A raíz del recrudecimiento de la represión y de las violaciones a los derechos humanos, cada vez más defensores de derechos humanos refieren que es importante que en un eventual cambio democrático en Nicaragua se inicie un proceso de justicia transicional.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) la justicia transicional es la disciplina que trata de desentrañar lo que se necesita para que las sociedades se enfrenten a este tipo de legados desafiantes y desarrollen diversos instrumentos para superar historias violentas y evitar que se repitan.
«Las violaciones masivas de derechos humanos anteceden a los procesos de justicia transicional, que son un conjunto de mecanismos que tienen como finalidad la reconciliación de un país», expresó el abogado especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, a LA PRENSA.

Según la ONU, el objetivo de la justicia transicional es reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, aumentar la confianza entre los individuos en la sociedad y la confianza de los individuos en las instituciones del Estado, y reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho.
«La justicia transicional busca así contribuir a la reconciliación y a la prevención de nuevas violaciones», señala la ONU.
Es decir que, según la ONU, los procesos de justicia transicional deben ser específicos del contexto, con apropiación nacional, inclusivos, centrados en las víctimas, sensibles al género, con participación y empoderamiento y que sea transformador para la sociedad.
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Sin embargo, Pineda señala que en muchas ocasiones se percibe la justicia transicional como una justicia «más suave».
«Las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad pueden enfrentar la justicia de una forma aminorada y puede verse como algo injusto. Sin embargo, permite superar el impasse entre el estancamiento represivo hacia una vida en democracia y una convivencia pacífica», dijo Pineda.
Verdad y la no repetición
Según la ONU, la justicia transicional tiene sus raíces en el derecho internacional de los derechos humanos y establece que los Estados están obligados a brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
«Las personas que han sido víctimas de crímenes encuentran paz y consuelo al saber por qué pasaron los hechos. Y esto pasa por mecanismos de justicia alternativa. También, la justicia transicional conoce la verdad por la memoria histórica, por un interés público y por un interés particular de las víctimas», dijo Pineda.

También establece la obligación de los Estados para reparar los crímenes cometidos a las víctimas. Generalmente, la reparación consiste en compensaciones económicas, rehabilitación, y otras formas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
«La justicia transicional no excluye la obligación del Estado de reparar las violaciones a derechos humanos. Esto causa irritación entre actores políticos, pero no solo Daniel Ortega y Rosario Murillo fallaron», dijo Pineda.
¿Quién asumiría el liderazgo de los procesos de la justicia transicional?
En un eventual cambio democrático en Nicaragua, a raíz de la salida de la dictadura Ortega Murillo, Pineda plantea que se deben buscar mecanismos que contemplen el acompañamiento de la comunidad internacional.
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«En el caso de Nicaragua, el nivel de demolición de la institucionalidad es tal que habrá que buscar un mecanismo creativo para tener representación de actores políticos que, ante la falta de un mecanismo legitimador, tiene que tener acompañamiento de la comunidad internacional y podría ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de Naciones Unidas», afirmó
Comisiones de la verdad independientes
Las comisiones de la verdad son organismos establecidos para investigar y documentar abusos pasados y dar voz a las víctimas, ayudando a aclarar la verdad de lo sucedido.
Aunque a raíz de la crisis sociopolítica, la Asamblea Nacional, al servicio de la dictadura, creó la «Comisión de la verdad, justicia y paz», esta fue incompatible con los estándares internacionales, según expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018.

Por esta razón, Pineda considera que en Nicaragua será necesario crear una comisión de la verdad que se apegue a los estándares internacionales.
«El mecanismo más usual para buscar la verdad y la justicia es a través de comisiones de la verdad, que tengan capacidad, que sean independientes, integradas por personas de gran credibilidad, que tenga recursos y la potestad de citar a autoridades, con un mandato claro y delimitado», expresó Pineda.