Veintisiete años y cuatro meses de prisión está pidiendo la Fiscalía para Manuel Salvador Calero Aguirre, de 43 años, exgerente de la empresa de zona franca BWA, inculpado de cinco delitos en perjuicio de siete inversionistas.
A Manuel Calero, el juez Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, Wilfredo Ramírez Lacayo lo declaró culpable por los delitos de estafa agravada, lavado de dinero, crimen organizado, administración fraudulenta y gestión abusiva.
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La Fiscalía está solicitando al juez Wilfredo Ramírez que condene a Manuel Calero a seis años de prisión por estafa agravada y pagar una multa equivalente a 500 días del salario mínimo del sector industrial vigente al momento de cometerse el delito.
Los perjudicados con la estafa superior al millón de dólares son los siete socios de una zona franca que exportaría camisas a Estados Unidos, según la acusación fiscal.
El Estado como víctima
Por los ilícitos de lavado de dinero y crimen organizado, donde el Estado es la víctima, la Fiscalía está solicitando que Manuel Calero sea sentenciado a 16 años y cuatro meses de prisión.
Igualmente están pidiendo que el inculpado pague una multa equivalente a tres veces el monto del dinero lavado que supera el millón de dólares, según la acusación fiscal.
Por los delitos de administración fraudulenta y gestión abusiva el órgano acusado pidió 3 y 2 años de prisión respectivamente, para totalizar los 27 años y cuatro meses de cárcel.
El abogado defensor Carlos Javier Chavarría solicitó 15 años de prisión para su representado, a razón de la pena mínima por cada delito.
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Por estos hechos están pendientes de ser capturados y enjuiciados otros siete acusados, quienes huyeron antes de ser apresados y para quienes hay órdenes de captura emitidas por la jueza Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria Saavedra.
Entre los imputados figura el estadounidense Fernando Valentín Herradon, quien han sido circulado con la Policía Internacional (Interpol). Los otros acusados son: Indiana Patricia Munguía Gutiérrez, Gloria María Calero Aguirre, Gerald Alexander Silva Cruz, Pierre Lenín Solís Mairena, Winston Fernando Curtis Batres y Armando José Choza Palma.
La empresa de zona franca está ubicada en el kilómetro 45 de la carretera Diriamba-La Boquita, se indica en el escrito acusatorio.
La estafa
De acuerdo con el plan de inversión presentado por Manuel Calero a los afectados, la empresa tendría saldos negativos los primeros tres meses, pero pasado ese período los socios comenzarían a recuperar su capital y verían ganancias. Pero esto nunca ocurrió.
Posteriormente la empresa fue embargada por el Instituto de Seguridad Social (INSS) por una deuda millonaria correspondiente al incumplimiento del pago de la cuota obrero patronal.