Este lunes 3 de abril el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas renovó por dos años el mandato del Grupo de Expertos en DD. HH. sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés). La resolución obtuvo 21 votos a favor, cinco en contra y 21 abstenciones.
El Grupo de Expertos brindó un informe en el que señaló que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad y propusieron una extensión del mandato para investigar otras líneas como las cadenas de mando, en la que incluirían a todas las instituciones que podrían estar involucradas como el Ejército de Nicaragua.
La ampliación del mandato del GHREN fue impulsada por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Y fue apoyada por Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Rumania, Montenegro, Lituania, México, Sudáfrica, Marruecos, Malawi, Estados Unidos, Paraguay y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Los países que votaron en contra de la resolución, fueron: Algeria, China, Cuba, Czechia, Eritrea y Vietnam. Mientras, otras 21 naciones se abstuvieron a votar entre ellas: Bolivia y Honduras, quienes en votaciones pasadas habían apoyado al régimen de Daniel Ortega.
El Consejo de DD. HH. hace además “un llamado urgente” a las autoridades del régimen de Daniel Ortega que “cesen de inmediato” los arrestos arbitrarios, liberen a todos los presos políticos y establezcan mecanismos para combatir la impunidad.
Al presentar la resolución L38: Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua mostraron su preocupación porque la situación de los derechos fundamentales en el país no ha mejorado y por el contrario continúan deteriorándose.
“Preocupan los últimos acontecimientos y decisiones del Gobierno de Nicaragua incluyendo el retiro arbitrario de la nacionalidad y las deportaciones. Actos que se suman a otras graves violaciones de derechos humanos”, señalaron.
Asimismo, mostraron su preocupación por el “grave deterioro de la democracia” y del Estado de derecho en Nicaragua; la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el cierre de espacios cívicos.
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La delegación de Costa Rica señaló que el Consejo de Derechos Humanos ha sido testigo del rompimiento del Estado de Derecho y graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde el 2018.
“Este Consejo está llamado a prestar atención a esta situación que escala a nuevos niveles de represión y violencia y continúa dejando de manera arbitraria y en contraversión al derecho internacional y derechos humanos a miles de personas exiliadas, solicitantes de refugio y recientemente en condición de apatridia”, remarcó la delegación costarricense.
Nicaragua rechaza “campañas de desinformación”
La respuesta de Wendy Morales, procuradora de Nicaragua, fue que rechazan las campañas de “desinformación y odio”.
“Manifestamos nuestra total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos, al derecho internacional y la naturaleza de las relaciones respetuosas que deben existir entre los estados”, afirmó Morales en el escenario que han utilizado para sus declaraciones en el Consejo de las Naciones Unidas con un cuadro de Andrés Castro a sus espaldas.
En horas de la tarde, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus medios oficialistas se pronunció con respeto a la decisión de la ONU la cual catalogaron de “se refiere una vez más a los ofensivos reportes que esta oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, permite sean presentados sobre nuestro País, de forma injusta, irreal e inconsecuente”.
La noticia que difundieron es la nota de prensa integra que leyó la procuradora de Nicaragua durante la sesión. Ratifican que no aceptan dicha resolución porque esta construida con información distorsionada y tomada de fuentes que adversan contra el gobierno. Además, agregaron que la única finalidad de este tipo de acciones “intervencionistas” es atentar contra la supuesta soberanía e independencia de Nicaragua.
Líneas a profundizar
Sobre lo que sigue miembros del Grupo de Expertos han adelantado que tienen definidas líneas de investigación a profundizarse en este nuevo período.
“La renovación del mandato dará la posibilidad de continuar con un mandato particularmente amplio en comparación con otros mandatos. Vamos a profundizar nuestras líneas de investigación, tal como lo hemos señalado en el informe. Una línea de investigación será en cuanto a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos; otra, ver la posibilidad de las implicaciones económicas y las que puedan tener en materia de corrupción de las violaciones que hemos documentado; y una tercera línea es ver la cadena de mando, los mandos medios, implicados en las violaciones de derechos humanos de parte del Estado”, explicó Jean-Michael Simon, presidente del Grupo.
Segunda vez en la historia que renueva un mandato
Durante una conferencia de prensa el Colectivo 46/2 indicó que es la segunda vez en la historia que se renueva el mandato de un Grupo de Expertos. Destacaron un mayor apoyo a esta resolución que sumó a más países y casos como el de Honduras o Bolivia que la vez anterior votaron en contra y en esta ocasión se abstuvieron.
Señalan que la resolución renueva los dos mandatos: el del Grupo de Expertos y el de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para investigar y documentar violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
