El régimen de Daniel Ortega cerró fila este viernes a favor del expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aliado político, Dante Mossi, que fue acusado legalmente por dicha entidad financiera en una corte en Estados Unidos por múltiples delitos de corrupción durante su gestión.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la dictadura dijo que «no respalda y se distancia de esta demanda. Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política».
«Creemos que el BCIE y los países que conformamos, contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo pretender solucionarlos en países extra regionales que no son accionistas de nuestra organización», expresó.
Régimen se refiere a demanda
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El régimen se refiere a la decisión del BCIE de llevar la acusación a una corte de Estados Unidos, que no es accionista de dicho banco. «Este tipo de acción tuvo que ser consultada y consensuada con los Gobernadores y Directores de nuestros países por razón del poder de voto, y hasta por un acto de cortesía, al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BCIE, quien contó con todo nuestro respaldo durante su gestión», expresó, en un lenguaje suave, algo que no suele ser característico de la dictadura, que suele atacar con descalificaciones a los que considera adversarios.
De hecho, cuando la presidenta del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez a inicios de este año se refirió a la concentración excesiva de recursos en Nicaragua y El Salvador, el régimen de Ortega emitió un comunicado furibundo, donde incluso le recordó el voto que dio a favor de su elección.
Desde su derrota en su aspiración de reelección como presidente del BCIE, Mossi se ha dedicado a atacar en sus redes sociales la gestión de Sánchez frente al banco.
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Dante Mossi reaccionó sorprendido
Mossi se declaró «sorprendido» el jueves por el anuncio de demanda en su contra y afirmó que probablemente era una reacción del BCIE a su reclamo de una indemnización laboral de 2.5 millones de dólares que presentó ante la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua.
Además, Mossi negó que Nicaragua fuera el principal receptor de créditos durante su gestión en el BCIE (2018-2023), afirmando que fue el tercero, detrás de Costa Rica y El Salvador.
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El banco acusa a Mossi de presunta «manipulación del mercado, interferencia ilícita en incumplimiento de contrato y violación de la Ley RICO (norma anticorrupción dictada en Estados Unidos en 1970)» y «múltiples violaciones a políticas del banco», según un comunicado publicado el jueves por el BCIE.
