Los treinta días dispuestos oficialmente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para la realización del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda en Nicaragua, que inició el pasado 30 de abril, se completarán este 29 de mayo. El proceso estuvo marcado por el temor de la población a responder con la verdad por el uso que el orteguismo puede darle a esa información.
La investigadora Olga Valle, de Urnas Abiertas, en entrevista con LA PRENSA resaltó que aunque “no ha habido mayores incidentes de hostigamiento a la población” durante este proceso de encuestas, ni presencia de encuestadores acompañados de secretarios políticos, en este censo ha quedado clara la coordinación que existe entre esas personas vinculadas al orteguismo y los encuestadores.
“Se nota el trabajo cercano que hacen con los secretarios políticos de los barrios porque los encuestadores pareciera que tienen información previa de que en ciertas casas habían personas en el extranjero y que en esas casas se reciben remesas. Ha habido insistencia en tener información sobre estos temas”, apuntó Valle.
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Además, afirmó que tienen reportes de personas encuestadas que “por seguridad decidieron mentir sobre dónde están sus familiares y eso nos hace señalar y genera preocupación que aunque se esté levantando información, la falta de confianza está haciendo que la información levantada no sea la adecuada y que por tanto, finalmente lo que vamos a tener es un poco de información quizás incorrecta debido al clima de inseguridad y de violencia que el mismo Estado ha promovido”.
Valle destacó que ante dichas situaciones “existen fuertes dudas sobre la confianza de los datos que el Gobierno va a proporcionar tanto por estas situaciones en terreno, pero también por toda la opacidad en el manejo financiero que han mantenido y que pone en tela de juicio todo el proceso”.
Ordenaron encuestas “más rápido”
Urnas Abiertas también confirmó con algunos de los más de 8,000 empadronadores que se movilizaron para este censo que recibieron “indicaciones de hacer de forma más rápida las encuestas”.
El orteguismo, a través del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), públicamente no ha indicado si el plazo de 30 días que estableció para la realización del Censo Nacional sería suficiente o si harán alguna ampliación para completar este proceso.
En el último censo de población y vivienda en Nicaragua en 2005 se contrataron más de 12,000 empadronadores y el costo de ese se estimó en más de 14 millones de dólares, que se cubrieron con fondos de cooperación de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los gobiernos de Japón y Gran Bretaña.
Denuncian falta de pago de gastos imprevistos
LA PRENSA conversó con integrantes de redes territoriales del Caribe del país que indicaron que efectivamente el censo terminará el próximo 29 de mayo y se les ha orientado que “apoyen” a los que aún no han terminado. Algunos de estos empadronadores, pese a que el proceso ya casi acaba, han denunciado estar inconformes por la falta de pago de “gastos imprevistos” durante sus jornadas.
“Nos han denunciado que les han dicho, al menos los que han andado encuestando esa zona, que no les reembolsarán gastos imprevistos, pese a que cuando estaban en el campo les dijeron que sí les reembolsarían los gastos”, indicó una de las fuentes.
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Dichos gastos imprevistos, explicó, están vinculados a la movilización dentro de los territorios, como el alquiler de bestias, pago de baqueanos que conozcan las zonas, sobre todo en áreas rurales.
Calculan que por empadronador la pérdida sería, en caso que no haya reembolsos, de unos 4,000 córdobas. “Algunos han dicho que no se quedarán con las manos cruzadas y hablarán con autoridades de Managua para abogar sobre el cumplimiento de estos pagos imprevistos”, apuntó.
Además, reveló que los vehículos de las instituciones del Estado que fueron usados para movilizar a los empadronadores en realidad funcionaron más en áreas urbanas y no llegaron a zonas remotas, de difícil acceso, y es ahí donde los encuestadores “tuvieron que jugársela, usando incluso de su dinero”.
También indicó que —tal como lo señaló Urnas Abiertas— conocen que en las redes territoriales hubo personas que “por miedo están proporcionando información incorrecta, por el miedo a que los que han salido al exilio perderán su nacionalidad, entonces no dan información correcta para de alguna manera autocuidarse”.