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Una joven de Managua, que tiene a su progenitora fuera de Nicaragua, llegó recientemente a un banco para depositarle 500 dólares debido a que le ha ido mal como migrante, pero tuvo que brindar una serie de detalles, excesivos, que incluían hasta en qué iba a gastar el dinero su madre.
En casi todo el país, los abogados penalistas han dejado de trabajar en su ramo y han tenido que ocuparse de casos de familia o civiles para sobrevivir, incluso, trabajar fuera de la profesión, ya que en la actualidad es literalmente un delito defender a religiosos o a personas catalogadas como opositoras a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, según revela la abogada Aura Estela Alarcón, iglesias evangélicas de todo el país han sido cerradas porque en una reunión con autoridades del régimen los líderes se opusieron a una cartilla inclusiva de género que Rosario Murillo les está imponiendo.
En San Carlos, Río San Juan, explica el ambientalista Amaru Ruiz, la gente habla en voz baja para no ser escuchada por el vecino afín a la dictadura, cuando quiere quejarse de la mala calidad de los servicios públicos.
Y, en este mes de diciembre pasado, indica el experto en administración de justicia Yader Morazán, muchos trabajadores del Estado evitaron hacer mayores gastos bajo la incertidumbre de si, al regresar a sus puestos en este mes de enero podrían ser despedidos, como ha ocurrido con muchos empleados públicos en los últimos meses.
Por su parte, el empresario y periodista ahora exiliado, Henry Briceño, señala que la dictadura gasta “un dineral” en eventos festivos cada semana mediante las alcaldías de todo el país, con tal de mantener entretenida a la población y no piense en los graves problemas sociopolíticos y económicos que aquejan a Nicaragua actualmente. Sin embargo, a esos eventos solo van los adeptos al régimen.
La vida de los nicaragüenses se ha complicado desde 2018, cuando el régimen Ortega Murillo reprimió con paramilitares y armas de guerra las protestas cívicas iniciadas en abril de ese año y, para huir de esa represión, casi un millón de nicaragüenses, un 13.6 por ciento de la población total, ha salido del país desde entonces, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) revelados en el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), presentado en marzo de 2024.
Sin embargo, obviamente, son muchos más los nicaragüenses que se han quedado en el país y se han visto obligados a vivir bajo las reglas de los Ortega Murillo.
“La gente sabe dos cosas en Nicaragua, una, que existe una especie de pacto social que es secreto, sabe que debe callar para poder estar en el país y sobrevivir. Todo mundo sabe que podés vivir en el país mientras no toqués al demonio. Por otro lado, sabe que no debe involucrarse en nada, ni siquiera en actividades religiosas”, indica Yader Morazán.
Del «vivir bonito» que pregonaba Rosario Murillo al inicio de la dictadura, el régimen Ortega ha pasado a imponer el «vivir feo» a los nicaragüenses.
Solo se habla en voz baja
En el campo, específicamente en la zona fronteriza con Costa Rica, la gente siente que “se ha encarecido la vida”, indica el líder ambientalista Amaru Ruiz. Sin embargo, “existe el temor de que nadie puede hablar” o quejarse.
“La gente baja la voz al hablar sobre temas que a veces ni siquiera son políticos, como que se vaya la luz en San Carlos”, manifiesta Ruiz, quien agrega que lo hacen porque desconfían de los vecinos, especialmente si son reconocidos adeptos al régimen de los Ortega Murillo.
Incluso, muchas personas mintieron durante el censo que realizó la dictadura en el pasado 2024, por temor a que la información brindada sirviera para que el régimen inicie persecuciones.
Lo peor de la actual represión de la dictadura, indica Ruiz, es que hay muchas familias desunidas en el país, porque mucha gente se ha ido, sobre todo jóvenes. “Eso ha cambiado hasta la dinámica de los pueblos”, expresa el ambientalista.
No todo es negativo, según Ruiz, porque conversando con la gente encuentra que, a pesar del temor que reina entre los nicaragüenses, también “hay esperanzas de que haya cambio”.
A la gente de Río San Juan le preocupan las barridas de empleados que el régimen realiza en las instituciones públicas, a los cuales despiden sin pagarles liquidaciones, así como también las destituciones de alcaldes.
“Sobre las destituciones de los alcaldes, algunos dicen que está bueno porque robaban o porque no han hecho nada. Otros dicen que está mal porque quien decide es la gente de la capital, ni mencionan a Daniel o Rosario, eso ya se sabe”, explica Ruiz.
Existe mucho miedo también por el control que está haciendo el régimen sobre las cuentas bancarias de la población, porque muchos reciben remesas, así como también les preocupan los controles migratorios, especialmente que ahora el régimen ha reformado las leyes migratorias para encarcelar a quienes crucen las fronteras de manera irregular.
“La cordobización de la economía, debido a las remesas, es algo que la gente también resiente. Dicen que quieren controlar remesas”, indica Ruiz, quien señala que la población no se queja necesariamente de cosas políticas, sino de las que les afectan económicamente, como la invasión de los negocios de chinos, manifiesta el líder social.
“No es lo que dice Daniel, que si envió una carta, es lo que les afecta en el día a día”, enfatiza.
El control a través de la justicia
Los abogados del país son unos de los gremios que más están sufriendo el impacto de la represión de los Ortega Murillo, explica la abogada Aura Estela Alarcón, porque se les criminaliza si defienden a religiosos o a personas consideradas como opositores, es decir, a los presos políticos.
“Defender personas por cuestiones políticas o religiosas se volvió un delito”, indica la jurista.
Debido a ello, muchos abogados están buscando otra manera de ganarse la vida y los juzgados del país se están llenando de abogados jóvenes que solo le dicen “sí señor” al sistema de justicia del régimen y, en muchos de los casos, son jóvenes afines a la dictadura.
“Ahora, lo que la Policía diga es ley aunque sea invento”, lamenta Alarcón, quien señala que en los casos políticos quienes están actuando son los defensores públicos, totalmente obedientes a la dictadura, lo que ubica a la población bajo el control total de la dictadura.
“La gente vive en silencio y los abogados bajo control. La gente, por sobrevivir hace lo que dice el Gobierno”, cuestiona la abogada.
Desde hace tiempo, añade Alarcón, para vender sus propiedades la ciudadanía tiene que informar a la Procuraduría General de la República (PGR) y, si un notario hace una carta venta, le tiene que informar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cinco días que alguien está vendiendo algo o quién compró y de dónde sacó el dinero.
“En Nicaragua la gente no es dueña de sus propiedades. Es una manera de controlar al pueblo”, lamenta.
A pesar de que se pueda decir que hay normalidad en Nicaragua, la abogada afirma que no es así.
“Nada puede estar normal cuando se está debajo de un silencio, cuando no existe libertad, cuando todas las leyes que se están aprobando se hacen sin el mecanismo legal de la Constitución, el mismo hecho de haber (los Ortega Murillo) transformado la Constitución a su favor, quita toda normalidad”, sentenció.
El espionaje de la dictadura
La población nicaragüense se puede dividir en tres segmentos, asegura el empresario y periodista Henry Briceño, recientemente desterrado por los Ortega Murillo.
Esos segmentos son los opositores, los que están dentro del gobierno y los supuestamente apáticos, aquellos que no se meten en política y que, según Briceño, son una minoría, aunque sí participaron en las protestas de abril de 2018.
Sobre la gente que está dentro del gobierno, Briceño indica que también hay segmentos, porque hay quienes odian a la dictadura, pero se mantienen ahí esperanzados en jubilarse pronto o porque tienen que sobrevivir. “Van a las marchas comprometidos”, señala Briceño.
También están los “orejas”, que son los que realmente son afines a la dictadura.
Sobre los que califica como apáticos, Briceño indica que, aunque repudian a la dictadura, no dicen algo porque también tienen que sobrevivir, y son especialmente actores económicos que están controlados por las alcaldías, especialmente los pequeños y medianos empresarios. “Los grandes (empresarios) están controlados a través de los bancos”, asegura.
Por último, sobre los opositores dice que solo puede hacer “oposición silenciosa”, porque están vigilados por el sistema de espionaje de la dictadura, especialmente a través de los espías en los barrios o a través de las computadoras y los teléfonos.
Acerca del espionaje de la dictadura en contra de los opositores, Briceño afirma que también lo realizan a través de los motorizados, los que son pagados por las alcaldías y se les puede reconocer porque se mantienen en los zonales del Frente Sandinista (FSLN) y el régimen les da combustibles y facilidades para adquirir las motos.
Se les distingue también porque las motos andan sin placas, se les ve en las alcaldías haciendo nada o llenando en las gasolineras con cupones de las alcaldías.
Los motorizados de la Policía son diferentes porque, aunque visten de civil, andan con botas militares y nunca se quitan los cascos, aparte de que también las motos andan sin placa.
“Con la información que brindan esos motorizados es que después actúa la Policía. Te visita la Policía y te dicen quién es el que te va a estar atendiendo, con el que debés reportarte y te toma foto. También corrobora lo que les decís”, manifiesta Briceño.
En Nicaragua, afirma el periodista, los teléfonos están intervenidos y los rusos colaboran ciento por ciento para el espionaje tecnológico, además de que quien manda en Nicaragua es el “G2 cubano”, es decir, la Dirección de Inteligencia de la isla comunista.
