La dictadura de los Ortega Murillo refrendará en los próximos días una nueva Constitución de naturaleza totalitaria bajo un poder centralizado en una presidencia binaria que les asegura la sucesión dinástica, subordina a los anteriores poderes del Estado y los transforma en órganos bajo su coordinación. Esto bajo el concepto de una supuesta democracia directa, que se aparta del modelo republicano y democrático, tradicional en América Latina.
Nicaragua ya no se constituye en un Estado democrático y social de derecho comprometido con la preeminencia de los derechos humanos, la nueva Constitución lo proclama como un Estado revolucionario. Al eliminar el principio del Estado de derecho, se transforma en un sistema donde prevalecerá el autoritarismo, la arbitrariedad y la corrupción; sin respeto alguno para las normas jurídicas, sin balances ni contrapesos, donde las leyes se aplican para beneficio del régimen.
La subordinación de los anteriores poderes del Estado a la Presidencia es grave para empresarios e inversionistas, ya que el sistema judicial no garantizará juicios apegados a la ley en la solución de controversias.
Lea además: Estos son los funcionarios de Daniel Ortega que han permanecido “intocables” por 18 años consecutivos
Con un modelo de Estado que legalizó el totalitarismo y la arbitrariedad no puede existir confianza para emprender negocios, porque desapareció la capacidad de anticipar resultados futuros. Sin Estado de derecho es imposible garantizar la predictibilidad en los negocios, que para funcionar adecuadamente necesitan reglas claras, estables y aplicadas de manera justa e imparcial; y sin estas, solo puede generarse incertidumbre propia de un Estado revolucionario como el que se proclama en la nueva Constitución.
Cambiaron el capítulo 6
El capítulo 6 de la nueva Carta Magna que se refiere a la economía, no incluye los conceptos y garantías fundamentales para el respeto de la propiedad privada y un apropiado clima de negocios. Tampoco el modelo de alianza, diálogo y consenso, que existía entre el Gobierno y los empresarios, ni ninguna otra referencia al sector privado.
También quitaron la responsabilidad de proteger y fomentar las formas de propiedad y gestión económica empresarial privada; la promoción y tutela de la sana competencia entre agentes económicos; las referencias a la libre empresa y al libre mercado; y la posibilidad de impulsar proyectos público-privados, cuyo objetivo era facilitar las inversiones para el mejoramiento y desarrollo de infraestructura.
Eliminaron el derecho de los trabajadores y de los sectores productivos privados a participar en la elaboración, ejecución y control de planes económicos, utilizado con el objetivo de mejorar la productividad. También las garantías de las diferentes formas de propiedad, incluida la privada, y la igualdad de derechos y prerrogativas de las mismas; y la igualdad de las empresas ante la ley y las políticas económicas del Estado.
Puede interesarle: Save the Children International entre las primeras ONG canceladas del año 2025 por “disolución voluntaria”
En materia de derecho laboral o del trabajo, la nueva Constitución es como con todos los derechos humanos, totalmente regresiva en la protección y garantía de los mismos. Deja a los trabajadores en desigualdad e indefensión frente a sus pares de otros países.
No fomenta un adecuado clima de negocios
No prohíbe la discriminación salarial por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase. Tampoco establece vinculación entre el salario y la dignidad humana para garantizar un adecuado bienestar; ni la garantía de la estabilidad en el trabajo, que era un derecho adquirido. Esto incumple lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En teoría, mantiene la libertad sindical, pero no incluye la disposición de que ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinados sindicatos, ni renunciar al que pertenezca. Esto protegía a los trabajadores, frente a un régimen que los obliga a afiliarse a sindicatos oficialistas y restringe derechos y oportunidades a los que no cumplen esa imposición.
Al eliminar de la Constitución importantes principios en materia laboral, la Ley 516, Ley de Derechos Laborales Adquiridos queda sin soporte, a pesar que fue promulgada en un paquete de leyes necesarias para ser parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.
Lea también: Nicaragua es el único país de América que entró en el Índice Global de Persecución Religiosa
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la nueva Constitución no fomenta un entorno empresarial saludable y sostenible, porque convirtió a Nicaragua en un país donde las reglas son inciertas y aplicadas de manera desigual, por cuanto el único interés de la dictadura Ortega Murillo es la seguridad y la estabilidad de su régimen, mediante el control total de la sociedad y los negocios y está dispuesta a sacrificar el comercio y la inversión para sostenerse en el poder.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
Usted puede suscribirse a nuestro boletín quincenal aquí