La Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica (Puentes) refutó una a una las aseveraciones del informe preparado por la dictadura de Daniel Ortega para el Examen Periódico Universal (el EPU). El EPU es el mecanismo de Naciones Unidas (ONU) que evalúa cada cinco años la situación de los derechos humanos de cada uno de sus Estados miembros.
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Nicaragua, un país que lleva más de 17 años bajo la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, será uno de los países particularmente evaluados el próximo 13 de noviembre, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«Paraíso de bienestar y prosperidad»
Como era de esperarse, el informe preparado por el orteguismo presenta a Nicaragua como un «paraíso de bienestar y prosperidad» y con la situación más idílica de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, diferentes organizaciones civiles nicaragüenses, que trabajan desde el exilio, se han preparado para contrastar el informe de la dictadura y denunciar la sistemática violación de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, sobre todo a partir de 2018, año de la brutal represión armada contra las protestas civiles que pedían la salida del Ortega del poder. Esta represión de la Policía en coordinación con paramilitares dejó más de 300 muertos en 2018, según informes de organizaciones de defensa de derechos humanos.
Informe alternativo de Puentes
Puentes, una de las organizaciones que trabaja desde el exilio, analizó a fondo el informe gubernamental y, con el apoyo de profesionales nicaragüenses, elaboró un informe alternativo que impugna la parte sustantiva del documento oficial a partir de estadísticas y datos generados por instituciones del mismo Gobierno de Nicaragua, principalmente en los temas económicos y sociales.
Puentes señaló que el informe gubernamental se concentra en temas económicos y sociales, mostrando un supuesto «paraíso de bienestar y prosperidad, a sabiendas de que países y organizaciones tienen limitaciones para acceder a datos e información económica y social que contrasten la versión oficial».
El informe alternativo de Puente destaca que el informe de la dictadura «omite los asuntos fundamentales concernientes a la verdadera situación de los derechos civiles y políticos en el país y describe un oasis de paz, seguridad y concordia».
Algunos puntos del informe alternativo que desenmascaran el informe oficial son los siguientes:
Desempleo
El informe gubernamental afirma que en Nicaragua se registra una tasa de desempleo del 3.4 por ciento.
El Informe alternativo indica que las estadísticas oficiales muestran que más del 75 por ciento de la población trabajadora se encuentra en la informalidad laboral, sin ningún tipo de protección, y que más del 50 por ciento de la población laboral se encuentra en una de las siguientes condiciones: desempleo, subempleo o en la categoría denominada “trabajadores sin remuneración”.
Economía
El Gobierno presenta datos que exhiben una economía pujante, pero no dice una palabra sobre el aporte del trabajo de los nicaragüenses en el exterior a la economía nacional. Este aporte pasó de representar el 13 por ciento de la economía nacional en 2019, a casi el 30 por ciento en 2024, constituyéndose en el país con mayor dependencia de las remesas de América Latina.
Salario
En cuanto a los salarios, el Gobierno presume que en el período 2019-2024 los salarios mínimos se elevaron en 37.60 por ciento. Sin embargo, los informes del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) revelan que el costo de la canasta básica en el período indicado se elevó en 54.9 por ciento y el costo del componente de alimentos creció en 69.7 por ciento, es decir, casi el doble de los ajustes al salario mínimo.
Educación
El texto oficial presenta supuestos progresos en materia de educación. No obstante, el informe del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), publicado por la Unesco, registra que en las pruebas realizadas a la niñez nicaragüense de sexto grado, el 97 por ciento de estudiantes no alcanzó el mínimo en Matemáticas, el 95 por ciento no lo alcanzó en Ciencias y el 87 por ciento tampoco llegó al mínimo en lectura. En todas estas áreas la niñez nicaragüense quedó por debajo de los demás países latinoamericanos evaluados.
El informe alternativo, con base en datos de Inide y del Fondo de Población, da cuenta de que Nicaragua presenta la más alta tasa de embarazos en adolescentes de América Latina. Los porcentajes más elevados corresponden a niñas y adolescentes de baja escolaridad, residentes en zonas rurales. A menudo estos embarazos son resultado de diversas formas de violencia. A la parte son una expresión y un mecanismo de reproducción de pobreza y exclusión social.
Igualdad de género
El reporte del Gobierno exhibe presuntas realizaciones en materia de igualdad de género, pero en contraste, sus propias estadísticas dan testimonio de profundas inequidades en materia económica y social, en particular desigual acceso al empleo, desigualdades salariales, menor tasa de ocupación y menor acceso a la seguridad social. Un porcentaje abrumador de mujeres se encuentra en informalidad laboral, con una remuneración menor al salario mínimo, sin posibilidad de pensión de vejez al llegar a la edad de retiro, sin derecho a descanso pre y post natal remunerado en caso de embarazos.
Pensión de los jubilados
La pensión promedio de los pensionados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es de 6,312 córdobas (US$172.3 al tipo de cambio oficial), lo que representa menos de la mitad del costo de cesta alimentaria y menos de la tercera parte del costo de la canasta básica. Por disposición gubernamental, a partir de este año esas pensiones no recibirán ningún ajuste, con independencia del aumento de precios de los productos de primera necesidad. Además, el 80 por ciento de las personas de la tercera edad se encuentran en el desamparo, ya que únicamente el 20 por ciento de estas recibe una pensión de vejez completa.
Alimentación
Un dato poco conocido es que las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) enseñan que el porcentaje de la población que no podía adquirir una dieta saludable se elevó en el período 2020-2022, al pasar del 25 por ciento al 27.3 por ciento. Esto es más de la cuarta parte de la población. Mientras la población en condición de subalimentación se acerca al 20 por ciento. Ambas tendencias son crecientes.
«Paraíso de paz»
El texto oficial presenta un paraíso de paz donde se respetan los derechos humanos, pero instancias internacionales, en particular el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua señalan directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ser responsables de cometer delitos de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense y violaciones masivas a derechos humanos, entre otros: ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, torturas, despojo de nacionalidad, confiscaciones, cancelación de organizaciones de sociedad civil, atropellos a la libertad religiosa, ocupación de universidades y medios de comunicación, persecución a periodistas, atropellos a derechos de la población indígena.
