El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, exiliado en Estados Unidos, confirmó este miércoles a LA PRENSA que la Procuraduría General de la República (PGR) al servicio de la dictadura, tomó su vivienda en Managua el martes, un año y siete meses después de que el régimen Ortega Murillo lo despojó de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023, junto a otros 93 ciudadanos nicaragüenses.
Según Cuevas, el miércoles llegaron funcionarios de la Procuraduría a su propiedad y consumaron la confiscación del inmueble, que se encontraba deshabitado porque las personas que residían ahí se fueron por temor a represalias.
«Es un robo porque se omitieron todos los procedimientos que manda la Constitución Política de Nicaragua. Es un proceso que nace nulo de toda nulidad», dijo Cuevas en declaraciones a este Diario.
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El defensor de derechos humanos también aseguró que estas acciones contra él y otros nicaragüenses, a los que el régimen ha confiscado, carecen de todo procedimiento jurídico.
«Todos estos actos son nulos por principios constitucionales que prohíbe la confiscación. Al final va a haber justicia, ellos (Ortega y Murillo) van a terminar en la cárcel, donde debieron estar desde hace mucho tiempo y nosotros vamos a recibir justicia», dijo Cuevas.
PGR justifica robo de propiedades
El pasado 17 de mayo, la Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR), al servicio de la dictadura orteguista, salió en defensa del régimen asegurando que en el país centroamericano no hay confiscación, con base en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe esta medida.
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La Procuraduría se pronunció luego de la publicación de una investigación presentada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y Hagamos Democracia en la que se cuantificó en 246.29 millones de dólares una parte de las pérdidas a raíz de la confiscación a una muestra de 36 personas, entre los 222 nicaragüenses que la dictadura desterró el 9 de febrero de 2023, los 94 a los que despojó de su nacionalidad el 14 del mismo mes, empresarios, Iglesia católica, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.
Al respecto, la institución del Estado justificó el robo de bienes asegurando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana.
“Como es del conocimiento público, al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses”, señaló la Procuraduría.
