El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas en marzo de 2022, preparó un informe que resume las etapas de la represión orteguista desde 2018, lo que servirá como prueba en la denominada “investigación de la Sección 301”, que solicitó la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés).
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En diciembre de 2024, la USTR abrió la investigación, audiencias y solicitud de comentarios públicos de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 que denominó: “Actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”, lo que pondría en la mira la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés).
Dentro de la investigación de la Sección 301, la USTR habilitó un sitio web donde los nicaragüenses pueden dejar de manera anónima su testimonio, para el proceso de recopilación de testimonios y pruebas. La fecha límite para poder entrar y compartir testimonios o comentarios estuvo fijada hasta este miércoles 8 de enero.
En el informe del Grupo de Expertos en DD.HH. sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) se suman las pruebas en dicha investigación.
Informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua
El documento del GHREN resume su mandato y las resoluciones sobre la situación de Nicaragua desde 2018, incluyendo la conclusión de que en el país se cometieron “crímenes de lesa humanidad”. El mandato del Grupo de Expertos es “llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”.
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Los miembros actuales del Grupo de Expertos son: Jan Michael Simon, de Alemania (presidente); Ariela Peralta Distefano, de Uruguay (miembro) y Reed Bródy, de Hungría/Estados Unidos (miembro).
A la fecha, el GHREN ha presentado dos informes y seis documentos complementarios (conocidos como documentos de sesión) al Consejo de Derechos Humanos, en sus sesiones 52 y 55, y dos actualizaciones orales en sus períodos de sesiones 54 y 57.
Cada informe ha confirmado las violaciones y abusos graves de derechos humanos perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a la libertad de circulación. Examinó acciones realizadas por autoridades del Estado y grupos armados progubernamentales contra cualquier persona crítica del gobierno.
También examina la responsabilidad de Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Consejo Supremo Electoral, la Dirección General de Atención a Partidos Políticos y el Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) en el entramado de la represión.
Últimos cambios constitucionales
Igualmente incluye un comunicado de prensa de noviembre de 2024, del que el GHREN expresa “alarma por los cambios de gran alcance en la Constitución de Nicaragua”.
“La enmienda amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, elevó el rol de vicepresidente al de “copresidente” y eliminó la prohibición constitucional de la censura de prensa. También afirmó que todos los derechos fundamentales podrían ser suspendidos durante un estado de emergencia y reducido el umbral que permite la intervención del Ejército en la vigilancia interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno, siempre que la estabilidad del Estado lo exige”, según relata el informe.
El Grupo de Expertos “advirtió sobre las funestas y trascendentales consecuencias de la reforma constitucional sobre el cambio a los derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua, señalando que después de haber prácticamente erradicado el periodismo independiente en Nicaragua, el Gobierno había eliminado ahora la prohibición constitucional de la censura de los medios de comunicación. También subrayan la eliminación del respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación”.
Durante los últimos años, un sinnúmero de voces de la oposición nicaragüense, centros de pensamiento como Diálogo Interamericano y entidades de derechos humanos y políticos, expresaron que por las múltiples violaciones a los derechos humanos y laborales cometidas por la dictadura Ortega Murillo, era necesario revisar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), lo que viene a ser la raíz de la investigación de la USTR.