El 4 abril de 2023 es la fecha probable para una renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de lograrse han definido ya tres ejes a profundizar: violaciones a derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; implicaciones económicas a los derechos fundamentales en materia de corrupción y las cadenas de mando al cometerse los delitos catalogados como de “lesa humanidad”.
Jean-Michael Simon, presidente del Grupo, indicó que de renovarse el mandato, lo cual consideran muy probable trabajarán en profundizar las líneas de investigación señaladas en el informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“La renovación del mandato dará la posibilidad de continuar con un mandato particularmente amplio en comparación con otros mandatos. Vamos a profundizar nuestras líneas de investigación, tal como lo hemos señalado en el informe. Una línea de investigación será en cuanto a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos; otra ver la posibilidad de las implicaciones económicas y las que puedan de tener en materia de corrupción de las violaciones que hemos documentado; y una tercera línea es ver la cadena de mando, los mandos medios, implicados en las violaciones de derechos humanos de parte del Estado”, explicó Simon.
Sobre estas cadenas de mando y la posibilidad de investigar la participación del Ejército en las violaciones a derechos humanos, indicó que “todas las instituciones del Estado que puedan estar involucradas van a ser parte de la investigación en la segunda fase del mandato con profundización en algunos ejes que ya hemos identificado como merecedores de ser profundizados”.
Por su parte Ángela Buitrago, miembro del grupo de expertos, reiteró que el informe presentado puede ser una base para investigaciones del tipo penal que realice cualquier país sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, como parte del “principio de protección para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, reiteraron el llamado a la comunidad internacional para que “tomen acciones y sean directamente efectivas” y promuevan acciones de investigación.
“Se han identificado acciones tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo que llevaron a determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad”, remarcó.
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Otros temas
Indicó que otros temas que se están viendo son la necesidad de profundizar los efectos del despojo de la nacionalidad nicaragüense que el régimen ha aplicado a más de trescientas personas, por ejemplo, profundizar los efectos en los derechos de sus familias, sobre todo los menores de edad.
Buitrago, al hablar de los ataques a defensores de derechos humanos, indicó que lo que se buscaba era acallar a los defensores dentro de Nicaragua y “lo lograron”. En este sentido, remarcó que la persecución era para “evitar que se cumpla una de las funciones más importantes dentro de la democracia que es coadyuvar la defensa de los derechos humanos”.
Advirtió que los ataques a defensores de derechos humanos son una “vulneración doble”, porque se ataca al defensor y a las personas que están siendo protegidas. “El efecto es silenciar con las personas que contribuyen con la democracia en un país. Dejar sin personas que defiendan derechos humanos dentro del Estado. En Nicaragua lo lograron”, dijo.
Probabilidad alta de renovación
Los miembros del GHREN consideran que hay una alta probabilidad de que el mandato sea renovado el próximo 4 de abril en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Probabilidad relativamente alta, dada que la situación de Nicaragua lo amerita y que hay una declaración de 55 países en el diálogo interactivo que apoyan el mandato y en cuanto a otros países que igualmente han apoyado nuestro mandato”, expresó Simon, quien consideró que Nicaragua está en “la mira y la atención” de la comunidad internacional.
Explicaron que si Naciones Unidas ha tomado la posición de decidir un mecanismo como este, que existiera con un mandato más amplio que otros, si se decide algo de esta naturaleza es porque la situación “es muy grave”.
