En su discurso del 14 de septiembre Daniel Ortega afirmó que el objetivo de su gobierno es acabar con la pobreza. Suena bonito, pero antes hay que preguntar: ¿está dispuesto el comandante a tomar las medidas necesarias para lograrlo? Porque acabar con la pobreza no es asunto de soplar y hacer botellas sino de implementar políticas concretas. Y estas no son más que aquellas ya probadas en los países con mayor éxito en este empeño. Si tuviera que resumirlas podría reducirla —a riesgo de simplificar las cosas— a una fundamental: crear condiciones favorables para atraer muchos inversionistas privados.
No se necesita ser bachiller para entenderlo. Un campo yace baldío hasta que alguien, inversionista, decide meter dinero para comprar la tierra más arados, semillas, pesticidas, fertilizantes y para contratar mano de obra. Entonces, con dedicación y trabajo, lo que antes era baldío produce cosechas. Estas se venden y se convierten en una suma de dinero mayor —a veces mucho mayor— que la que invirtió. Se ha creado riqueza y la tierra que antes yacía improductiva ahora produce frutos y dinero. Si el inversionista quiere crear más pues entonces es posible que parte de sus ganancias la vuelva a invertir, ya sea en nuevas empresas agrícolas o en otras actividades rentables.
Pero aquí viene el quid del asunto: para que ese inversionista decida arriesgar sus fondos en cualquier empresa o proyecto, no necesita solo dinero. Requiere ciertas condiciones que le den la confianza de que no lo va a perder sino a multiplicar; que le aseguren que va a poder trabajar bien, sin amenazas, sin sobresaltos, y con protección de la ley y las autoridades. Una de las cosas que más le importan es que le protejan su propiedad; que no se la vayan a quitar o invadir; que si alguien le quiere meter pleito injustamente pueda recurrir a tribunales independientes y confiables que le restituyan sus derechos. El inversionista necesita también asegurarse de que va a poder disfrutar del dinero que produjo, lo cual implica poder trasladarlo el banco que quiera, dentro o fuera del país, y que los impuestos no serán muy gravosos, pues de lo contrario mejor se va a otro lugar donde le confisquen menos sus ganancias.
En resumen: la única forma en que el comandante o el gobierno de Nicaragua Ortega puede acabar con la pobreza es haciendo que el país atraiga muchos inversionistas, sobre todo, extranjeros y para eso necesita, primero, asegurar que exista un Estado de derecho: uno donde todos, incluyendo las autoridades, respetan las leyes y en el que funciona un sistema judicial confiable, independiente, rápido y profesional. Debe crear también un entorno libre de favoritismos, donde el emprendedor no se sienta a merced o en desventaja ante personas con influencias y conectes especiales. Igualmente debe asegurar el derecho de los inversionistas de asociarse y crear cámaras gremiales que defiendan sus intereses y expongan sus necesidades. Junto a ello debe procurar una burocracia que facilite, en lugar de complicar y prolongar, sus transacciones, entre ellas los trámites de importación, exportación y contratos.
Dada la posición geográfica de Nicaragua y su crónica falta de fondos, la búsqueda inteligente de inversionistas extranjeros debe buscar atraer en primer lugar a los norteamericanos. Una estrategia efectiva contra la pobreza necesita asimismo aumentar mucho la ayuda exterior a fin de mejorar la infraestructura y las condiciones educativas y sanitarias del país. Eso implica tener buenas relaciones con las multinacionales, como el Banco Mundial, el BID, USAID, y, muy importantemente, con países como Estados Unidos —quien por muchos años fue la mayor parte de nuestro financiamiento externo— y de la Unión Europea. Lo cual requiere fomentar lazos de amistad en vez de insultos.
También va a necesitar el comandante que regresen o se afinquen en el país sus mejores técnicos y profesionales, en lugar de emigrar a otras tierras. Estas, entre otras, medidas, son las que Ortega y sus funcionarios deben considerar si están seriamente empeñados en desterrar la pobreza. El pueblo será el primero en juzgar si sus propósitos son verdaderos o demagogia pues sabrá, mejor que nadie, si su pobreza aumenta o disminuye.
El autor es sociólogo. Exministro de Educación
