Los agentes policiales de origen miskito Samuel José Pikitle, Ditter Padilla, Harold Andrews y otros dos de quienes sus familias han solicitado que no se revelen sus nombres por temor a represalias, permanecen detenidos después de que solicitaran su baja de la institución policial a inicios de agosto.
Una fuente allegada a sus familias indica que la orden fue dada por el comisionado general Juan Manuel Chávez, jefe de la delegación policial de Puerto Cabezas.
Por su parte, el partido indígena Yatama publicó en sus redes sociales que la detención se llevó a cabo el 8 de agosto de 2024 y que las familias de los policías no han sido informadas oficialmente.
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“El silencio de las autoridades ha dejado a las madres, esposas y demás familiares sumidos en la desesperación, sin saber si los detenidos están recibiendo comida, si duermen bien, o si están siendo tratados de manera adecuada”, señaló Yatama en un comunicado.
La Asociación para el Desarrollo Indígena Social también denunció en sus redes sociales que “estos individuos fueron arrestados simplemente por haber decidido retirarse de su labor como policías”.
Otro policía muerto por negarle atención médica
La fuente que conoce del caso comenta que los policías decidieron renunciar porque ya no querían seguir trabajando en esa institución debido a abusos y malos tratos por parte del comisionado general Juan Manuel Chávez.
Uno de los casos más recientes fue el del agente Stanley Bons, de 20 años, y quien —según la fuente— había pedido permiso para viajar a Managua a pasar consulta debido a padecimientos que venía sufriendo desde hace un tiempo. “No lo dejaron y el muchacho se murió”, lo cual provocó mayor descontento entre sus compañeros de la delegación policial.
De acuerdo con la denuncia del partido indígena Yatama, el comisionado Chávez fue quien negó a Bons la atención médica, lo cual provocó su deceso.
La muerte de Bons y la detención de los otros agentes policiales se da a conocer después de la captura del asesor presidencial Steadman Fagoth, quien denunció la semana pasada la situación precaria que viven las comunidades indígenas bajo ataques de colonos, el robo de sus tierras, deforestación, además de ser acechados por la muerte y la explotación de sus recursos naturales.
Tras su denuncia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a Fagoth de narcotráfico y crimen organizado, tan solo un mes después de que la misma Murillo lo ratificara como asesor de Ortega para asuntos de los pueblos originarios.
Por otro lado, la dictadura también mantiene secuestrados a los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, miembros del partido Yatama, así como a otros ocho guardabosques indígenas, según la organización Fundación del Río.
