La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Gadea Mantilla versus Nicaragua, que condenó al Estado de Nicaragua por permitir la reelección presidencial en 2011 del dictador Daniel Ortega, al estar esta prohibida por la Constitución Política, abre el camino para que la comunidad internacional desconozca al régimen Ortega-Murillo. Además establece que la ilegitimidad de la dictadura inició con esa reelección, casi siete años antes del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018.
Aunque la Corte-IDH no menciona explícitamente que Ortega sea ilegítimo, las conclusiones de su sentencia cuestionan la legitimidad del proceso electoral que permitió su reelección y denuncian las graves irregularidades que afectaron la igualdad de condiciones en la contienda política.
La Corte-IDH, en su sentencia, que llegó casi 14 años después de los comicios, deja claro que la reelección de Ortega no constituye un derecho humano, como argumentó el dictador para justificar su reelección en 2011.
“La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega y, además, consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso”, declaró la presidenta de la Corte-IDH, Nancy Hernández, en un acto de notificación del fallo.
Un especialista, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguró que la declaración de que la reelección de Ortega en 2011 fue inconstitucional y, por ende, nula, tiene un impacto fundamental, puesto que, por primera vez, un tribunal internacional de alto rango y con reconocimiento en materia de derechos humanos declara la ilegitimidad, ilegalidad e inconstitucionalidad de origen del mandato de Ortega.
“La sentencia también aborda el abuso de poder, la falta de independencia judicial y las deficiencias en los procesos electorales. La Corte señala que estas irregularidades no han sido corregidas en los últimos 14 años. Además, reafirma que el sistema electoral está sometido a los intereses de Ortega y carece de la independencia necesaria para garantizar elecciones libres, transparentes y legítimas”, dijo el especialista.
Todo lo que hizo Ortega a partir de 2011 es ilegal
El especialista aseguró que esta sentencia sustenta que todas las acciones de Ortega después de 2011 son ilegales.
“Un gobierno democrático debería acatar de inmediato esta sentencia para corregir las irregularidades señaladas. El argumento de nulidad por inconstitucionalidad e ilegitimidad es una base sólida para desconocer los actos y decisiones de los gobiernos ilegales de Ortega, así como para declarar nulo todo aquello que perjudique los intereses esenciales del país”, refirió.
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El fallo responsabilizó al Estado de Nicaragua por la violación de los derechos políticos, las garantías judiciales y el acceso a la justicia de Fabio Gadea Mantilla, quien, como candidato presidencial en las elecciones de 2011, denunció irregularidades en el proceso electoral, entre ellas la inconstitucionalidad de la reelección presidencial.
“La Sala Constitucional y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al inaplicar una disposición constitucional que prohibía explícitamente la reelección presidencial, intentaron dar una apariencia de legalidad a la decisión que habilitó la candidatura del presidente Daniel Ortega”, explicó la jueza Hernández.
El tribunal también concluyó que “hay pruebas suficientes para establecer que estas decisiones estaban orientadas a garantizar la inscripción del presidente Ortega como candidato y facilitar su continuidad en el poder ejecutivo, lo cual representó un uso indebido de los recursos estatales en beneficio del candidato oficialista”, añadió Hernández.
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Trece años después
Si bien los procesos ante esta Corte suelen tardar entre seis y ocho años, este caso superó ese promedio. A consideración del especialista, esto puede deberse a la complejidad del caso.
“Esto se debe a su complejidad y a las implicaciones que tendrá, no solo para Nicaragua, sino también para otros países, al establecer jurisprudencia en temas de reelección y derechos humanos”, refirió.
Nicaragua en desacato desde 2022
En la notificación del fallo realizada el pasado jueves de forma telemática, no estuvo presente ningún representante del Estado nicaragüense.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, luego de que los jueces emitieran múltiples resoluciones de medidas provisionales. Estas ordenaban al Estado liberar y garantizar la vida y salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega que permanecen encarceladas.
Desde 2022, las medidas provisionales han beneficiado a 115 personas identificadas como «presos políticos» y a sus familiares.
