La estrecha relación entre el deterioro democrático con el irrespeto a los derechos ciudadanos quedó en evidencia en los resultados de la edición 2023 de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS por su sigla en inglés), que mide tres dimensiones del proceso presupuestario. En las tres, Nicaragua obtuvo puntajes menores a los de la media mundial, que la ubicaron en los últimos lugares de la lista de 18 países de Latinoamérica, seguida de El Salvador que registra deterioro democrático y de sus indicadores, y muy cerca de Venezuela que con cero en dos de los Índices, se consolidó como el peor calificado de la región.
La OBS o Encuesta de Presupuesto Abierto, la realiza cada dos años la International Budget Partnership (IBP por su sigla en inglés) o Asociación Presupuestaria Internacional, con el apoyo de una red de organizaciones aliadas, en el caso de Nicaragua la contraparte fue la organización Expediente Abierto.
A nivel global, la encuesta analizó a 125 países entre los que obtuvieron un Índice promedio global de Transparencia de 45 puntos de 100 posibles; 15 puntos de 100 posibles en Participación ciudadana: 45 puntos en el Control del poder legislativo; y 62 en la Vigilancia de instituciones especializadas.
Presupuesto sin transparencia
En la región midieron a 18 naciones de Latinoamérica, entre ellas Nicaragua que obtuvo 44 puntos en el Índice de Transparencia que mide la cantidad de información presupuestaria que se publica. Con esta calificación se ubicó en el puesto 14 del grupo de 18 que lideraron México y Brasil empatados con 80 puntos.
Mientras tanto Nicaragua se mantiene en el rango de los 40 puntos desde 2012, y dentro del grupo que brinda insuficiente información sobre el Presupuesto, cerca de Trinidad y Tobago con 38 puntos; El Salvador con 24; Bolivia con 11; y Venezuela con cero puntos, detalló Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, durante la presentación de la encuesta.
Según el reporte de resultados de la OBS 2023, “una puntuación igual o superior a 61 indica que un país publica suficiente material para apoyar un debate público informado sobre el presupuesto”. En el caso de Nicaragua su calificación es baja porque no publica el documento preliminar, el informe exhaustivo de medio año y el Presupuesto Ciudadano, este último solo se publicó en 2023; y el año pasado no se publicaron los informes de auditoría que realiza la Contraloría General de la República (CGR), detalla Labarca.
Para Labarca en el actual contexto de Nicaragua donde no se puede ni siquiera sugerir que se hagan modificaciones al presupuesto, el tema de la transparencia “se ha vuelto irrelevante”, incluso, para la cooperación internacional, ya que a pesar de que la calificación está estancada desde hace una década, esto no ha despertado las alarmas de los organismos multilaterales ni frenó el flujo de recursos.
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Presupuesto sin participación ciudadana
En la medición del Índice de Participación Pública que evalúa los mecanismos formales que existen para que los ciudadanos participen en el proceso presupuestario, desde 2019 la calificación de Nicaragua es 7 de 100 puntos posibles, que refleja la destrucción del tejido social que promovió el régimen Ortega Murillo a través del cierre de casi cuatro mil ONG y decenas de organizaciones gremiales. A nivel latinoamericano este grupo lo lideró República Dominicana con 48 puntos y Nicaragua se ubicó en el puesto 17 por encima solo de Venezuela que obtuvo cero puntos de 100 posibles.
Para los realizadores de la encuesta este es el Índice más preocupante porque la mayoría de los países no encuentran los mecanismos para garantizar la “verdadera y efectiva” participación de sus ciudadanos en el proceso presupuestario.
En Nicaragua, antes de la crisis sociopolítica de 2018 que derivó en el rompimiento del modelo de diálogo-consenso que mantenía Daniel Ortega con el sector privado, las organizaciones empresariales eran unas de las pocas que participaban en las consultas del Presupuesto y otras leyes y tenían cierta incidencia en su aprobación.
“En Nicaragua no hay mecanismos para que la sociedad civil pueda participar y esto se ha dado históricamente desde que el gobierno sandinista está en el poder; y peor ahora con la presión que existe y el cierre completo de espacios a la sociedad civil, no hay manera de que organizaciones apartidarias participen en la discusión. Las únicas oportunidades son las que permite la Ley de Participación Ciudadana y los espacios que implementa la Asamblea Nacional, pero sabemos que esa participación está supeditada a instituciones gubernamentales y a ciertas asociaciones que reciben dinero del Presupuesto”, expone Labarca.
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Vigilancia formal se deteriora
La tercera y última medición que hace la OBS es el Índice de Fortaleza de las Instituciones de Vigilancia, en el que en el plano general de la edición 2023 Nicaragua obtuvo 54 puntos de 100, que refleja un retroceso de 5 puntos porcentuales en relación con los 59 de la encuesta de 2021. En este segmento se examina el papel que desempeña la Asamblea Nacional y el grado de supervisión que ejerce la Contraloría General de la República (CGR) en el proceso. El retroceso se dio porque el año pasado la CGR no publicó los informes de auditoría del Presupuesto.
Este segmento también lo lideró Brasil con 83 puntos, seguido de Costa Rica con 78 puntos y Perú con 76 puntos de 100. Nicaragua con 54 puntos se ubicó en el puesto 12 de la lista que cerró Venezuela con 28 puntos y este fue el único apartado de la encuesta en la que no obtuvo cero.
Sin embargo, los investigadores aclaran que en el caso de la vigilancia formal, la calificación es alta porque solo mide la capacidad y los mecanismos establecidos para que la CGR o su homóloga en casa país vigile la ejecución del Presupuesto, pero no mide si realmente la institución hace el trabajo.
Falta de transparencia da paso a la corrupción
Alexandre Ciconello, senior program officer de IBP, admite que otra situación que influye en la vigilancia formal del proceso presupuestario es el dominio absoluto que Daniel Ortega ejerce sobre la Asamblea Nacional y sobre la CGR, sin embargo, considera que ese poder del Estado todavía tiene chance de promover algunos debates sobre el Presupuesto, la deuda pública o los impuestos.
Los investigadores consideran que los resultados de la encuesta reflejan la grave situación que enfrentan los procesos presupuestarios y el riesgo de mal uso que corren los recursos públicos ante la falta de transparencia y fiscalización. Además, lamentan que en cada edición de la encuesta la recaudación de impuestos, la asignación de partidas y el gasto de los recursos públicos se alejan más de la transparencia e inclusión que deberían caracterizarlos.
Según los especialistas, esta falta de transparencia y de inclusión de los ciudadanos en el proceso presupuestario da paso a los abusos y a la corrupción que provocan que los recursos no se inviertan para resolver las necesidades de la población y para su beneficio, sino para el enriquecimiento de las élites que están en el poder.
