La Contraloría General de la República (CGR) reconoció en su informe de gestión de 2023, al que tuvo acceso LA PRENSA, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta “desafíos en términos de la celeridad y eficacia” con que se resuelven los recursos de amparo en el sistema judicial.
Cabe destacar que el total de recursos de amparo que la Contraloría reportó en su informe son interpuestos generalmente por funcionarios o proveedores del Estado para «protegerse» ante auditorías o resoluciones de esta instancia. La Contraloría emite resoluciones en materia de contrataciones y, en algunas ocasiones, establece que no se le adjudique a determinados proveedores del Estado algún proceso de contratación.
Según el informe, entre 2019 y 2023 la CSJ recibió 45 recursos de amparo para la protección de derechos y garantías constitucionales de personas afectadas por resoluciones emitidas por el Consejo Superior de la Contraloría. Sin embargo, la CSJ solo ha resuelto seis, pese a que en 2022 y 2023 no recibió ningún trámite de este tipo.
El informe señala que esta instancia del poder judicial no resolvió ninguno de los 14 recursos de amparo que recibió en 2020 ni los cinco que se interpusieron en 2021. Los únicos seis que resolvió fueron en 2019.
Además, de los seis que tramitó, solamente a uno dio lugar, mientras que a tres «No ha lugar» y a dos los declaró desiertos.
«Puede ser porque todos saben que el sistema de justicia está capturado y quejarse de una resolución, que es un derecho constitucional, no tiene mucho sentido porque hay una retardación de justicia evidente en estos datos y posiblemente, el fallo sea en contra de la persona natural o jurídica que interponga el recurso», refirió un especialista en contrataciones que prefirió no decir su nombre por temor a represalias.
«Un funcionario o exfuncionario público también puede interponer recursos contra las resoluciones del Consejo Superior de la CGR. Pero también muchos de los funcionarios son parte de la corrupción y no van a interponer recursos porque saben que la represión es más fuerte que obtener un resultado positivo ante el control de la dictadura de la CGR y la CSJ», añadió.
El Consejo Superior es la autoridad suprema de control de la administración pública y fiscalización de bienes y recursos del Estado. Los miembros propietarios son: María José Mejía García, María Dolores Alemán Cardenal (hija del expresidente Arnoldo Alemán), Vicente Isabel Chávez Fajardo, Luis Alberto Rodríguez Jiménez y Elba Lucía Velásquez Cerda.
Hasta el año pasado, el número de servidores públicos activos en la Contraloría era de 412 trabajadores, 219 mujeres y 193 hombres.
Contraloría solamente auditó el 79% de las instituciones en 2023
Por otro lado, la CGR señaló en su informe de gestión que en 2023 fiscalizó 199 entidades del sector público y del sector municipal para una cobertura de 79.28 %. Además realizó 13 auditorías a ministerios, 16 a entes descentralizados y seis a universidades.
«Hace muchos años, la CGR decía que era un reto importante tener la cobertura total. Alegaban que era un tema de recursos. Lo que hay que cuestionar es la calidad de esas fiscalizaciones porque realmente ellos no están mostrando en sus cifras que encontraron en sus investigaciones y control de legalidad no ve el fondo», dijo el especialista.
En ese sentido, consideró que la Contraloría no expone en su informe el detalle de los hallazgos en las auditorías.
«Ese control no tiene como objetivo principal indagar sobre el manejo de los recursos públicos. Sin duda alguna, la Contraloría está encontrando actos de corrupción realmente, pero se están encubriendo porque son parte de lo que está sucediendo dentro del régimen. Seguramente los hallazgos sí llegan a El Carmen y desde ahí se toman decisiones más políticas partidarias», señaló el especialista.
Además, determinó responsabilidades administrativas a nueve funcionarios o exfuncionarios y diez responsabilidades civiles a otros diez.
Contraloría dice que hay «acceso a la información pública»
Según el informe, las oficinas de acceso a la información pública desempeñan un papel fundamental en la promoción de la transparencia, pese a que el régimen es cuestionado por no brindar acceso a la información.
La Contraloría, según un informe del Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la gestión institucional de las entidades fiscalizadoras superiores (IDIGI), indica que Nicaragua obtuvo el ranking de 98.66, considerándolo óptimo y por encima de Costa Rica, que se posicionó en 89.9.
Sin embargo, en la práctica, las instituciones del Estado no brindan información ante consultas de medios de comunicación y retrasan la publicación de los informes. Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal (IML) lleva ocho meses sin actualizar sus boletines y aun no publica el anuario estadístico correspondiente al año pasado. Además, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) tampoco ha publicado su anuario estadístico de 2023.
