¿Qué pretenden los Ortega Murillo con su implacable persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua? Ningún gobierno, desde nuestra independencia, ha exhibido algo igual. Ni Zelaya, quien tras ser excomulgado expulsó al obispo Pereira y 23 clérigos más, ni el régimen sandinista de los ochenta, que expulsó un obispo y 17 sacerdotes, además de cerrar Radio Católica y otras tropelías. Actualmente, en cambio, han sido sacados del país 245 miembros del personal eclesiástico desglosados en 136 sacerdotes, 91 monjas, 3 obispos, 11 seminaristas, tres diáconos y un nuncio apostólico.
El inventario de esta arremetida lo ha proporcionado la bien documentada quinta entrega del reporte de Martha Patricia Molina, Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?. Nicaragua ha perdido así, hasta la fecha, más de la cuarta parte de su clero católico. A la Diócesis de Matagalpa, la más golpeada, le quedan 13, de 73 sacerdotes que tenía. Esto ha dejado a grandes sectores de la feligresía nacional, y particularmente al campesinado, sin acceso a servicios religiosos, más aún cuando el gobierno ha prohibido, además, que funcionen los “delegados de la palabra”, laicos que predican en los sectores alejados.
Otro golpe bajo y cruel es haberse robado las cuentas bancarias del 90 por ciento de las parroquias y, junto con ellas los fondos de seguro o retiro que recibían los sacerdotes mayores. Igualmente ha impedido a la Iglesia recibir donaciones y le ha confiscado al menos 19 propiedades. También le han sido prohibidas las procesiones y actos de culto fuera de los templos. El reporte de Martha Patricia contabiliza 9,688 de estos casos. El gobierno Ortega-Murillo ha cerrado 21 medios, entre radiales, televisivos, impresos y digitales. También ha suprimido y arrebatado sus bienes a 47 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo cinco universidades —una de ellas la UCA— y numerosas centros asistenciales y escuelas, como la red que manejaba en el norte del país la Fundación Padre Fabretto y la recién cerrada Cáritas de Matagalpa.
Las implicaciones de esta realidad son tremendas, porque sus víctimas no es solo el estamento eclesial sino los millones a quienes se les está privando el acceso a la palabra de Dios y a los millares de niños, jóvenes en riesgo, ancianos y gente en extrema necesidad, a quienes también se les han arrebatado servicios caritativos y educativos muy valiosos.
Otra faceta de la persecución ha sido la campaña de odio alentada desde arriba: “No son hijos de Dios, son hijos del demonio esos curas” (Ortega 2021) “Los cardenales, los curas, y los papas, son una mafia” (ídem 2023), “Aquí hemos conocido verdaderos malvados disfrazados de religiosos, pero a nadie engañan” (Murillo 2024). No sorprende entonces que se hayan producido 56 profanaciones —sagrarios o imágenes religiosas destrozadas— junto con 39 robos mayores que han dejado incontables pérdidas.
Quienes proceden así no tienen nada que temer. En diciembre de 2018 Elis Leonidovna Gonn, rusa, desfiguró el rostro del padre Mario Guevara con ácido sulfúrico. Siete meses más tarde fue dejada en libertad mientras varios sacerdotes opositores recibían 10 o más años de condena. Martha Patricia contabiliza y documenta un total de 870 agresiones de todo tipo perpetradas desde 2018, con un claro recrudecimiento en 2023-24. Ante estas, y otras evidencias, Nicaragua ha sido considerada por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés), como uno de los países con la peor persecución religiosa del mundo.
¿Qué busca la pareja gobernante con esta campaña tan destructiva? Muchos piensan que es silenciar aquellos sectores de la comunidad cristiana que consideran desafectos. Pero entonces no tendría explicación la expulsión de las monjas de la caridad de Madre Teresa y decenas de religiosas más, o el cierre de la Fundación Fabretto y de tantas otras actividades totalmente apolíticas, siendo el caso más reciente el cierre de Radio María. Tampoco explicaría el ataque a pastores y oenegés protestantes que jamás han criticado al gobierno.
Es obligado concluir, por tanto, que debajo de las motivaciones políticas obra otra más soterrada y siniestra: el afán de extirpar en la población el amor a Cristo y a su Iglesia.
El autor es sociólogo e historiador. Fue ministro de Educación.
