.
De inmediato ella se puso a leer y analizar el caso para darle una respuesta urgente a la oficina que le ha pedido asesoría, razón por la cual pide “mantener en sigilo tanto los nombres como los detalles del caso, hay niños de por medio, una situación de urgencia y un caso muy complicado que valorar”.
“Sólo puedo decir que es un caso muy, pero muy complejo. La nueva administración está actuando demasiado rápido y sería un milagro si a estas alturas no lo han deportado ya”, dijo la abogada.
Destino incierto
Cada noche, “D” les dice a sus hijos que su padre volverá pronto. Ella no sabe si es verdad. Ni siquiera sabe si aun está en Estados Unidos.
A veces, los niños escuchan el sonido de un motor en la calle y se esconden detrás de los muebles. Están esperando que su padre entre por la puerta y los busque, como hacía siempre.
Ellos, de momento, están seguros. Su mamá y los miembros de la comunidad metieron sus casos de migración con éxito y están en espera de una audiencia que les permita la residencia.
Pero Rojas sí está complicado, admite su esposa a los periodistas de Spokesman Review.
Ella insiste en que su pareja no puede regresar a Nicaragua, el país que lo persiguió. Significa regresar al sitio del que huyó cuando su tío recibió dos disparos en una manifestación, cuando su casa fue marcada con pintura por la Policía, cuando vio a un joven caer muerto por un disparo en la cabeza a metros de él. Regresar sería una sentencia a prisión.
O algo peor.
