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La investigadora y abogada en el exilio, Martha Patricia Molina, denunció que se desconoce el paradero de las monjas Clarisas, tras haber sido desalojadas de los monasterios la noche del miércoles 28 de enero.
Según Molina, la dictadura de Daniel Ortega les comunicó a las religiosas el desalojo inmediato de las propiedades donde vivían y la confiscación de sus bienes. Las monjas tenían monasterios en León, Chinandega, Managua y Granada.
«Solamente dejaron que sacaran pocas pertenencias, lo que les alcanzaba apenas en sus manos. La mayoría de las religiosas son nicaragüenses. Se desconoce el paradero de ellas», escribió en Twitter Molina, quien ha documentado los ataques contra la Iglesia católica desde 2018 en su informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, .
Molina negó que las monjas hayan terminado su misión en Nicaragua, como lo podría hacer creer la dictadura de Daniel Ortega, que ha expulsado a cientos de religiosos en el país. «Ningún religioso/a abandona su misión en Nicaragua por propia voluntad sino por la persecución religiosa», dijo la abogada.
La Asociación Hermanas Clarisas Franciscanas se estableció jurídicamente en Nicaragua desde febrero de 2004, pero el 19 de mayo de 2023 fue cancelada arbitrariamente, junto con otras organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la Iglesia.
La semana pasada también se conoció que las monjas de la orden Carmelitas Descalzos tuvieron que abandonar su misión y el país, como ha ocurrido con otras religiosas.
Curia de Matagalpa saqueada por la Policía
Horas antes de la expulsión de las monjas Clarisas, camiones de la Policía sandinista y de la Alcaldía estaban sacando bienes de la Curia Arzobispal de Matagalpa, propiedad que estaba tomada por la Policía orteguista.
La Curia Arzobispal de Matagalpa fue el lugar de donde la Policía sacó al obispo Rolando Álvarez en agosto de 2022, tras días de asedio y luego fue encarcelado más de un año, hasta su destierro a Roma junto con otros religiosos.
Ortega en guerra contra la Iglesia católica
En Nicaragua, la dictadura de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia católica de haber apoyado las protestas de 2018, que para Ortega fue un intento de «golpe de Estado».
En los últimos años, el régimen Ortega Murillo ha radicalizado sus ataques contra la Iglesia católica, encarcelando sacerdotes y prohibiendo todas las actividades religiosas que se realicen fuera de los templos. También ha cancelado numerosas organizaciones sociales, caritativas, albergues de la Iglesia católica, centros académicos, medios de comunicación de línea católica, además ha expulsado monjas y sacerdotes del país, etc.