El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (GHREN por sus siglas en inglés) aseguró que el régimen Ortega Murillo prohibió al menos 7,976 procesiones religiosas entres 2023 y 2024, en el marco de las celebraciones de Semana Santa, en un informe presentado este 22 de julio.
El informe abarca los hechos ocurridos desde abril de 2018 y el 31 de marzo de 2024, período en que se documentaron violaciones y abusos sistemáticos del derecho internacional y de los derechos humanos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y de otras denominaciones religiosas.
Según el informe, en 2023, en total se prohibieron al menos 3,176 procesiones, sin incluir aquellas usualmente realizadas durante el Viernes Santo y la Cuaresma. Además, detalla que se registraron al menos 21 detenciones en este período. En 2024 el régimen prohibió al menos 4,800 procesiones o actividades religiosas y se contabilizaron ocho personas detenidas.
«No obstante, en ambos casos el número podría ser mayor ya que no se incluyeron aquellas actividades previstas a desarrollar en otras parroquias ni en las capillas de las comunidades rurales», señala el GHREN.
Según el Grupo de Expertos, estas prohibiciones podrían afectar el ejercicio del derecho a la libertad de religión y otros derechos conexos de más de tres millones de personas, en tanto no solamente quienes profesan la religión católica asisten a las procesiones religiosas.
Lea además: Régimen intenta imponer una religión sin religiosos
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó al GHREN el 31 de marzo de 2022 por un período de un año y renovó su mandato el 3 de abril de 2023 hasta el 32 de marzo de 2025.
Este grupo de expertos tiene como objetivo investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, formular recomendaciones y colaborar para el intercambio de información y apoyo para la rendición de cuentas.
Grupo de expertos señala a turbas sandinistas
En su informe, el Grupo de Expertos asegura que «tiene motivos razonables» para creer que las fuerzas estatales, individuos, paramilitares y turbas sandinistas actuaron a conveniencia de las dictadura para cometer violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho a la libertad de religión.
El Grupo de Expertos reportó que los asaltos repetidos contra templos, imágenes, símbolos, procesiones y otras formas de celebraciones religiosas constituyen restricciones arbitrarias a la libertad religiosa de fieles y religiosos católicos y de otras confesiones cristianas, quienes no pudieron manifestar libremente su fe y vieron afectados lugares y objetos esenciales para el ejercicio de sus cultos.
«Hasta el cierre del documento, el Grupo de Expertos no había registrado agresiones similares contra otras confesiones no cristianas, las cuales tienen una presencia limitada en el país», señala el informe.
En ese orden, el informe del GHREN señala que desde principios de agosto de 2022 se materializó una nueva escalada de persecución en contra de las distintas iglesias a través de hostigamientos, asaltos y detenciones arbitrarias de religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
«Se registraron también numerosos actos de allanamiento y el asedio a templos, así como prohibiciones de realizar procesiones y otros eventos públicos. También durante este período comenzó el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro», señala el informe.
Destacan persecución a iglesias evangélicas
El Grupo de Expertos determinó que desde 2022 la persecución por parte del régimen Ortega Murillo contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, así como de otras organizaciones sin ánimo de lucro de origen religioso, se motivó en su capacidad autónoma de generar movilización social o congregar personas.
«En el caso de las iglesias de otras confesiones cristianas, esta persecución se produjo a pesar de no haber sido manifiestamente críticas de las acciones del Gobierno. Su capacidad de movilización social autónoma hizo que fuesen consideradas como una potencial amenaza al control ejercido por el Gobierno», expone el informe.
Lea también: Dictadura inventa eventos “de apariencia religiosa”, mientras persigue a la Iglesia católica
El Grupo de Expertos cita el informe anual 2023 de la organización Christian Solidarity Worldwide, que reportó limitaciones esporádicas de cultos de las Asambleas de Dios y de reuniones públicas de los Testigos de Jehová.
«Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2022, la Policía Nacional obligó a miembros de una iglesia de las Asambleas de Dios, en una zona rural del país, a cancelar la celebración del Día de la Biblia, la cual iba a ser convocada por instituciones académicas de carácter evangélico y preveía incluir actividades de celebración en las calles», señala el Grupo de Expertos.
