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El nombramiento de Jessica Yaoska Padilla Leiva como embajadora de Nicaragua en Panamá, el pasado 30 de diciembre, podría responder a una medida tomada por el régimen Ortega Murillo para evitar una escalada en las fricciones diplomáticas entre ambos países. Esto ocurre a raíz de que la dictadura de Nicaragua permite que en su sede diplomática el exmandatario panameño Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado allí desde el 7 de febrero de 2024, realice actividades políticas.
El Acuerdo Presidencial 209-2024, publicado en la edición del lunes 30 de diciembre del diario oficial La Gaceta, dejó sin efecto el nombramiento de Padilla como embajadora de Nicaragua en República Dominicana, cargo que desempeñaba desde el 22 de julio de 2024. Seguidamente, el Acuerdo Presidencial 210-2024 nombró a Padilla en el cargo de embajadora de Nicaragua en Panamá, señalando que la disposición surte efectos a partir de su publicación en La Gaceta.
Padilla sustituye a Consuelo Sandoval, una periodista sandinista quien entregó sus credenciales como embajadora en Panamá en agosto de 2023 y supuestamente “renunció” el 24 de diciembre, 12 días después de que el gobierno de José Raúl Mulino le “advirtiera” que las actividades políticas que desarrolla el expresidente panameño Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense violan normas diplomáticas internacionales. Además, Mulino criticó a la dictadura Ortega Murillo, señalando que Nicaragua es un país que no respeta el derecho.
Dictadura pretende apaciguar fricciones con Panamá
El exdiplomático y exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Belt, dijo a LA PRENSA que este cambio es una estrategia de la dictadura para evitar mayores acciones de Panamá frente a Sandoval. En ese sentido, considera que el gobierno panameño podría haber intensificado las críticas públicas contra Nicaragua, acusándola de violar normas diplomáticas internacionales al permitir las actividades políticas de Martinelli dentro de la embajada.
“Panamá incluso podría haber declarado a la embajadora saliente como persona non grata, obligándola a abandonar el país de inmediato, lo que habría agravado el conflicto”, señaló.
Según Belt, Panamá podría haber tomado represalias diplomáticas, como el cierre temporal de su Embajada en Nicaragua, la suspensión de relaciones bilaterales o restricciones comerciales.

El problema no es el asilo, sino lo que hace Martinelli
A consideración de Belt, el problema no radica en que Nicaragua le otorgue asilo a Martinelli, sino en la forma en que el exmandatario incide en la política panameña desde su condición de asilado político en la embajada nicaragüense.
“Un asilado político no puede hacer declaraciones o actividades de carácter político mientras está bajo protección. Martinelli ha hecho lo contrario, emitiendo declaraciones y participando en actividades políticas. Este comportamiento debería haber sido regulado por la embajadora, quien tenía la obligación de hacer cumplir estas normas”, dijo Belt.

Nombran embajadora sin experiencia diplomática
Padilla asumió como embajadora de Nicaragua en República Dominicana hace solo cinco meses, y antes de que la nombraran en ese cargo, se desempeñó como ministra de la Mujer, cargo que ocupó desde 2019.
El nombramiento en Panamá es el segundo cargo diplomático para Padilla, reconocida militante de la Juventud Sandinista, una de las principales organizaciones aliadas del régimen Ortega Murillo. Esto, a consideración de Belt, resulta insuficiente para asumir una embajada con un escenario tan “delicado” como el que produce el asilo otorgado a Martinelli.
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“Este escenario requiere un diplomático con gran experiencia para gestionar las negociaciones, algo que la nueva embajadora designada carece. Su lealtad al partido gobernante puede ser suficiente para su nombramiento, pero no garantiza que pueda resolver el problema diplomático de forma eficaz”, refirió.
No se descarta ruptura entre Nicaragua y Panamá
El analista político panameño Edwin Cabrera no descarta que, si las tensiones incrementan a un nivel extremo, Panamá podría romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, aunque considera probable que el régimen Ortega Murillo continúe apoyando a Martinelli.
“Esto podría desembocar en una ruptura de relaciones entre Panamá y Nicaragua. Si esto ocurre, Nicaragua tendrá que decidir qué prefiere: mantener a Martinelli en su embajada con todos los conflictos que esto conlleva, o priorizar las relaciones de Estado a Estado con Panamá. Sospecho que Nicaragua seguirá apoyando a Martinelli, incluso si eso implica sacrificar las relaciones con Panamá”, explicó Cabrera.
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Diez años de prisión
La justicia panameña condenó el pasado 2 de febrero a Martinelli a una pena de diez años y seis meses de prisión por lavado de activos. Con esta sentencia, Martinelli se convirtió en el primer expresidente de Panamá en recibir una condena de cárcel por este tipo de delitos en la historia democrática del país. Luego de esto, Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá el 7 de ese mismo mes.
Según informó el régimen Ortega Murillo en febrero, la intención de Martinelli en ese momento era trasladarse a Nicaragua, ya que la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, solicitó a las autoridades panameñas “brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario” de Martinelli hacia Nicaragua. Sin embargo, esto no fue posible debido a la negativa de la Administración de Laurentino Cortizo.