La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó “su profunda preocupación” por el cierre de 1,500 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, incluyendo al menos 700 religiosas, el pasado lunes 19 de agosto.
El Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL, publicado en La Gaceta, diario oficial el lunes 19 de agosto, indica que los 1,500 organismos cancelados —en su mayoría organizaciones religiosas— incumplieron sus obligaciones, entre estas: no reportar por período entre uno hasta 35 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas.
Según el Ministerio del Interior, las organizaciones supuestamente no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose a los directivos que los administraban y las ejecuciones de sus proyectos, si fue acorde a sus objetivos y fines.
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“Este acto atenta contra la libertad de religión y la libertad de asociación. Instamos al Gobierno a garantizar y proteger las libertades fundamentales”, señaló la Oacnudh a través de su cuenta en X.
Oacnudh destaca persecución religiosa de la dictadura
Al presentar su informe rápido 13, la Oficina destacó que desde julio de 2024 la persecución de la Iglesia católica y a otros grupos religiosos incrementó de manera alarmante, infundiendo un clima de terror dentro de las comunidades religiosas.
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“Esa persecución a las religiones se manifestó también por arrestos arbitrarios, procesos judiciales que carecen de garantías judiciales, secuestros, expulsiones y confiscaciones de bienes”, señala la Oacnudh.
El informe registra que siete sacerdotes fueron arrestados y expulsados a Roma el 9 de agosto y 1 a México. El reporte también indica que desde diciembre de 2023, 11 pastores, 10 hombres y una mujer fueron detenidos.
La oficina expresó que desde 2018, más de 1,100 organizaciones religiosas han perdido su personalidad jurídica, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA), a la que el régimen acusó de ser un centro de terrorismo.