Tres días después de desafiar las regulaciones internacionales intentando obligar al sistema financiero nacional a incumplir las normas internacionales al imponer legalmente la obligación de que se brinde servicios financieros a sancionados, el régimen de Daniel Ortega empezó a recular sobre su acción y ordenó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a emitar un comunicado para calmar la inquietud que esta ordenanza creó en la banca y sus corresponsalías.
Tras la aprobación de la Ley 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, el martes la banca fue convocada por la Siboif, donde luego de escuchar la retórica sobre la defensa de la soberanía, el ente regulador se comprometió a pasar una circular en la que orientan a la banca que no van a ejercer la ley, con la finalidad de calmar a las corresponsalías, que son el canal de acceso de la banca nacional al entramado financiero internacional.
Juan Sebastián Chamorro, exreo político y economista, dijo a Artículo 66, que en sí la circular no deroga la ley 1224, sino que intenta que los bancos locales cumplan con la peligrosa Ley 1224, pero a la vez que intenten que la apertura de los servicios a los sancionados no vaya a rozar con las regulaciones internacionales, algo que a criterio del analista está complicado.
“Ellos están tratando de acomodar de muy a manera a su estilo, por mi pistolas, les vamos a abrir las cuentas, pero ojo cumplamos con las regulaciones internacionales. Podría ser que les digan: bueno, podès abrir estas cuentas especiales, pero no podés transferir dinero al exterior porque te los van a confiscar, o las tarjetas de crédito solo puede ser aplicada en la economía nicaragüense, eso es lo que yo creo que van a tratar de hacer”, dijo.
“La ley sigue vigente, es peligrosa, afecta el clima de negocios y vamos a ver qué dice ahora la OFAC, qué dice ahora el Departamento del Tesoro… aquí en mi juicio la dictadura vuelve a cometer un error, primero con la ley, y segundo dicen la ley está vigente, pero respetá las normativas internacionales”, precisó.
La circular fue emitida este 27 de noviembre por el Superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, y fue enviada a los gerentes de las instituciones supervisadas, principalmente los bancos. En la misma, se orienta que los bancos deben seguir cumpliendo con las normas en materia de lavado de dinero y además que las prestaciones de servicios financieros a personas designadas en listas guarden correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales.
Un especialista explicó a LA PRENSA que el comunicado en la práctica lo que significa que prevalencen las leyes antilavado, donde la Siboif considera a las personas sancionadas a nivel internacionales como clientes de alto riesgo en el sistema financiero internacionales.
Precisamente la primera orientación de la Siboif en el comunicado es que “las instituciones financieras deberán mantener las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Cuando se conoció el contenido de dicha ley, una fuente explicó que para que la banca quedara obligada a cumplir la exigencia de la misma se debía modificar las leyes antilavados de dinero y las normbas de la Siboif para hacer una exclusiòn de procedimiento de monitoreos antilavado y las listas de riesgos, algo que la dictadura no se atrevió a hacer hasta ahora.
Cerca de veinte bancos extranjeros, más de la mitad estadounidenses, funcionan como corresponsales de los bancos locales. Estas entidades funcionan como intermediarios para facilitar una serie de transacciones, desde transferencias hasta otras más complejas relacionadas con el comercio exterior y el financiamiento externo.
“Los bancos nacionales tienen algo que muchos de ustedes han escuchado que se llaman corresponsalías bancarias… Las corresponsalías son acuerdos privados entre un banco extranjero y un banco nacional, para que este banco nacional ofrezca bienes o servicios a nombre de una institución financiera extranjera privada. Obviamente este contrato de corresponsalía privado no puede estar por encima de la Constitución, ni puede estar por encima de todas las disposiciones legales (del país)”, aseguró el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez esta semana durante la aprobación de dicha ley.
El diputado aconsejó a los bancos que “si hay algún contrato que se opone a la Constitución, con tal de garantizar que la Constitución se respete, entonces voy a buscar cómo modificarlo o voy a buscar cómo hacer maroma o cualquier peripecia con tal de garantizar que la Constitución y las leyes del país se respeten”.