El régimen de Daniel Ortega confiscó una propiedad del excarcelado político y exaspirante presidencial, Noel Vidaurre, según conoció LA PRENSA este lunes.
La propiedad, de la que no se tienen mayores detalles, se encuentra en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas.
LA PRENSA intentó comunicarse con Vidaurre, pero hasta esta hora no ha contestado llamadas ni mensajes.
Vidaurre fue candidato presidencial en 1996, 2001, 2016 y en 2021 fue arrestado junto con otros aspirantes presidenciales.
Dictadura desata ola de confiscaciones
La dictadura desató una nueva ola de confiscaciones a propiedades de desnacionalizados y excarcelados políticos. Este fin de semana oficiales de la Policía Nacional, al servicio del régimen, se tomaron una isleta propiedad del excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, según informaron a LA PRENSA fuentes cercanas a la familia desde el exterior de Nicaragua.
La isla es propiedad de la familia Chamorro García desde 1975. Al fallecer Xavier Chamorro Cardenal, el 4 de enero de 2008, pasó a ser propiedad de Juan Sebastián Chamorro.
El viernes 24 de mayo el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) inauguró la Nueva Escuela Hotel Nicarao en las propiedades confiscadas a la familia Chamorro Barrios y a Rafaela Cerda —mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís—, en San Juan del Sur, según anunció la institución en sus cuentas en redes sociales.
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“Esta nueva escuela, dedicada a la formación de profesionales del sector turístico y hotelero, atenderá a más de 600 protagonistas en dos instalaciones físicas, completamente equipadas con todas las herramientas para el desarrollo de una amplia oferta formativa”, señala una publicación en la página de Facebook del Inatec.
Según medios de comunicación de la dictadura, la “rehabilitación” de las propiedades confiscadas tuvo una inversión de 10 millones de córdobas.
La Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR), al servicio de la dictadura orteguista, salió en defensa del régimen asegurando que en el país centroamericano no hay confiscación, con base en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe esta medida.
El 17 de mayo, la Procuraduría General de la República justificó el robo de bienes asegurando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana.
Además, señala que las propiedades robadas provienen de resoluciones que en sede administrativa se emitieron, por incumplimiento a la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro.
