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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado su ofensiva contra la Iglesia católica a un nivel sin precedentes. Desde el encarcelamiento y exilio forzado de obispos y sacerdotes, hasta el cierre de medios de comunicación religiosos, la represión ha escalado hasta el punto de desconocer la autoridad del papa en Nicaragua. Ahora, el régimen se atreve a rechazar el nombramiento de monseñor Rolando Álvarez, un claro intento de imponer un galicanismo autoritario, socavando la independencia de la Iglesia y violando la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por el derecho internacional.
El galicanismo fue una doctrina que, en la Francia absolutista, buscó limitar la autoridad del papa sobre la Iglesia en favor del control del Estado. Aunque este modelo fue derrotado en su tiempo, el sandinismo intenta resucitarlo bajo una forma autoritaria, pretendiendo que la Iglesia en Nicaragua sea gobernada desde Managua en lugar de Roma. Bajo el falso argumento de la “soberanía nacional”, el régimen de Ortega y Murillo pretende romper la comunión entre la Iglesia nicaragüense y el Vaticano, desconociendo el derecho del Papa a nombrar obispos.
Esta es una estrategia clara de los regímenes totalitarios que buscan cooptar la religión para sus propios fines políticos. Un Estado que se adjudica el derecho de nombrar o rechazar a sus propios obispos ya no es un Estado democrático, sino un régimen que busca suplantar a la Iglesia con una versión domesticada y subordinada al poder político.
La arremetida del sandinismo contra la Iglesia católica en Nicaragua no es solo una cuestión de política interna, sino una violación directa a tratados y normas de derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Nicaragua, reafirma este principio y protege a las comunidades religiosas de injerencias estatales.
Además, a lo largo de la historia, el Estado nicaragüense ha reconocido la autoridad de la Santa Sede en los asuntos eclesiásticos. El concordato no escrito entre Nicaragua y el Vaticano ha permitido durante décadas que el papa nombre libremente a los obispos. Desconocer esta práctica es una violación de los acuerdos históricos entre la Iglesia y el Estado, y un paso más en la conversión de Nicaragua en un Estado totalitario.
Ante este panorama sombrío, la valentía de monseñor Rolando Álvarez y monseñor Silvio Báez se alza como un faro de resistencia moral. Monseñor Álvarez, quien ha sido perseguido, encarcelado y finalmente desterrado por su compromiso con la verdad, representa la dignidad de una Iglesia que se niega a doblar la rodilla ante el poder autoritario. Su negativa a exiliarse en un primer momento, prefiriendo la cárcel antes que abandonar su pueblo, es un testimonio de fe y coraje.
Por su parte, monseñor Silvio Báez, hoy exiliado, ha seguido denunciando con firmeza los crímenes del régimen, demostrando que la Iglesia no puede ser silenciada. Su voz, junto a la de otros sacerdotes y fieles perseguidos, recuerda que el testimonio cristiano no es compatible con la tiranía.
La historia ha demostrado que los intentos de los regímenes autoritarios por someter a la Iglesia están destinados al fracaso. Desde el Imperio Romano hasta las dictaduras del siglo XX, la fe ha resistido y sobrevivido a todas las formas de persecución. Ortega y Murillo pueden expulsar sacerdotes, confiscar iglesias y clausurar medios de comunicación religiosos, pero no podrán arrancar la fe del corazón del pueblo nicaragüense.
El mundo libre no puede permanecer indiferente ante este ataque a la libertad religiosa en Nicaragua. La comunidad internacional debe intensificar la presión sobre el régimen sandinista, denunciando estas violaciones a los derechos humanos y exigiendo el respeto a la autonomía de la Iglesia. Porque al final, como ha sucedido a lo largo de la historia, la dictadura caerá, pero la Iglesia prevalecerá.
El autor es activista político opositor en el exilio.
