El informe «El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos», critica la entrega de préstamos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de parte de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) sin el escrutinio adecuado y el uso discrecional de recursos financieros.
El reporte fue elaborado por el Instituto Raza & Igualdad, a cargo del investigador Marcelo Azambuja de ese organismo. La presentación del informe se dio en un evento paralelo a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Asunción, capital de Paraguay.
El informe arroja que en febrero de 2024, el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyaban 97 proyectos en etapa de ejecución en territorio nicaragüense, con la aprobación de 5,082.43 millones de dólares.
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De esos 97 proyectos, 57 fueron aprobados después del inicio de la crisis sociopolítica en 2018 y de los más de 300 asesinados, según comprobaron organismos internacionales, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Incluso, suponiendo que no fuera tal su intención, en la práctica, esas instituciones contribuyen para la perpetuación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en perjuicio de los derechos humanos del pueblo nicaragüense; además, de que se exponen al riesgo reputacional, financiero, político, y/o legal», se lee en el documento.
En el evento estuvieron presentes Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza & Igualdad; Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano; Javier Palummo, relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH; Dyann Barberena, del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Muskitia (OPIA) y Amaru Ruiz, de Fundación del Río.
Cómplices
Manuel Orozco manifestó que el número de democracias en el mundo ha ido disminuyendo y el número de dictaduras ha crecido sustancialmente. «Hay 54 dictaduras, pero 30 de ellas, Nicaragua incluida, son responsables del 40 % de la migración mundial», explicó.
El politólogo nicaragüense además dijo que hay una fuerte dependencia de las redes financieras internacionales, no de la cooperación externa para el desarrollo. El experto explicó que «en todos estos países las instituciones financieras internacionales han jugado un rol en legitimar y consolidar el estado autoritario».
Y puso de ejemplo que El Salvador va por el mismo camino que Nicaragua. «Vemos los mismos problemas, adquiere préstamos, no hay escrutinio, no hay cumplimiento con las cláusulas contractuales», manifestó y añadió que la Policía debería estar cumpliendo los derechos humanos, pero en ese país hay un estado de excepción.
Mientras que de Nicaragua dijo que «es una vergüenza. Pero, ¿de quién? ya de Nicaragua ya lo sabemos. Pero las organizaciones financieras que participan en esto se convierten en cómplices».
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Orozco mencionó que la dictadura Ortega y Murillo se han endeudado con 650 millones de dólares con China en apenas 9 meses, «porque ya saben que el BCIE no les va a seguir dando plata».
Financiamiento a un régimen
Mientras que Amaru Ruiz, de Fundación del Río, manifestó que la comunidad internacional está aportando significativamente a mejorar las condiciones ambientales en el país, pero que hay muy poca voluntad política del régimen de establecer esos esfuerzos, «además los indicadores ambientales del país van en detrimento, entonces la pregunta es ¿cómo es posible que la comunidad internacional siga financiando a un régimen donde sus indicadores ambientales de deforestación(…) van en detrimento en el país?»
En el reporte se indica que las IFI deben tener en cuenta los contextos como el de Nicaragua y que el «respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes».
«Las IFIs —por reglas de derecho internacional— están vinculadas al respeto a los derechos humanos, por lo cual deben formular e implementar políticas para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor en el territorio nicaragüense», añade el documento, el cual se puede descargar aquí.
Entre las recomendaciones brindadas en el informe están que el Estado de Nicaragua brinde acceso a la información y no criminalizar por ello.
