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Con el secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo, el proceso de compactación estatal que inició en agosto tras una evaluación de «aciertos y desaciertos», sigue mandando al desempleo a cientos de simpatizantes del partido oficial que prestaban sus servicios en entidades municipales y estatales. En los últimos días, la medida que entre agosto y septiembre provocó más de siete mil destituciones, se centró en las alcaldías de León y Tipitapa donde los parientes de los alcaldes fueron los primeros afectados, tras la fusión de varias direcciones y la aplicación de la Ley 1173 para que se vayan «sin un peso de liquidación».
«En la Alcaldía municipal de Tipitapa despidieron a quince personas, incluidos cinco directores de áreas que compactaron. Corrieron incluso al hermano del alcalde César Vázquez Valle y al hijo del secretario político del municipio Luis Hernández», dice una de las personas despedidas.
Mientras tanto, en las alcaldías de León y otros municipios, la cantidad de afectados es mayor. En León entre los afectados hay personas del círculo cercano de la alcaldesa Guissela María Lacayo Medrano. Sin embargo, hay más hermetismo ya que el proceso aún no concluye y el temor de entrar en la lista impide que los afectados se expresen.
1,700 despidos sólo en el Gobierno central
Estos nuevos despidos y otros que se registraron en los últimos días, en al menos treinta de las 153 alcaldías del país, se suman a los casi siete mil que se registraron entre agosto y septiembre. Aunque el régimen maneja este proceso con total hermetismo, las estadísticas del mercado laboral que publica el Banco Central de Nicaragua (BCN) reflejan el impacto del proceso.
Entre agosto y septiembre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) perdió 6,953 afiliados del sector servicios, que incluye entre otros, a los empleados estatales y municipales. Este segmento de asegurados cerró julio con 276,862 afiliados y al cierre agosto tenía 269,909 trabajadores inscritos.
De ese grupo que dejó de cotizar a la Seguridad Social, unos 1,700 trabajaban en instituciones del Gobierno central, ya que cuando se anunció el proceso de compactación reportaba 112,026 trabajadores y en octubre la cifra bajó a 110,326 empleados.
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¿Desmantelan feudos en alcaldías?
En el caso de Tipitapa causó sorpresa que el hermano del alcalde César Vázquez, que lleva casi 20 años en el cargo, fuera uno de los despedidos. Igual asombro provocó que el hijo del secretario político también entrara en la lista. Lo mismo ocurrió en León, donde funcionarios cercanos a la alcaldesa Guissela Lacayo no pudieron mantenerse en sus cargos.
Sin embargo, un funcionario cercano al régimen admite que uno de los objetivos de este proceso de compactación es precisamente «desmantelar» los feudos que han instalado algunos empleados públicos y municipales; y recuerda que el primero que «desbarataron» fue el que tenía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sindicalista Gustavo Porras en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), donde incluso sin estar nombrada, por mucho tiempo su hija Sonia Porras dirigió ese ministerio.
Sonia Porras ahora trabaja en la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, y la exministra del Mefcca, Justa del Socorro Pérez Acuña, antigua colaboradora de Gustavo Porras, ahora es asesora de la Vicepresidencia en temas de turismo. En esos cargos, según un funcionario público que por temor a represalias evita identificarse, tienen que demostrar que realmente tenían capacidad.
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En alcaldías crece malestar por robo de liquidación
Pese a que estos despidos están provocando mucha «inconformidad» entre los simpatizantes del régimen, funcionarios de las alcaldías de León y Tipitapa aseguran que lo más grave no son los despidos, sino la «grosería» que están cometiendo al mandar a los funcionarios «al desempleo sin un peso en la bolsa», ya que les han robado su derecho a la liquidación.
Consideran inaudito que colegas suyos se estén prestando para legalizar a través de los Concejos Municipales el robo de las liquidaciones y otros derechos consignados en los Convenios Colectivos.
Según uno de los funcionarios consultados, para anular los derechos de los despedidos el Concejo Municipal de Tipitapa pasó por encima del sindicato que es afiliado a la Unión Nacional de Empleados (UNE), organización que es parte del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que por décadas ha dirigido el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras. También dejaron sin efecto para los despedidos la Ley 185, Código del Trabajo y de la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal.
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Aprobaron ley para robarles las liquidaciones
«Las cláusulas del convenio colectivo que establecen que a los funcionarios que renuncien o despidan se les puede liquidar en base al artículo 45 del Código del Trabajo que establece hasta cinco salarios por más de seis años de servicio o el artículo 66 de la Ley de Carrera Administrativa Municipal que establece hasta doce salarios de liquidación según la cantidad de años laborados. Todo esto lo anularon e impusieron que se liquide en base a la Ley 1173», asegura el funcionario.
El artículo 66 de la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal, establece que «en caso de supresión del cargo… se pagará un mes de salario por cada uno de los primeros tres años trabajados, veinte días de salario por cada uno de los tres años siguientes: cuarto, quinto y sexto. A partir del séptimo año se pagará quince días por cada año trabajado, hasta completar un máximo equivalente a doce meses de salario».
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De la Alcaldía a la calle sin un peso de liquidación
En cambio, la Ley 1173, Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de Renuncia de los Trabajadores del Estado que aprobaron en noviembre del 2023, no menciona a los despedidos, solo establece que los trabajadores del sector público tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en caso de renuncia a partir de los tres años de servicio continuo; y tienen que trabajar más de veinte años continuos para recibir los cinco meses de liquidación que reciben los empleados del sector privado después de seis años de laborar, tal como establece el Código del Trabajo,
«Esa Ley la aprobaron porque sabían que harían esta compactación, por eso no incluyeron a los despedidos y ahora en las Alcaldías ignoran la Ley 502 y dicen que esta es la que rige para no darles nada. No les están dando ni un peso, les están robando su liquidación y eso es injusto», lamenta el funcionario.
Además, explica que lo mismo está pasando con los empleados estatales que se rigen por la Ley 476, Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, les están aplicando la 1173 para no darles ni un peso de liquidación», asegura el funcionario que considera que están cometiendo una gran injusticia con sus propio simpatizantes.
