LA PRENSA presenta una nueva entrega de la serie de artículos que irán retratando a fondo la persecución de la dictadura contra la Iglesia católica. Los artículos no se publicarán consecutivamente, pero recogen para la posteridad este negro período de nuestra historia.
Si el gobierno estadounidense acepta las recomendaciones hechas por expertos internacionales y activistas nicaragüenses durante un foro sobre el deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, podría convertirse en una herramienta para presionar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no da tregua en su política de represión contra la Iglesia.
La Comisión para la Libertad Internacional de Religión de Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) convocó a expertos internacionales y activistas nicaragüenses para que testificaran sobre lo más reciente de la campaña represiva que el régimen Ortega-Murillo ha desatado contra la Iglesia católica desde el 2018 y contra iglesias protestantes, más recientemente.
Desde 2018 el régimen Ortega Murillo ha expulsado de Nicaragua, hasta la fecha de publicación de este artículo, a 150 sacerdotes, lo que equivale a aproximadamente el 25 por ciento del total de presbíteros en la Provincia Eclesiástica de Nicaragua, que según investigación de LA PRENSA, a 2021 contaba con 611 sacerdotes.
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De las nueve diócesis y una arquidiócesis que componen la Provincia, la más golpeada ha sido la de Diócesis de Matagalpa, que en este momento no tiene obispo ni vicarios y en la que solo quedan 20 clérigos, cuando en 2021 contaba con 51 sacerdotes diocesanos.
Experto: “El régimen desciende hacia el totalitarismo”
Cristopher Hernández-Roy, subdirector del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la situación de la libertad religiosa en Nicaragua se ha venido deteriorando “en la medida que el régimen desciende hacia el totalitarismo”.
La más cruenta represión ha sido contra la Iglesia católica a la que el régimen “ve como un actor político que se opuso a sus políticas en los años 1980, que contribuyó a su derrota electoral en 1990 y que le criticó por su represión de las protestas en 2018”.
“Ortega tiene la intención de desmantelar a la Iglesia y otras organizaciones religiosas como parte de su incansable persecución para consolidar una dictadura dinástica, lo mismo contra lo que él luchó como un joven rebelde sandinista cuando intentaba derrotar a la dictadura Somoza”, dijo Hernández-Roy.
El experto agregó que Estados Unidos y países que comparten sus valores necesitan una estrategia de cambio que “golpee efectivamente las herramientas que el régimen usa para reprimir a su propio pueblo”.
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“El fondo de retiro del Ejército de Nicaragua es un buen ejemplo de algo que debería estar bajo un microscopio y se le debe prohibir invertir y recibir ganancias en los mercados financieros estadounidenses”, dijo Hernández-Roy.
Para la suspensión del DR-Cafta hay que tomar en cuenta el impacto en la migración
El otro tema sugerido es la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). Sin embargo, el experto reconoció que antes de tomar esas medidas se deberán evaluar con detenimiento las posibles repercusiones inmigratorias para Estados Unidos, pues un mayor desempleo en Nicaragua alentaría la migración ilegal hacia el norte.
Ortega está usando la migración como arma contra Estados Unidos
Hernández-Roy señaló que el régimen Ortega-Murillo ya está usando la inmigración como un arma en contra de Estados Unidos, al usar el país como trampolín para que aviones que llevan a Nicaragua a miles de cubanos, venezolanos, asiáticos, árabes y africanos continúen su viaje por vía terrestre hacia la frontera sur estadounidense.
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“Ya el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra operadoras de viajes que estaban haciendo este tipo de vuelos de personas que van a Nicaragua sin intención de quedarse en el país”, dijo Hernández Roy en entrevista con LA PRENSA.
El gran obstáculo es que cuando se creó el DR-Cafta no se incorporó ninguna cláusula para la suspensión o expulsión de algunos de los Estados miembros. No existe entonces un mecanismo para sacar a Nicaragua del tratado.
Apretar las tuercas a sectores favorecidos por el DR-Cafta que beneficien al régimen
“Mercosur tiene un mecanismo. Lo único que podrían ver es convencer a los países a desechar el DR-Cafta y negociar uno nuevo, lo cual nadie quiere hacer pues significa abrir una nueva negociación”, explicó Hernández Roy. “Es posible, pero muy difícil. Algo mejor es progresivamente dirigirse a distintos sectores de la economía, especialmente aquellos que benefician al régimen. Encontrar los productos que le generan dinero al gobierno sin usar mucha mano de obra que sea afectada”, agrega.
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Por su parte, el académico y exiliado activista, Félix Maradiaga, señaló el reciente cierre de Radio María y la confiscación de todos sus bienes como el más reciente zarpazo de la dictadura en su afán por silenciar y desaparecer a la Iglesia católica.
Maradiaga también abogó por la suspensión de los privilegios del DR-Cafta señalando de “increíble” que después de seis años de la masacre del 2018 se siga permitiendo el acceso a dicho tratado.
“Es crucial evaluar el hecho que Estados Unidos tiene un Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. ¿Cómo pueden concederse ese tipo de ventajas a un régimen que viola todo principio de derecho humano?”, agregó Maradiaga. “Además, Estados Unidos debe trabajar con sus aliados para imponer más sanciones y presiones, incluyendo la ampliación de la lista de individuos e instituciones sancionados, como el caso de los militares nicaragüenses”.
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El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) fue creado en 1994 durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro con un fondo semilla proveniente de la venta, hace más de 30 años, de helicópteros soviéticos a Perú.
Las inversiones del IPSM en la Bolsa de Nueva York
Según una investigación publicada por Confidencial en agosto de 2019, las inversiones del IPSM en la Bolsa de Valores de Estados Unidos se estiman en unos 30 millones de dólares y son manejadas a través de varias firmas especializadas, entre ellas: Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
El manejo de este fondo se ha hecho en total sigilo y sin una sola auditoría de la Contraloría General de la República, facultada para hacerlo.
Para dar una idea del ritmo de crecimiento de esa inversión, el único informe publicado a la fecha sobre las inversiones del IPSM reveló que entre 1995 y 1996 habrían generado cinco millones de dólares.
En 2012, un reportaje de Confidencial —basado en una auditoría de la firma Deloitte & Touche— reveló que el IPSM, en total, tenía en 2002 un capital de 29.5 millones de dólares, que para 2009 se había incrementado a 72.3 millones de dólares. Fuentes de la entidad castrense afirmaron, en ese entonces, que los fondos del IPSM podrían rondar entre los 90 y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35 por ciento estaba invertido en bonos en Estados Unidos, de ahí sale el cálculo de un aproximado de 30 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York.
¿Continúan los fondos del Ejército en la Bolsa de Nueva York?
Sin embargo, esos cálculos datan de 2012, desde entonces mucha agua ha corrido debajo del puente, en particular a partir de la violenta represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses.
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No ha sido posible confirmar si las firmas norteamericanas continúan gestionando las inversiones para el IPSM, que debido a la situación política de Nicaragua es considerado como entidad políticamente sensible; sobre todo porque han sido constantes los llamados de grupos de derechos humanos nicaragüenses para que esos fondos sean congelados.
¿Congelar los fondos del IPSM acercaría o alejaría de Ortega a los militares?
No hay un consenso sobre si el congelamiento del fondo de inversiones de los militares contribuiría a que estos retiren su respaldo a Ortega y respalden un proceso de regreso a la democracia.
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“He escuchado a algunos nicas, ciudadanos (americanos) y a algunos exmilitares, decir que esos militares van a estar con Ortega sin importar nada más. No tienen otra fuente de jubilación más que Ortega”, dijo Hernández Roy. Sin embargo, el experto considera que “el congelamiento sería un incentivo para un mejor comportamiento. Creo que aumentarle la presión al Ejército es sancionar a una institución que está apoyando al régimen y no lo sentiría la población”.