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Aunque el plan de explotar el potencial de expansión de las áreas de siembra, para elevar la producción y las exportaciones de cacao, es otro de los proyectos que quedó en el olvido, debido entre otras cosas, al retiro de la cooperación internacional, el cierre de organizaciones como la Asociación de Productores y Exportadores (APEN) y principalmente por la ausencia de una política pública enfocada en alcanzar esa meta, el régimen Ortega Murillo adoptará las enmiendas del Convenio Internacional del Cacao (CIC) que aprobó en 2022 el Consejo de la Organización Internacional del Cacao (ICCO por su siglas en inglés).
Como productor de cacao fino, Nicaragua es uno de los 52 miembros de la Organización Internacional del Cacao. La calidad del grano que produce le permitió entrar a este organismo en 2013 y ahora, a través de la iniciativa de Decreto Legislativo los diputados de la Asamblea Nacional aprobarán en los próximos días, el Convenio Internacional del Cacao 2010, modificado en 2022 por el Consejo Internacional del Cacao.
La aprobación de estas reformas es parte de los compromisos que Nicaragua tiene con la ICCO; ya que cuando la organización adoptó la versión enmendada del CIC 2010, recomendó a todas las partes contratantes que aceptaran las enmiendas.
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Sostenibilidad de la producción de cacao
Según el Consejo Internacional del Cacao (CIC), la adaptación del convenio busca convertirlo en un instrumento «enfocado al futuro y mejor adaptado para afrontar los retos actuales con los que se enfrenta la economía cacaotera mundial».
Entre las modificaciones que se incluyeron destaca que ahora el convenio es indefinido y no temporal como antes, pero lo revisarán cada cinco años, para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas, ejecutadas en el marco del convenio. Además, para asegurar el desarrollo acelerado de la economía mundial del sector, alinearon las disposiciones del convenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre los cambios también incluyeron el «objetivo clave» relacionado con la consecución de unos ingresos dignos para los productores, así como precios de referencia que garanticen la sostenibilidad económica del sector. Además, incluye disposiciones relacionadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental; e insiste en la necesidad de darle valor agregado a la producción del grano, mejorar la calidad y garantizar la inocuidad alimentaria.
Potencial no se aprovecha
El nuevo convenio del Consejo Internacional del Cacao, que Nicaragua ratificará en los próximos días a través de un decreto legislativo, también destaca la importancia de la investigación y la innovación en la cadena de valor del cacao; y la necesidad de una colaboración más amplia con los donantes para la financiación de proyectos de desarrollo en el sector.
Pero mientras el régimen Ortega Murillo asume compromisos con este organismo internacional, a nivel interno no ejecuta ningún proyecto específico para aprovechar el potencial del sector, que tras la salida del país de diversos organismos de cooperación y el cierre de otros como la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) que estaba enfocado en hacerlo crecer, los productores perdieron ese apoyo. Incluso, el intento de formalizar su propia cámara fue abandonado ante el cierre de todas las organizaciones empresariales.
Aunque en los últimos años la producción y exportación del cacao creció casi 50 por ciento, sigue siendo prácticamente insignificante en relación a otros productos, y mucho más a la demanda en el mercado internacional. Incluso, los volúmenes de producción son tan bajos que no aparecen en los reportes de exportación.
Pero según los Planes Nacionales de Producción, en 2017 se produjeron 145,500 quintales de cacao y se exportaron 95,300 quintales, por los que el país recibió 6 millones de dólares. Siete años después, en 2024 la producción subió a 215,700 quintales, se exportaron 143,200 y esta venta generó 8.4 millones de dólares, monto que presenta alrededor del 0.1 por ciento de las exportaciones de nicaragüenses.
