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La reciente aprobación de lo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denomina “reforma parcial” constituye una flagrante violación al marco jurídico establecido en la Constitución anterior y la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta supuesta reforma parcial, que en realidad es total, fue aprobada sin respetar los procedimientos previstos para una reforma de este tipo, lo que la convierte en un acto inconstitucional y jurídicamente nulo.
De acuerdo con la Constitución y la Ley 606, cualquier reforma debe seguir un procedimiento estricto que garantice transparencia, respeto al principio de legalidad y participación democrática. Específicamente, requiere una iniciativa formulada por el Ejecutivo o el Legislativo, acompañada de un proceso de deliberación y discusión en la Asamblea Nacional, que incluya un período de consulta y revisión. Esta no siguió este procedimiento y lo que aprobaron, por el número de artículos afectados y por el cambio de modelo de organización del Estado, implica la elaboración de una “nueva Constitución”.
Esta omisión constituye una grave violación a los principios fundamentales del derecho constitucional, por tanto, carece de efectos jurídicos válidos. En consecuencia, es nula desde su origen y no debería tener ningún efecto en el ordenamiento jurídico de Nicaragua.
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Los vicios en el proceso de aprobación de esta reforma profundizan su ilegitimidad e invalidan jurídicamente las modificaciones introducidas en el texto y el modelo de poder que intenta consolidar. Por tanto, la reforma no tiene respaldo constitucional legítimo ni el de la soberanía popular. En consecuencia, el régimen continúa actuando fuera del marco legal, consolidando un sistema autoritario y centralizado.
Agrava la usurpación del poder
Asimismo, esta reforma inconstitucional agrava la usurpación del poder por parte de Ortega y Murillo, aniquila la estabilidad del orden legal y la confianza en las instituciones. Extender el mandato y transformar a Murillo de vicepresidenta a copresidenta, es igualmente ilegal; arrastra y profundiza la ilegitimidad de origen de la reelección de Ortega en 2011 que contravino una prohibición constitucional.
Por otro lado, la entrada en vigor de esta “nueva Constitución” implica la adopción de un modelo totalitario que elimina los principios del Estado de derecho. Con su aprobación en segunda legislatura intentan oficializar un sistema político que despoja a las instituciones democráticas de su autonomía, concentra el poder en la figura de la “Presidencia”, sin los contrapesos necesarios de los Estados democráticos para el ejercicio legítimo del poder.
Además, la implementación de reformas secundarias y aprobación de leyes y reglamentos complementarios para ajustar el marco normativo a esta “nueva Constitución” es un intento de crear apariencia de legalidad. A través de estos “ajustes”, el régimen pretende maquillar la consolidación de un modelo represivo y autoritario para perpetuarse en el poder.
La “nueva Constitución” implica la concentración del poder, vulnera gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos y las obligaciones de Nicaragua frente al derecho internacional.
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Sienta las bases de una dinastía
Al convertir los poderes del Estado en órganos coordinados por los copresidentes, sin oportunidades reales de recurrir frente a las arbitrariedades, eliminan las garantías constitucionales que protegen las libertades y derechos individuales, y sientan las bases de un régimen dinástico y represivo sin precedentes en la historia constitucional del país. Esto profundiza la crisis institucional y demuestra el desprecio del régimen por el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de la población.
En consecuencia, la lucha por la restauración del Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos sigue siendo imperativa. Este acto de usurpación del poder, amparado en una nueva Constitución, no debe aceptarse como legítimo. La resistencia frente a este cambio es esencial para recuperar la soberanía y la dignidad del pueblo.
Los nicaragüenses debemos hacer causa común con venezolanos y cubanos para enfrentar a los usurpadores del poder que constituyen un grupo mafioso que se autorrespalda. La historia tarde o temprano juzgará la traición a la patria y la imposición de sistemas que carecen de legitimidad.
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Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es inútil que los codictadores resalten en los principios fundamentales de su Constitución la seguridad y la paz, ya que la mayor amenaza a la estabilidad está dada por su usurpación del poder. Además, es contradictorio que la “nueva Constitución” califique de traidor a la patria a todo aquel que exprese su compromiso con la democracia y la libertad, obviando que la verdadera traición es atribuirse ilegítimamente la representación del soberano, negándole a este su derecho a elegir a través del voto.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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