Los miembros del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) enviaron una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en la que le piden atender la situación de Nicaragua, aunque reconocen que este país no es signatario del Estatuto de Roma, que estableció a la CPI.
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El secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez Ayérdiz, manifestó que son conscientes de que Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma, pero tienen la esperanza de que en el futuro, cuando se logre establecer un gobierno democrático en el país, el tratado será ratificado, y los perpetradores de las violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses serán entregados y juzgados.
El mensaje dirigido al fiscal de la Corte hace énfasis en las 45 personas que están presas por expresar críticas u oponerse a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Sobre todo exponen las condiciones en que mantienen presas a estas personas y las torturas a las que son sometidas.
«Los que son sometidos a la prisión política sufren toda clase de tormentos entre cuyos patrones están las condiciones absolutamente inhumanas de detención, la ausencia de provisión de atención médica de los enfermos graves, el aislamiento en celdas de castigo calurosas y la aplicación de formas espantosas de tortura», recalca la misiva de Calidh firmada por su presidente, Jorge Alejandro Mamani.
El caso de Fanor Ramos
Para dar una idea de las torturas a las que son sometidos los presos políticos nicaragüenses, el mensaje enviado al fiscal relata el caso del exfrancotirador de la Policía, Fanor Alejandro Ramos, quien recientemente fue excarcelado y desterrado del país y ahora vive en el exilio.
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En el escrito, Calidh cuenta que Ramos ya no era miembro de la Policía cuando fue detenido en diciembre de 2019 y luego procesado y condenado como castigo por negarse a participar en la represión armada contras las personas que salieron a protestar contra Ortega en 2018.
«Desde su detención hasta su excarcelación el pasado 5 de septiembre, Fanor fue sometido a formas brutales de tortura. Los custodios penitenciarios y policías lo sometían a golpizas grupales tan fuertes que perdía el conocimiento y lo volvía a recobrar varias veces en estos episodios. Fue expuesto a mordeduras de perros de la Policía, le fueron arrancadas uñas, fue quemado con cigarrillos, se usó música a alto volumen con el fin de aturdirlo, y casi toda la estancia en la cárcel permaneció en celdas de castigo inhumanas», manifiesta la misiva.
El caso de Ramos tiene su expediente abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Pido a su excelencia tome nota de la situación de los presos políticos en Nicaragua, así como el seguimiento de la perpetración de este crimen de lesa humanidad por su oficina y la consideración permanente en su agenda de todos los mecanismos posibles que ofrece el derecho internacional para acercar a los responsables ante la Corte», expresa el escrito, que es el primero enviado a la Corte Penal Internacional.
Crimen de lesa humanidad es herramienta principal de la dictadura
Para Calidh, «el crimen de lesa humanidad es el que ha prevalecido como herramienta principal para castigar directamente a los nicaragüenses opositores o percibidos como tal dentro del país».
Actualmente, en las cárceles de Nicaragua existen 45 presos políticos. Calidh busca poner en conocimiento de la Oficina del Fiscal los crímenes de lesa humanidad u otra privación grave de las libertades fundamentales del derecho internacional, de las que acusa a los altos funcionarios del Estado de Nicaragua.
Calidh denuncia en la carta que el régimen Ortega Murillo ha expulsado del país a más de 350 presos políticos entre 2022 y 2023, con destino a Washington DC, Roma y Guatemala. También recuerda que en 2018 más de 300 personas, sobre todo jóvenes, fueron asesinadas por participar en las protestas que pedían la salida de Ortega y su esposa del poder, lo que fue documentado por organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
Desde entonces, miles de nicaragüenses han sido detenidos, encarcelados y procesados por manifestarse contra el régimen. Actualmente en Nicaragua nadie puede reclamar ni expresar una opinión política contraria a la dictadura Ortega Murillo.
Calidh es un organismo nicaragüense de derechos humanos en el exilio, cuyo mandato es representar jurídicamente a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua ante los organismos internacionales de derechos humanos.
