Serie | La CEN fue piedra en la bota de la dictadura Ortega Murillo

Daniel Ortega ganó un segundo mandato no consecutivo en las elecciones de noviembre de 2006. Había ganado con el 37.99 por ciento de los votos, el porcentaje más bajo que había obtenido de las cuatro campañas presidenciales en que participó hasta entonces, y que luego de su victoria en 1984 las demás solo habían sido derrotas: 1990,1996 y 2001.

Ortega solo había ganado por dos hechos que él labró durante los 16 años que estuvo fuera del poder: mediante un pacto con el caudillo liberal Arnoldo Alemán bajó el límite para ganar una elección de 45 por ciento a 35 por ciento, y ese mismo pacto provocó la división de los liberales que se partieron en dos tantos casi iguales. Una facción logró 27.11 por ciento y la otra 28.30 por ciento.

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Pero su victoria era limitada. La Constitución, reformada en 1995, no le permitía volver a postularse nunca más, ya que esta no solo prohibía la reelección continua, sino que prohibía la postulación de quien hubiese sido presidente dos veces antes.

Ortega debía entregar en enero de 2012, pero él tenía otros planes, quería ser presidente hasta el último aliento. En una entrevista había declarado que esperaba vivir “al menos” tanto como su madre, quien murió en 2005 a los 97 años. Con una oposición dividida y con un sector empresarial que había obtenido la promesa de Ortega de dejarlos hacer negocios mientras no se metieran en política, la Iglesia católica, personalizada en los obispos de la Conferencia Episcopal (CEN), se convirtió en la piedra más grande en el zapato de Ortega. Aunque este en repetidas ocasiones trató de neutralizarlos también.

2009-2010: «Nos preocupa la inconstitucionalidad en la que han caído nuestras instituciones»

La escasa victoria electoral de 2006 le había dado al Frente Sandinista una bancada de tan solo 36 diputados, de un total de 92. Los liberales contaban con 54 votos y aunque estaban divididos a muerte no iban a abrir las puertas a la reelección continua.

Inspirado en una resolución de la Sala IV del Tribunal Supremo de Costa Rica, Ortega recurrió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua alegando que la no reelección violentaba sus derechos humanos. Sin embargo, en la Sala Constitucional Ortega tampoco tenía mayoría y los liberales se negaban a darle el voto. Dejando a un lado formalidades y legalidades, el 19 de octubre de 2009 la Sala, con el magistrado Rafael Solís a la cabeza, sesionó en horas de la noche en ausencia de los liberales y con una mayoría conformada ilegalmente “aprobó” el recurso de Ortega. 

El 23 de abril de 2010, la CEN publicó un mensaje “ante la realidad nacional” en el que expresaban su preocupación por “los últimos acontecimientos   políticos, conscientes de la gravedad de algunos actos de transgresión a nuestra Constitución Política y de irrespeto a la institucionalidad del país. Debemos convencernos de que sólo el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho nos puede asegurar una convivencia pacífica y democrática que garantice permanentemente la gobernabilidad, la seguridad pública y el progreso social”, decían los obispos.

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“Nos preocupa hondamente la inconstitucionalidad e ilegalidad en las que han caído algunas  de   nuestras instituciones democráticas, pues no podemos olvidar que ‘una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho’ y que ‘una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia’ (Centesimus  annus, 46).  Las instituciones no deben ser instrumentos en manos de quien gobierna para transformar sus abusos y ambiciones de poder en formas y actuaciones legalmente justificadas”, advertía la CEN.

Ortega no escuchó a los obispos y esa sentencia de la Sala Constitucional fue ratificada en Corte Plena, controlada por el sandinismo, el 30 de septiembre de 2010, dejando allanado el camino para postularse a la reelección, aun cuando el artículo 147 establecía expresamente esa prohibición.

La “Corte Plena”, además, había sido conformada por magistrados cuyos períodos estaban vencidos, y como el Frente Sandinista no tenía los votos en la Asamblea para reelegirlos, Ortega, mediante otro artilugio, decidió “prolongar” sus períodos indefinidamente.

2011-2014: Las reformas “favorecen el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto”

Ortega resultó electo en noviembre de 2011 en unas elecciones en las que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “opaco”.  Todos estos actos inconstitucionales llevaron a LA PRENSA a llamar a Ortega “presidente inconstitucional” cada vez que se refería a él durante el período 2012-2017.

El escrutinio de los votos no había permitido a los observadores electorales, nacionales y extranjeros, constatar los resultados. El director del organismo de observación nacional Ipade, Mauricio Zúniga, dijo poco después de las elecciones: “Es imposible auditar estos datos al no existir una fuente oficial del CSE (que brinde) datos por Junta Receptoras de Votos a como lo manda el artículo 129 de la Ley Electoral”.

En su mensaje del 16 de noviembre del 2011, titulado “sobre los resultados electorales”, la Conferencia Episcopal sentenció: “La legitimidad del proceso electoral y el respeto a la voluntad del pueblo han quedado totalmente en entredicho. Como creyentes poseemos la firme convicción de que cualquier acción deshonesta que atenta contra la soberanía del pueblo, no es un simple hecho éticamente negativo, sino algo reprobable a los ojos de Dios, quien espera que las autoridades civiles sean las primeras en ‘conocer el derecho’ (Miqueas 3,1), es decir, las primeras en respetar y hacer cumplir las exigencias de la justicia”.

Legalizar futuras reelecciones

Ortega necesitaba ahora “legalizar” sus futuras reelecciones. En 2011 se había asegurado mediante un escrutinio de votos bajo su control que tenía suficientes diputados para reformar la Constitución y establecer la reelección indefinida. Ortega “ganó” con el 62.46 por ciento de los votos y esto resultó en 63 diputados del Frente Sandinista, de un total de 92.

Después de inaugurar su período inconstitucional en enero de 2012, Ortega podía proceder a esa reforma. Pero no era la única reforma que le interesaba. El “modelo de diálogo y consenso” con los empresarios le estaba funcionando muy bien y quería darle rango constitucional. Los empresarios estaban felices. La oposición cada vez más debilitada por la división. Solo la CEN mantenía el dedo sobre la llaga.

En su mensaje del 22 de noviembre del 2013 los obispos dicen: “Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución vista en su conjunto está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica.

“Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales. Creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación”.

Las reformas fueron aprobadas en primera legislatura el 10 de diciembre 2013.

Ortega busca neutralizar a los obispos

Ante la presión de los obispos por las reformas constitucionales, Ortega aprovechó la visita ese diciembre del cardenal primado de América, Nicolás López Rodríguez, en ocasión de la celebración del centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua, para proponer un diálogo a los obispos.

A final del almuerzo ofrecido por Ortega, se puso de pie y por iniciativa propia dirigió unas “brevísimas” palabras, dejando la promesa de que “este puede ser el inicio de unos nuevos encuentros… y que está abierto al diálogo”, detalló a LA PRENSA el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, el 5 de diciembre de 2013.

La invitación al diálogo generó preocupación por el hecho que Ortega avanzaba en el control del país y que pretendía tal vez controlar también a los obispos. El exdiputado liberal José Pallais advirtió en esa ocasión que “Ortega solo abre espacios de diálogos cuando se ve compelido por la realidad y por la profundidad de las crisis”, así que le resultaba difícil creer que estuviera cambiando.

Báez en ese entonces sostuvo que “quería creer en el presidente”, y aseguró que los obispos no son enemigos del Gobierno, ni oposición política, ni tampoco adversarios, sino que sus críticas son para mejorar los procedimientos y decisiones que se toman en el país.

La reunión en la Nunciatura el 21 de mayo de 2014

Los obispos se tomaron la invitación al diálogo muy en serio. Analizaron y sopesaron las oportunidades y las amenazas de ese encuentro y en marzo del 2014 decidieron aceptar, pero pasarían dos meses más para que se vieran las caras. El 21 de mayo, en la sede de la Nunciatura Apostólica en Managua, los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron con Ortega y Murillo. Les entregaron una carta de 15 páginas en la que planteaban los puntos de interés en el diálogo que iniciaba.

En el documento tocaban temas desde la familia hasta sus inquietudes referentes al entonces vicariato de Bluefields, pasando por su preocupación por los abusos contra los derechos humanos, la evangelización y las políticas del gobierno, y la institucionalidad.

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Sobre ese último punto decían: “A partir del resultado de las elecciones del 2011 la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-Partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica, el tráfico de influencias, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro”.

Dos propuestas “inaceptables”: diálogo abierto con la oposición y “dar palabra de honor” de celebrar elecciones libres

“Frente a la actual situación política e institucional deseamos hacerle con la mejor buena voluntad dos propuestas concretas, que estamos seguros de que nuestro pueblo acogerá con esperanza y alegría. 

“La primera es la realización de un ‘Gran Diálogo Nacional’ en el que participen todos los sectores del país. Los Obispos propusimos ya en nuestra carta del 23 de abril del 2010, un camino de ‘diálogos transparentes y confiables’ entre el Gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil, que lleven a un entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad y cristalicen en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país y que afronte los grandes problemas de la población”.   

“Le exhortamos respetuosamente, Señor Presidente, a que se abra al diálogo con todos los sectores de la nación, que acoja otras opiniones y que, incluso inicie mostrando su buena voluntad en este sentido, comenzando a ofrecer periódicamente conferencias de prensa sin discriminación de los medios no oficialistas.

“La segunda propuesta que como Conferencia Episcopal hacemos al Gobierno, no obstante haya ya nombrado o reelecto a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), es iniciar una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país.

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“Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en 2016 para Nicaragua  un  proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y  honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un  sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un  proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”.

El intento de neutralizar a los obispos había fracasado. Los obispos nunca recibieron una respuesta de Ortega.

Ortega continuó en el proceso de concentración de poder y se reeligió en 2016, ya prácticamente sin oposición porque la había eliminado a través de su control del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. El mecanismo preferido hasta ese momento era cancelar la personería jurídica de las organizaciones donde se agrupaba la verdadera oposición. Las elecciones de 2016 tuvieron una abstención superior al 60 por ciento, la población había perdido la confianza en el proceso, al que calificaba de farsa.

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El estallido de 2018

Tal como lo predijo el exdiputado Pallais, Ortega buscó el diálogo cuando “se vio compelido por la realidad y por la profundidad de las crisis” del estallido social de abril de 2018, que inició con protestas en contra de las draconianas reformas al sistema de Seguridad Social, pero por la violenta respuesta del régimen, se extendieron por todo el país, cuyas carreteras fueron bloqueadas en un 60 por ciento y las principales ciudades fueron tomadas por los manifestantes.

Tras años de silencio, Ortega volvió a llamar a la Conferencia Episcopal. Esta vez no era la CEN la que le proponía el diálogo, sino él, que aunque reprimía con violencia a los manifestantes, no podía retomar el control. La CEN accedió a mediar entre el dictador y una masa amorfa de protestantes que apuradamente se organizó bajo el paraguas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El diálogo inició el 16 de mayo, un mes después del inicio de las protestas, pero la represión no cesaba y pronto quedó claro que Ortega solo ganaba tiempo. El 7 de junio la CEN presentó a Ortega una agenda de diálogo “para democratizar” el país, con miras a acabar con la violencia. Básicamente los obispos retomaban los puntos que habían venido señalando durante años.

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En un breve comunicado los obispos explicaban: “Le hemos entregado la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la inmensa mayoría de la población. Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible”.

Ortega respondió acusando a la Conferencia Episcopal de pretender perpetrar un golpe de Estado y arreció la represión. Desde entonces, la represión no ha cesado, los nicaragüenses han perdido todas sus libertades, casi 800 mil han abandonado el país y el régimen ha desterrado a más de 150 sacerdotes, incluyendo tres obispos, el 25 por ciento del total del clero del país.

Al día de hoy, la pretensión de Ortega de permanecer en el poder hasta su último aliento parece un objetivo realizable.