Las recientes declaraciones de los directores del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), en las que aseguraron que en los diferentes penales del país se brindan a los privados de libertad condiciones “humanas” y de respeto a sus derechos humanos, a juicio de defensores y excarcelados políticos son “mentiras descaradas, que nadie les cree” y «falsos discursos» que han sido ampliamente desmentidos a nivel internacional, sobre todo por las denuncias de decenas de personas a las que han tenido encarceladas de manera “injusta y arbitraria”.
El comisionado mayor Julio Orozco y el comisionado Venancio Alaniz, director y subdirector del Sistema Penitenciario Nacional, respectivamente, en declaraciones al oficialista Canal 8, en el marco del aniversario del Ministerio del Interior (Mint) en Nicaragua que se conmemora cada 17 de octubre, resaltaron que parte de la “base filosófica revolucionaria” que aplican en los penales del país —supuestamente inspiradas por el dictador Daniel Ortega y el excomandante Tomás Borge— está basada en el respeto a los derechos humanos.
“Los dirigentes nuestros, comandante Daniel, Tomás Borge, que estuvieron presos, ellos fueron creando una idea de lo que debería ser el Sistema Penitenciario (…) y en los largos meses y años que pasaron en las cárceles inhumanas fueron incubando la idea de un sistema penitenciario humano, que tuviera como objetivo la reeducación, la integración del delincuente a la sociedad, en fin, donde el amor prevaleciera sobre el odio, esa es la base filosófica revolucionaria, por eso es que se habla bastante del respeto que tiene actualmente el Sistema Penitenciario en el cumplimiento de la pena del privado de libertad”, aseguró Orozco.
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También afirmó que a cada persona que ingresa a los penales del país para cumplir penas impuestas por el aparato de justicia estatal le garantizan «un estudio psicológico, médico, se le llenan todos sus documentos (…) porque tenemos que saber cómo llega esa persona, si necesita tratamiento médico, si son personas crónicas (…) y ver en qué programas de rehabilitación social se va a incluir a estas personas privadas de libertad».
En Nicaragua —detallaron los funcionarios de la dictadura Ortega Murillo— hay diez penales, ubicados en Managua (3), Estelí (1), Chinandega (1), Granada (1), Chontales (1), Matagalpa (1), Bluefields (1) y León (1). Además, indicaron que en promedio a nivel nacional mantienen 21 mil privados de libertad distribuidos en los diferentes penales.
Por su parte, el subdirector Alaniz también mencionó que mantienen un «modelo de incorporación con los presos, que es una comunicación permanente. Todos los días estamos ahí, ingresamos a las prisiones, tenemos la parte del tratamiento directo, el reeducador, jefe de galería, está en comunicación permanente. Hacemos recorridos, revisamos la parte de salubridad, cuando se presenta un problema inmediatamente atendemos, hay programas de atención en salud y salud mental, aparte del trabajo de cultura y deporte».
Además, resaltó que ofrecen capacitaciones a los funcionarios de los penales en las que «inducimos al respeto a los derechos humanos».
«Soy testigo vivo de las torturas que cometen en los penales»
Un excarcelado político, de los 135 nicaragüenses desterrados por el orteguismo a Guatemala, bajo anonimato, señaló a LA PRENSA que es «un testigo vivo de las torturas que se cometen en los penales», resaltando que los directores del SPN «mintieron descaradamente».
«Yo fui uno de los que no le daban su medicina, que no le daban su paquetería completa, que lo desnudaron y obligaron a hacer sentadillas junto con varios presos políticos más; uno de los que colgaron de los barrotes por varias horas sin acceso a agua y comida, que no se vengan ahora a hacer las blancas palomas porque no lo son», apuntó el excarcelado político.
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Señaló que su caso ya ha sido denunciado ante organizaciones internacionales de derechos humanos, que incluso lo beneficiaron con medidas cautelares porque en solo un año de encierro sufrió torturas físicas y psicológicas.
Otra excarcelada política del grupo de los 135 nicaragüenses desterrados a Guatemala apuntó que durante los más de 12 meses que estuvo encarcelada por motivos políticos en Nicaragua, en el penal conocido como La Esperanza, estuvo «más presa que las presas, sí, más presa que las presas comunes, (porque) ellas tenían más privilegios que nosotras y eso que a ellas se les incumplían sus derechos, a nosotras mucho más».
Señaló que las visitas que se les otorgaba siendo prisioneras de conciencia en un centro penitenciario nicaragüense eran reducidas, al igual que sus paqueterías, no recibían salud mental adecuada, que además era «colectiva» y la «atención médica era muy mala».
«A mí me trataban mal, ya que era un tanto rebelde, mi forma de ser no era lo que ellos esperan de un nicaragüense, esperan que todos seamos sumisos, y yo me expresaba, me defendía, por ello incluso se habló que no me iban a liberar», apuntó la ex rea de conciencia.
Directores del SPN son «perpetradores de torturas»
El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y especialista en Amparo y Procesal Constitucional, parte del equipo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que como organización, primeramente rechazan las declaraciones de ambos funcionarios, apuntando que sostienen —tal como lo orienta la dictadura Ortega-Murillo— «una política de cinismo y de negacionismo constante», con la que «quieren pintar un sistema respetuoso, pero en realidad son un sistema configurado para la perpetración de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e ilegales y comisión de torturas».
El letrado explicó que el Colectivo, a través del Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura, tienen identificado «tanto a Julio Orozco como a Venancio Alaniz como perpetradores de torturas».
«Venancio Alaniz tiene 15 denuncias de torturas que hemos logrado identificar, de los 169 perpetradores de torturas» que el Colectivo y Observatorio han documentado, detalló el defensor.
Además, mencionó que como Observatorio han identificado que en siete de los diez centros penitenciarios del país, según las denuncias que han recibido de personas que fueron presas políticas, se perpetran «actos de tortura, golpizas, de violencia sexual, un montón de crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad».
«Las personas presas políticas desde 2018 hasta la fecha han sufrido más de 40 formas o métodos de torturas, muchos de ellos cometidos en los centros penitenciarios, donde no se ha garantizado ni un solo derecho humano», señaló Marenco.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 26 de septiembre pasado, en las cárceles del país todavía hay 45 personas; 37 hombres y 8 mujeres, encarceladas por motivos políticos.
Cabe mencionar que nueve de esas personas presas políticas, según el Mecanismo, están en condición de desaparición forzada, ya que no han sido autorizadas a tener visitas familiares y se desconoce su paradero. Entre esos reos de conciencia mencionan a: Fabiola Tercero, Jaime Navarrete, Brooklyn Rivera, Eddie González Valdivia, Gerson Zeledón Motta, Carmen Martínez Sáenz, Lesbia Gutiérrez Poveda, Evelyn Matus Hernández y Domingo Munguía Carrión.
El abogado Marenco recordó que las personas que continúan presas por motivos políticos «siguen sin atención médica, psicológica, y en los centros penitenciarios se está aplicando una suerte de desaparición forzada de personas, ya que no les permiten a los familiares ver a sus presos (…) no se les brinda información y son sometidos a diario a un sistema de torturas psicológicas, tratos inhumanos y degradantes».
Recordó que, pese a que Orozco y Alaniz se jactaron de que en el SPN «son respetuosos» de las legislaciones y demás instrumentos relacionados con los derechos humanos, en el país siguen sin acatar órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2019 viene ordenando libertad para personas presas políticas «y no los han liberado».
Ocho de cada cien indultados vuelven a delinquir
En lo que va de 2024, según reportes de este medio de comunicación, la dictadura orteguista —aunque mantiene a más de cuatro decenas de personas encarceladas por motivos políticos— ha liberado a través de indultos y régimen de convivencia familiar a 6,100 reos que han cometido diferentes delitos, entre estos relacionados con la violencia contra las mujeres en Nicaragua.
El director del SPN, en la entrevista con los medios oficialistas, mencionó que el porcentaje de reincidencia criminal a nivel general, que detectan desde los penales, es del 13 por ciento, y vinculada a personas que recibieron beneficios de indultos o régimen de convivencia familiar es del 8 por ciento.
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«A nivel de beneficios legales que otorga el Estado, que muchas veces la gente los critica, pero no, no, esa una oportunidad que otorga el Estado a las personas, cuando se dan los indultos, los beneficios, esa reincidencia (criminal) es del 8 por ciento únicamente. Es decir, de 100 presos pues 8 vuelven (a los penales), que no quieren cambiar, y que se les dieron las herramientas necesarias», reveló Orozco.
Asimismo, mencionó que a nivel nacional se tienen «sistemas penitenciarios mejorados», donde a los reos «se les da un trato digno» y «se ha invertido millones para pintar las celdas del país, todas están remozadas, todo funciona de forma correcta».
