La Contraloría de Costa Rica, a través de una auditoría, señaló que la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) de ese país enfrenta grandes deficiencias para atender solicitudes de refugio y que esta cartera no prioriza la protección y atención mediante un enfoque diferenciado de las personas consideradas como población vulnerable que requieren la condición de refugiadas.
Luego de la presentación del informe, la Contraloría asegura que se giran disposiciones al Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica, institución a cargo de la DGME, para contar con un plan de continuidad del servicio. Además, la directora de la DGME, Marta Vindas González, debe implementar acciones inmediatas para eliminar las limitaciones a las solicitudes de refugio para el análisis de los flujos migratorios de quienes necesiten protección internacional.
Según el informe, la auditoría operativa tuvo como propósito determinar la eficacia de la DGME en el otorgamiento de refugio, en un período entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de marzo de 2023.
La auditoría determinó que la DGME no ha sido eficaz en el proceso de otorgamiento de refugio ya que se detectaron situaciones que limitan el acceso al proceso, así como la continuidad del servicio. Además, el informe destaca que el proceso no se ejecuta con oportunidad ni se brinda bajo condiciones diferenciadas a las poblaciones que así lo requieran.
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«Respecto de la oportunidad en la prestación del servicio se identificó que las acciones realizadas por la Unidad de Refugio de la DGME, para la gestión del proceso para el otorgamiento de la condición de refugiado no son eficaces respecto de la oportunidad, lo que incide en la resolución expedita y en tiempo de la solicitud de la condición de refugiado por cuanto solamente el 14.58 % de las solicitudes se resolvieron en el plazo de tres meses, en promedio las solicitudes se resuelven en 585 días».
Costa Rica ha experimentado un crecimiento acelerado en la cantidad de solicitudes de refugio recibidas, pasando de 6,337 en el 2017 y hasta 86,788 en el 2022, llegando en 2021 a posicionarse como el cuarto país a nivel mundial con mayor cantidad de solicitudes de refugio. Además, a la fecha de este informe existen aproximadamente 200 mil solicitudes pendientes de resolver.
Desde 2018 hasta 2023, Costa Rica recibió 225,529 solicitudes de refugio de nicaragüenses, siendo 2022 el año de mayor cantidad de casos registrados. En ese período, las autoridades migratorias de Costa Rica solo han resuelto 13,234 casos. Es decir, apenas un 5.87 % de las solicitudes.
Limitación de cupos para solicitar refugio reduce estadísticas
La Contraloría señaló que la limitación del acceso se deriva de la implementación, a partir de enero de 2023, de la atención por cita limitada a 100 espacios diarios para solicitar refugio por primera vez, lo que consideran que es una acción que no cuenta con sustento jurídico o técnico.
«En ese sentido, es menester indicar que según la normativa citada, no se evidenció una norma expresa que indique que se puede limitar el acceso al servicio de otorgamiento de la condición de refugiado en observancia de los derechos humanos y convenios internacionales», señala la auditoría.
Por esta razón, la Contraloría señala que la DGME deberá recibir y procesar todas las solicitudes de la condición de refugiado, garantizar el acceso, el debido proceso y la no devolución, estableciendo los procedimientos, regulaciones o mecanismos de conformidad con el ordenamiento internacional.
Con relación a esto, LA PRENSA publicó el 16 de mayo que las solicitudes de refugio de nicaragüenses disminuyeron en el primer trimestre de 2024 con relación a 2023, cuando ya se registraba una caída en las mismas, un fenómeno que podría atribuirse a la limitación de los cupos.
En los primeros tres meses de 2024, Costa Rica recibió 3,742 solicitudes de refugio de nicaragüenses, es decir 6,765 menos que las 10,507 que recibió en el mismo período en 2023, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) del vecino país del sur brindadas a LA PRENSA.
DGME con alta dependencia de Acnur para operar
La Contraloría costarricense señaló que, con relación a la continuidad del servicio, la DGME requiere acciones inmediatas, puesto que existe una dependencia operativa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en cuanto al personal, lo que podría desembocar en un colapso del servicio.
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Según la “Carta de entendimiento para la prestación de asistencia técnica mediante la cesión temporal de personal” firmada entre el Acnur y la DGME, la agencia internacional contratará personal el cual será cedido a la DGME de manera temporal y gratuita a fin de apoyar “las actividades de recepción, registro, documentación, procesamiento de los casos de solicitudes de asilo y otras actividades relacionadas que lleva a cabo la DGME”.
Sin embargo, la Contraloría determinó que, con base en su análisis, el personal cedido por Acnur es mayor en todos los años analizados que los funcionarios disponibles por el Estado costarricense para hacer frente a las solicitudes de refugio presentadas.
A manera de ejemplo, para el período 2023 por cada funcionario de la Unidad de Refugio existieron aproximadamente ocho personas de Acnur. Es decir, que en 2023 la agencia de la ONU facilitó 37 funcionarios, mientras que el Estado costarricense solamente cinco, cifra que ha mantenido en los últimos cuatro años.
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«Al respecto, ante un eventual cierre de operaciones de ese organismo internacional y con el mismo nivel de solicitudes recibidas en 2023, cada funcionario disponible en la Unidad de Refugio tendría que resolver casi siete mil solicitudes anuales», puntualiza el informe.
La Contraloría añadió que la DGME no atendió las recomendaciones de Acnur que brindó en 2020, que consistían, entre otras cosas, en hacer un análisis detallado de la capacidad de procesamiento, elaborar una proyección de las necesidades de personal, definir objetivos de rendimiento realistas y mecanismos estandarizados de supervisión y cumplimiento y establecer un sistema de monitoreo eficiente.
