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CONTENIDO EXCLUSIVO.En este año 2024 que está por finalizar, la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha incluido más ataques contra la Iglesia, tanto católica como evangélica, así como cierre masivo de ONG, que, según se constata en La Gaceta, diario oficial, ya van más de 5,600 clausuradas.
Además, la dictadura ha insistido en apresar y desterrar a más ciudadanos, crear leyes que le ayuden a institucionalizar sus abusos y, en este año también destacó la muerte del general en retiro Humberto Ortega, hermano y cuñado, respectivamente, de los dictadores, lo cual evidenció que la crueldad del régimen no tiene límites.
La Revista DOMINGO reunió cinco atrocidades cometidas por los Ortega Murillo que se pueden resaltar en este año y aquí se las presenta.
Reforma constitucional
El martes 19 de noviembre, Daniel Ortega sorprendió a los nicaragüenses enviando a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas a la Constitución Política para ser aprobada con carácter de urgencia.
La reacción de los opositores fue inmediata, denunciando que Ortega y su esposa Rosario Murillo lograron con las mismas institucionalizar una dictadura dinástica familiar y acumular más poder, al crear una copresidencia que será ocupada por ambos a partir del próximo 11 de enero, y eliminar la independencia de los otros tres poderes del Estado, a los que sujetaron a su control y los redujeron a órganos o simples oficinas administrativas.
Las reformas, que también cambiaron la naturaleza del Estado de democrático a uno “revolucionario” y “socialista”, fueron igualmente condenadas por la comunidad internacional, especialmente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Además de los abusos que los Ortega Murillo introducen en la Constitución, las reformas también fueron rechazadas porque, para efectuarlas, los dictadores debieron haber recurrido a una Asamblea Constituyente, pues se trata de una reforma total a la Carta Magna, y no parcial, a como la vendió el régimen.
Entre otros aspectos, la reforma altera el carácter de varias instituciones estatales como la Policía y el Ejército, elimina el pluralismo político, impone la bandera rojinegra como símbolo patrio, revive una confusión Estado-Partido que se había superado con las reformas constitucionales de 1995 y legaliza abusos de la dictadura contra el pueblo nicaragüense, como la desnacionalización y otras violaciones a los derechos humanos.
No está de más decir que con los cambios constitucionales también eliminaron la autonomía municipal y la autonomía de los Pueblos Indígenas, para subordinar las alcaldías y los gobiernos regionales a la dictadura.
Destierros de sacerdotes
Los Ortega Murillo estrenaron el año 2024 desterrando, el sábado 13 de enero, a 19 religiosos católicos, entre los que se encontraba el obispo de la Diócesis de Matagalpa monseñor Rolando Álvarez, así como un grupo de sacerdotes que empezaron a ser secuestrados por la dictadura desde el 20 de diciembre de 2023.
Álvarez era el más prominente del grupo, porque estaba encarcelado desde agosto de 2022, condenado a más de 20 años de cárcel luego de que no quiso subir al avión en el que fueron desterrados 222 presos políticos en febrero de 2023. Además, había sido una figura destacada desde las protestas de abril de 2018.
Sin embargo, entre los desterrados también estaban el obispo de Siuna, Isidoro Mora Ortega, y 17 sacerdotes y seminaristas que habían sido apresados durante la cacería policial de fin de año anterior.
El destierro de los religiosos católicos se enmarcó en una serie de agresiones que la dictadura ha llevado a cabo desde 2018 en contra de la Iglesia católica, a la que Ortega y Murillo acusan de “golpista” y le han cerrado ONG, cancelado cuentas bancarias, expulsado monjas y otros religiosos, entre otros muchos abusos que suman más de 700, según diferentes recuentos.
Los abusos del régimen contra el catolicismo se sostuvieron a lo largo de este año 2024 y tuvieron otro punto cumbre en noviembre pasado, cuando fue desterrado el obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Herrera, por haber llamado “sacrílego” al alcalde de la dictadura en Jinotega, Leónidas Centeno, quien interrumpió con altoparlantes una misa que oficiaba el sacerdote.
Destierro de los 135 y de los músicos
Los destierros se han convertido en una práctica común de los Ortega Murillo en contra de la población nicaragüense, pues el 5 de septiembre realizaron un segundo destierro masivo al excarcelar a 135 prisioneros políticos, a los que expulsaron a Guatemala.
A diferencia de lo que ocurrió con los 222 desterrados en febrero de 2023, esta vez los desterrados no fueron enviados directamente a Estados Unidos, sino a Guatemala para que desde ahí iniciaran los trámites para su traslado de forma legal al país norteamericano.
La estrategia resultó útil a Estados Unidos para evitar que entraran a su territorio algunos de los desterrados a los cuales rechazaron, pero también para que algunos de los excarcelados, que sentían que por razones de edad u otros motivos no podrían subsistir en suelo estadounidense, tuvieran la oportunidad de elegir otros destinos.
En noviembre pasado, también fueron desterrados tres músicos de Masaya: Nieves Martínez, Dagoberto Fuentes Palacios y Juan Pablo Rosales, a los que el régimen lanzó un ultimátum: “Te pudrís en la cárcel o salís (del país)”.
Muerte de Humberto Ortega
El general en retiro Humberto Ortega falleció la madrugada del pasado lunes 30 de septiembre como preso político de la dictadura de su hermano Daniel Ortega y su cuñada Rosario Murillo. Con esta última sostenía serias diferencias que rayaban en el odio.
La causa de la muerte que brindó el Hospital Militar fue “un paro cardiorrespiratorio”, pero las autoridades médicas del Ejército evitaron mencionar que el fundador de ese cuerpo armado comenzó a presentar graves problemas de salud desde el 11 de junio, luego de que la Policía allanó su residencia en Managua y su hermano dictador lo declaró como un “traidor”.
Aunque para una buena parte de la población nicaragüense Humberto Ortega fue un personaje tan malo como su hermano en los últimos 50 años de la historia del país, su muerte también significó que la dictadura Ortega Murillo no tiene límites para irse en contra de cualquier ciudadano nicaragüense, pues Daniel Ortega no pudo salvar a su propio hermano de las agresiones de su esposa.
El general en retiro no estuvo en una celda mientras duró su prisión, entre junio y septiembre de este año, pero, cuando no estaba bajo arresto domiciliario bajo custodia policial, estaba en una camilla del Hospital Militar, también bajo vigilancia policial. Desde el inicio estuvo incomunicado, pues lo despojaron de teléfonos celulares y computadoras.
El origen de su prisión política fue una entrevista que brindó al periodista Fabián Medina, para el medio argentino Infobae, en mayo, en la cual desdeñó la posibilidad de que su cuñada o algunos de sus sobrinos pudieran suceder en el poder a Daniel Ortega, una vez que este último fallezca.
Desapariciones forzadas
Una práctica que también agudizó la dictadura Ortega Murillo en este año 2024 fue las desapariciones forzadas, es decir, secuestrar personas para luego no brindar información sobre las mismas, ni siquiera admitir que las tiene en su poder.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, en el país existen al menos nueve secuestrados bajo esa modalidad, empezando por el líder indígena Brooklyn Rivera, quien está bajo desaparición forzada desde el 30 de septiembre de 2023.
Sin embargo, fue en este 2024 cuando la dictadura engrosó la lista de personas bajo desaparición forzosa, y en ellas se encuentran el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, la empresaria Eveling Carolina Matus Hernández, la periodista Fabiola del Carmen Tercero Castro, Lesbia Gutiérrez Poveda, Carmen María Sáenz Martínez, el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal y Fabio Alberto Cáceres Larios.
Entre las características de la desaparición forzada resalta el hecho de que el régimen le niega información a los familiares, quienes entran en zozobra porque no conocen el paradero exacto del secuestrado ni su estado de salud, agudizando el sufrimiento de la familia.