El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reiniciado este jueves el programa de parole humanitario que beneficia a ciudadanos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití y que les permite migrar de manera legal hacia Estados Unidos. A través de un comunicado las autoridades aseguraron que ejercerán un mayor escrutinio en las solicitudes para evitar que ocurran fraudes en el proceso. Este programa había sido suspendido a inicios de agosto, luego de que las autoridades reportaran fraudes en el proceso de aplicación.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que ha adoptado nuevas medidas para fortalecer “la integridad” del programa y poder reanudar los permisos de viaje. “Junto con nuestra rigurosa investigación existente de los beneficiarios potenciales que buscan viajar a los Estados Unidos, estos nuevos procedimientos para los partidarios han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación de los beneficiarios”, reza el comunicado.
Las autoridades incluso requerirán “las huellas dactilares de los patrocinadores radicados en los EE.UU.”, harán un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes “en serie”.
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“El DHS se compromete a responsabilizar a las personas que cometen fraude o intenten explotar a otros para obtener ganancias”, agrega.
De acuerdo con cifras actualizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), hasta finales de junio, a un total de 93,325 nicaragüenses habían sido beneficiados con el parole. Con este programa la Administración del presidente Joe Biden ha disminuido significativamente los cruces ilegales hacia territorio norteamericano.
Parole humanitario, un programa controversial
Así como el parole humanitario ha beneficiado a miles de personas también ha generado controversia política entre diferentes sectores de Estados Unidos.
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En enero de 2023 los fiscales generales de Texas y otros 19 estados —incluidos Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky— demandaron al gobierno Biden argumentando que el programa permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE.UU. que ya están “sobrecargadas” y los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.
Incluso el candidato Donald Trump ha mencionado en repetidas ocasiones que de llegar nuevamente a la Presidencia de Estados Unidos replicará el modelo de deportación de 1954, conocido como Operación Espalda Mojada, cuando la administración del gobierno de Dwight D. Eisenhower ordenó agrupar a más de un millón de mexicanos en la frontera sur para expulsarlos sin el proceso debido. La medida ocasionó que incluso ciudadanos estadounidenses fueran deportados por error.
“No son civiles”, dijo Trump refiriéndose a los inmigrantes. “Son personas que no están legalmente en nuestro país. Esto es una invasión de nuestro país”. Además cifró su meta de deportación en entre 15 y 20 millones de migrantes. Especialistas han señalado, no obstante, que es casi imposible tener la infraestructura adecuada para expulsar del país a esa cantidad de personas.
Los migrantes con parole quedarían indocumentados si, por ejemplo, Trump decidiera no renovar el periodo de estancia de dos años, en caso de que Biden saliera del poder, por lo que estos pasarían a engrosar el objetivo de persecución de las agencias de Inmigración de ese país.
